Como organización acompañante de las y los sobrevivientes de tortura, lamentamos enormemente la decisión de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado, presidida por el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, de REINSTALAR COMO AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO A MIGUEL ÁNGEL LUNA LÓPEZ, servidor público que fue expuesto públicamente ante la ciudadanía por los medios de comunicación en un video el pasado 11 Mayo, en el cual se le observa claramente declarando y obteniendo información de unas personas del sexo masculino que se les ve visiblemente torturados, con actitudes amenazantes tanto físicas como verbales los interroga pasando por alto el estado de las personas y haciendo uso claramente del poder. El agente del ministerio público fue suspendido temporalmente, le fue abierta una carpeta de investigación por tortura que se sumaba a muchas más que ya tenía. Sin embargo la semana pasada la respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de meses es reincorporarlo a labores de la fiscalía, apostando así a la impunidad que fomenta la injusticia, y a la amnesia colectiva, lo cual es una grave burla para la sociedad. De nada sirven las reformas al Art. 1º constitucional, porque se siguen violentando los derechos de las personas, los agentes del estado son quienes violan los derechos humanos, y son los que “deberían” prevenir, respetar y garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos.
Para el gobierno del Estado, el tema de la justicia y seguridad sigue siendo el gran pendiente, en donde las victimas continúan siendo re victimizadas ante decisiones que representan una burla, como lo es la reinstalación de este servidor público. Como organización y ciudadanos nos preguntamos ¿Por qué?, ¿Qué más información oculta existe?, ¿qué elementos no salen a la luz o hasta donde llega la corrupción y la impunidad?
Ante acciones como estas, por ello reiteramos nuestra inconformidad y protesta ante el gobierno y exigimos firmemente el que se abra un dialogo plural, donde se le informe a la ciudadanía los elementos que se tomaron en cuenta para que el MP fuera reinstalado.
En un contexto de tanta violencia e inseguridad, y que se incrementa día a día, acciones como la re-instalación de Miguel Ángel, dejan ver a una Fiscalía que no responde a las exigencias de la justicia, que es un clamor social máxime cuando se trata de agentes torturadores que deberían ser sancionados y separados de sus trabajo como procuradores de la justicia.
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