Por: Roberto Sáenz Huerta
En los últimos días una noticia que ha consternado a la comunidad juarense es la presunta participación del sacerdote Aristeo Baca en la comisión de un delito de índole sexual. Esto sumado a la activación de organizaciones civiles y feligreses que se manifiestan a favor y en contra del párroco hace necesario revisar el caso desde varias perspectivas y prever los escenarios posibles en los que terminara el caso. En esta entrega me propongo hacerlo desde una perspectiva legal a la luz de los derechos humanos.
Para discernir sobre este caso es necesario partir del delito que se le imputa al religioso, así como las consecuencias legales aparejadas al mismo. En primer lugar es necesario revisar los delitos que se le imputan y sus consecuencias legales. El sacerdote es acusado de la comisión de dos delitos, a saber, violación y abuso sexual sobre una persona menor de edad. En el primero la conducta típica es la siguiente: “A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años”,[1] en este sentido por copula se debe entender la introducción de miembro viril en el cuerpo humano, pudiendo ser vaginal anal u oral.[2] Pero al ser el sujeto pasivo una persona menor de catorce años, se actualiza una agravante y la pena aumenta de diez a treinta años de prisión.[3] En el otro supuesto (abuso sexual) la conducta se presenta cuando una persona sin el propósito de llegar a la cópula y sin el consentimiento de otra, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, la pena por este delito es de seis meses a seis años de prisión[4]. En este caso los tocamientos, escarceos o mostrar los genitales son las conductas típicas de este delito. En el caso que se analiza por tratarse de una menor de edad el delito se agrava y la pena aumenta de tres a diez años de cárcel. [5]
Pero este caso da para más, pues también se actualiza el llamado concurso de delitos,[6] esto es cuando con pluralidad de acciones u omisiones se cometen varias conductas típicas. En este sentido en un acto el presunto responsable comete un delito y posteriormente en otra acción comete otro. En caso de resultar responsable la condena estribaría en aplicar la penalidad del delito más grave y aumentarse con las penas del otro delito. En resumidas cuentas la mínima penalidad que puede alcanzar es de once años, ocho como la mínima de violación y tres por el de abuso sexual. Ahora bien el hecho de que los delitos fueron cometidos por una persona que su investidura le concede autoridad religiosa y esto inspiro respeto y confianza a los padres de la menor, permitiendo con ello la convivencia con el párroco. Esta situación agrava el delito y se aumentarán en dos terceras partes las penas previstas para los delitos.[7]
No podemos dejar de lado otra situación relacionadas, estos son todos los beneficios que tiene cualquier persona procesada por un delito. De entrada se deben respetar sus derechos humanos, siendo el primero el debido proceso legal. Por debido proceso legal se entiende al conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.[8] En este sentido, dichos requisitos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones pueden ser afectados por un acto de autoridad. Al parecer uno de estos derechos ya fue afectado al momento de hacerse pública su detención, toda persona procesada debe presumirse inocente por ello al ser expuesto a los medio este derecho se trastoco. Esto no influye en el proceso, me explico, si lo declaran culpable la afectación a su presunción de inocencia no cambiaría el resultado. Pero si es absuelto entonces el podrá demandar indemnizaciones y reparaciones del daño a los medios involucrados. En este asunto no cabe ninguna tipo de exclusión del delito, pero si hay posibilidad de alegar atenuantes por cuestiones de edad,[9] dado que el presunto tiene una edad de setenta y seis años.
Hasta aquí se ha expuesto sobre el presunto responsable, es necesario hablar sobre la víctima. Las evidencias contenidas en la carpeta de investigación dan certeza de un hecho, una menor de edad que fue ultrajada, estas mismas evidencias apuntan que fue una persona mayor de edad, consiente del acto que realizaba. La victima al tener dos rasgos de vulnerabilidad, a saber, menor de edad y mujer, su asunto debe atenderse con sumo cuidado.
La constitución como ley fundamental en el sistema jurídico mexicano, prevé una serie de derechos para las víctimas de un delito. Bajo estos derechos es que la menor puede recibir asesoría jurídica para ser informada de los derechos establecidos a su favor. Nombrar coadyuvante para por medio del presentar ante el Ministerio Público elementos de prueba y solicitar el desahogo de las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Recibir atención médica y psicológica, así como todas las medidas necesarias para la protección y restitución de sus derechos. También recibir protección para ella y testigos o sujetos que intervengan en el proceso. Asimismo el resguardo de su identidad y otros datos personales, esto por tratarse del delito de violación y ser menor de edad.
Como se dijo el caso es muy delicado, sobre todo por tratarse de una persona que reúne dos rasgos de vulnerabilidad, por lo tanto en su caso se debe estar a las disposiciones del protocolo para juzgar con perspectiva de género y el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. Ambos instrumentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de observancia obligatoria para los operadores del aparato de justicia del estado. Por tal motivo uno de los aspectos a tomar en cuenta por los juzgadores es que en el caso subyace una relación desequilibrada de poder en un contexto de desigualdad estructural. Esto implica justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la menor. Donde no sólo la cita de, por ejemplo, tratados internacionales, sino la expresión de las razones por las cuales hay que traerlos a cuenta al caso en concreto y la resolución del caso con base en ellos.[10] Ahora bien estando en el entendido que en el caso hay una afectación física y emocional a una menor de edad, por tanto se deberán aplicar todas aquellas medidas que el juzgador estime conducentes para la protección del desarrollo físico y emocional de la víctima.[11]
El otro punto a considerar es el interés superior de la niñez, principio toral en todo juicio donde están involucrados menores de edad. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.[12] Para explicar mejor lo anterior, si estamos ante una colisión de la presunción de inocencia contra el interés superior de la niñez, se tiene que optar por lo segundo.
Lo expuesto es a razón de los derechos sustantivos de las partes, es necesario revisar el derecho adjetivo, es decir, el proceso. El actual sistema de justicia penal cuenta con tres etapas, investigación-intermedia-juicio oral. El juicio está en la primera etapa, con una carpeta de investigación donde obran datos que establecen la comisión de un hecho tipificado como delito y una persona señalada como probable responsable, por ello la fiscalía le imputo el delito al clérigo y fue vinculado a proceso. En este punto del juicio el Ministerio Público puede solicitar el procedimiento abreviado pero para ello es necesario que concurran las siguientes condiciones: que el imputado admita el hecho y sus circunstancias que se le acusan, el consentimiento del imputado y la no oposición del acusador coadyuvante o la parte ofendida (los padres de la menor). Esta solicitud se puede presentar antes de la apertura a juicio oral. En este supuesto los escenarios posibles son la condena del imputado bajo la pena mínima y en menor probabilidad la absolución del sacerdote (recordemos el caso Rubí[13]).
Este caso ya muy politizado es poco probable el procedimiento abreviado. Por consecuencia se pasara a la segunda etapa donde las partes ofrecerán y debatirán sus pruebas, también podrán llegar acuerdos probatorios, se excluirán pruebas y el juez dictara el auto de apertura a juicio oral. Las pruebas que podrá ofrecer el Ministerio Publico, la mayoría obra en la carpeta de investigación, como son los testimonios, las valoraciones médicas y psicológicas, la declaración de la víctima y algún otro medio de prueba. Por la defensa principalmente buscara desvirtuar las pruebas de la fiscalía y ofrecer aquellas que influyan en el ánimo del juez, hay un dicho en los abogados penalistas “en ocasiones perdiendo se gana” o “si nos dan la mínima ya es ganancia”.
En el juicio oral, las habilidades verbales y persuasivas tanto del fiscal como el defensor serán de suma importancia en el rumbo del juicio. Ante lo delicado y la polémica que envuelve el caso es muy probable que la fiscalía presente a su mejor carta. Por el lado de la defensa hay muchos defensores privados excelentes, la iglesia interesada en la mejor defensa para el religioso debe buscar y pagar los servicios de un buen defensor, en caso contrario estaría mandando al patíbulo a uno de sus miembros. Los resultados del juicio pueden oscilar en dos extremos: la condena o la absolución. El primero es muy probable por todas las circunstancias que rodean el caso, pero con la posibilidad de ser atenuada alegando la edad y los antecedentes del sacerdote (su actual liberación para llevar el proceso desde en libertad es una muestra de ello). La absolución es poco probable pero siempre estará latente esa posibilidad, solo hay que recordar la institución detrás del acusado, aquí subyace una relación desequilibrada de poder y esa puede influir en el resultado.
Esta analogía cabe para el sistema penal acusatorio, implementado en Chihuahua en 2008, el caso en cuestión es una prueba para terminar de demostrar que es un buen sistema. Todavía existen remembranzas de aquel sistema penal (llamado inquisitorio), donde los condenados eran por lo regular los marginados de la estructura social (como el hombre que estuvo tres años en prisión por robar un kilo de barbacoa[14]) y los privilegiados solo pisaban la cárcel cuando la redes de apoyo se perdían o los intereses de estas estaban en juego (recodemos el caso de Jorge Lankenau Rocha[15]). Este es un pasado al que no se debe regresar, por ello es necesario fortalecer un sistema para mi gusto mejor al anterior, pero perfectible.
En su momento de la vedad, el sistema penal y las reformas en materia de derechos humanos deben dar a la sociedad, certeza que podemos transitar a un estadio donde prevalezca el estado de derecho. Para lograr esto el sistema penal debe vencer a toda un imbricación de intereses y privilegios generadora de condiciones inequitativas, la cuales no abona en la sociedad igualitaria, justa y equitativa a la que se quiere arribar.
Roberto Saenz Huerta, abogado con estudios de postgrado en ciencias sociales. Sus temas de trabajo son los derechos humanos, la historia y la participación ciudadana.
[1] Articulo 171 Código Penal para el estado de Chihuahua.
[2]Artículo 171…,
[3]Artículo 172…,
[4]Artículo 174…,
[5]Artículo 175…,
[6]Artículo 27…,
[7]Artículo 175…,
[8] Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, pág. 46.
[9] Fracción VIII Articulo 67 Código Penal del estado de Chihuahua.
[10]Protocolo para juzgar con perspectiva de género, pág. 107.
[11] Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, pág. 86.
[12] Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
