EL ATENTADO CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN JUÁREZ Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD TRIUNFALISTA DEL ESTADO

Ciudad Juárez-La llamada que recibió poco después de la una de la mañana del miércoles seis de marzo hizo que Pedro Torres Estrada repasara mentalmente las noticias que habían publicado los días recientes. Llevaban meses de cobertura relajada, navegando al vaivén de las aguas tranquilas que las autoridades dicen haber alcanzado tras la turbulencia que dejó cerca de 10 mil homicidios en cuatro años de supuesta guerra entre narcos. El subdirector de El Diario de Juárez no encontró gran cosa. Nada de la información que pasó por sus manos le dio indicios para relacionar los disparos que unos desconocidos acababan de realizar sobre la fachada del periódico, que sufría el primer atentado contra sus instalaciones en 37 años de historia. Más inquietante fue enterarse casi al instante que los mismos sujetos fueron a tirotear, con una diferencia de 15 minutos, las instalaciones del Canal 44, la principal televisora local.

“Lo primero que se me viene a la mente es la nota del compañero de Ojinaga”, dice refiriéndose a Jaime Guadalupe González Domínguez, el director de una recién lanzada página de noticias en Ojinaga -la segunda ciudad fronteriza de Chihuahua- el domingo tres. “En la nota más dura decimos que utilizaron el arma esta que es más pesada, la mata policías, (que) la debe utilizar alguien de cierto poder, (porque) no cualquiera tiene esa arma. Y lo extraño es que la usen contra alguien que tenía un portal que no tenía gran influencia, con apenas dos meses. La otra nota que sacamos es más de color, donde decía que era tragafuegos y que ejercía las dos cosas al mismo tiempo. Así que no puede decirse que (los atacantes) reaccionaron a partir de lo que publicamos en esas notas”.

Apenas el fin de semana, Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito, había puesto números a la batalla que tanto Gobierno del Estado, el Municipio y el ex presidente Felipe Calderón presumen haber ganado a la delincuencia organizada, luego de que Juárez fue considerada la “ciudad más violenta del mundo”. En contraste con octubre de 2010, el mes con mayor registro de asesinatos en la historia reciente, con 350, febrero había cerrado con 25, la mitad de ellos consumados por disputas entre pequeños distribuidores de droga y el resto por pleitos entre personas ajenas al negocio. “La ciudad está cambiando”, anunció el funcionario a los reporteros, que en lo general dejaron de sentir ellos mismos la presión de la inseguridad en su cobertura diaria.

En Punto de Partida, de Denisse Maerker, el gobernador César Duarte atribuyó “la recuperación” de la paz a la implacable persecución del delito que ha realizado su administración. Dijo que 96% de las órdenes de aprehensión se cumplimentan y que ahora cualquier criminal piensa dos veces antes de actuar. “La estrategia era combatir la impunidad”, declaró a la conductora después de describir el escenario reinante al momento de tomar posesión del cargo, en octubre de 2010, con caravanas de soldados y policías federales artillados y con pasamontañas recorriendo las calles. Se realizó la gran hazaña, dijo también sobre el caso Juárez Roberto Campa, subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, y según él debiera replicarse la misma fórmula en otros 57 municipios abatidos por la violencia.

Campa hizo referencia a la condición de esa paz extraordinaria las horas posteriores al tiroteo en contra las dos empresas de comunicación más importantes que hay en el estado. Pero no todos comparten su criterio, ni las glorias cantadas por Duarte y Calderón, quien el mes pasado publicó en el Latin American Policy Journal “Todos Somos Juárez, una estrategia innovadora para enfrentar la violencia y el crimen”, un artículo en el que se cuelga las glorias obtenidas con el Operativo Conjunto Chihuahua y el programa social Todos somos Juárez.

En todo caso, la espectacular caída de los índices de homicidios, secuestros y extorsiones coincide con el retiro de militares y agentes federales de la ciudad, más que con cualquier otro factor, afirma la doctora Leticia Chavarría, una de las voces discordantes dentro de la Mesa de Seguridad creada en el contexto de Todos somos Juárez. “Las autoridades han tratado de hacernos creer que existía una línea debidamente trazada que dividía a buenos y malos; los militares y policías eran los buenos, según ellos, y del otro lado todos eran los malos. Pero eso es totalmente falso: el nivel de infiltración que existía era enorme, y no sólo eso: tanto militares como federales eran parte central del problema”, sostiene.

Chavarría se involucró activamente en el análisis y búsqueda de soluciones al fenómeno del crimen y la violencia porque su gremio fue uno de los más castigados. El secuestro y extorsión se cebó en ellos a los pocos meses del patrullaje federal, lo que produjo la mayor fuga de especialistas y profesionales de la medicina que haya visto cualquier ciudad mexicana en su historia reciente. Apenas este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social busca recuperarse de tal abandono, cooptando para Juárez el 70% de las ofertas laborales que ofrecieron en el estado. Pero entre 2008 y 2011, muchos de sus compañeros brindaron testimonios terribles sobre sus captores, y no tanto por la violencia que les infligieron, sino porque pudieron reconocerlos como los elementos enviados por el gobierno federal que Calderón y Duarte, sostienen ahora, sacaron al municipio de la oscuridad.

Esos elementos federales se valieron de cientos de adolescentes y jóvenes, a quienes pusieron a trabajar para ellos. Lo que dejaron a su retiro fue entonces un ejército armado, sin guías y con inercias criminales que ahora animan las cifras crecientes de asaltos callejeros, robos de viviendas, violaciones sexuales y una larga cadena de delitos comunes que son opacados por las cuentas alegres del gobierno. Por eso, dice Chavarría, esa calma que se presume está en riesgo y puede revertirse. “Persisten fallas estructurales en todos los rubros sociales y dentro de las mismas corporaciones. Hoy estamos en otro momento de la violencia, más sórdido y peligroso, porque ahora quienes cometen los delitos son quienes relevaron el control de las calles: los policías municipales y agentes de tránsito. Pero además, el gobierno estatal no nos ha proporcionado las cifras reales de la impunidad, así que todo lo que dicen el gobernador y el alcalde, en realidad no consta en ninguna estadística que conozcamos”.

La impunidad se mantiene como gestora del caos. Al menos es el argumento central del editorial publicado el jueves siete por Norte de Ciudad Juárez, quien fijó una posición empresarial antes que el mismo Diario. La razón es que ellos sufrieron un ataque similar 15 años atrás, y al comienzo de “la guerra”, uno de sus reporteros fue privado de la libertad por supuestos miembros de la delincuencia organizada que buscaron enviar un mensaje al propietario del periódico. Básicamente aplicaron una atadura de manos en los redactores.

Alfredo Quijano, el director de Norte, es probablemente el editor más avezado en la lectura del mundo criminal juarense, una especie de observador constante desde la década de 1980. El sentido de prudencia desarrollado desde entonces lo llevó a mantener intactos los protocolos internos de seguridad, a pesar de las campanas al vuelo del gobernador y el alcalde Héctor Murguía Lardizábal, quien se ufana de haber logrado en 24 meses lo que a Palermo, Medellín, Nueva York y Chicago “les llevó diez años”. Quijano, de hecho, los volvió más estrictos: dejaron de publicar nombres de casi cualquier detenido hasta que un juez dicta sentencia condenatoria. No tanto porque descrean en la autoridad, sino porque ahora cualquiera es asesino en potencia.

“El riesgo ya no está con los capos como era antes, sino con los pequeños grupos en los que se atomizó el crimen”, explica. “Antes teníamos dos o tres grupos criminales fuertes dándose de balazos, pero ahora tenemos 50 o 60. Son grupitos que se quedaron huérfanos al desaparecer los grandes dirigentes y en mi opinión son mucho más peligrosos que los otros, porque atentan directamente contra todos, hasta contra medios de comunicación, como estamos viendo. Ahora tenemos imbéciles con iniciativa, y esos pueden llegar a las puertas del periódico y darte un balazo nomás por nada. Así que esto nos puso en un siguiente nivel de alerta”.

Norte fue declarado hace año y medio como medio de información “enemigo” por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola. El jefe de policía hizo tal distinción al poco tiempo de asumir el cargo, y con ello discriminó a todos aquellos que no comulgaban con su muy particular forma de entender y resolver la criminalidad. Horas antes del atentado contra El Diario y Canal 44, un reportero local que pudo infiltrarse a una reunión privada de Leyzaola con empresarios locales, citó parte de las declaraciones que éste realizó, nuevamente atacando a los medios de información.

“Ellos-dijo Leyzaola refiriéndose a los medios- construyen su propia tumba porque sigue la delincuencia en Juárez y la gente no cree en la denuncia anónima y no denuncia porque los medios denigran a las corporaciones. Ellos son el punto negro para la sociedad”.

La causa para tal malestar radica en la contabilidad de violaciones a los derechos humanos que imputan algunos medios a los policías de Leyzaola. Desde que se fueron los federales, los municipales pasaron a encabezar las denuncias formales por abuso. Es difícil que pase un día sin que presenten detenidos con el rostro deformado a golpes, acusados de delitos como secuestro y  extorsión. Y el problema es que varios han demostrado su inocencia una vez que llegan ante el juez.

“Ese ha sido el discurso de Leyzaola desde que llegó”, dice Alfredo Quijano. “Es lo que suele decir en corto con empresarios y con directivos de periódicos. (…) Su política es la de limpiar la ciudad y para hacerlo le estorbaban los medios de comunicación, tal y como sucedió en Tijuana. No veo amenaza directa contra algunos medios, pero su advertencia desde un inicio fue clara: los medios que viven en gran parte de la violencia, van a ser los más expuestos a la violencia. Y eso creo que está sucediendo”.

En 2008, al inicio de la ola de asesinatos atribuidos a la guerra entre cárteles, Juárez se estrenó también con una modalidad de cobertura periodística que no se ha repetido en ningún rincón del país. Fueran quienes fueran los asesinos, buscaban sincronizarse con el inicio de los noticiarios de televisión: al amanecer, por las tardes y noches. La idea manifiesta era propagar el terror. Así que una mayoría de homicidios tuvieron garantizado el reporte en vivo a través de los años.

El canal televisivo que acapara las dos terceras partes de la audiencia es el 44. En la etapa más álgida de la violencia, con promedio de 30 víctimas diarias, las unidades móviles de la empresa no se dieron abasto, pero aún así trataron de llegar a la mayoría de los casos. Cada transmisión en directo era precedida de una cortinilla musicalizada y esta llegó a tener un efecto condicionante entre la audiencia. Cada vez que se escuchaba el jingle, el espectador se volcaba sobre la pantalla, sabedor que venía el reporte sobre un nuevo hecho sangriento.

El Canal 44 es una de las dos empresas que de acuerdo con un monitoreo de medios locales realizado por Leticia Castillo, investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), hicieron de la violencia su agenda primordial. El otro fue el vespertino PM, propiedad de la casa que edita El Diario de Juárez. Existió, sin embargo, una diferencia en el manejo informativo, según Castillo: el canal de las noticias quebrantó todas las reglas del periodismo.

“No se presentaba a informantes, a fuentes de referencia”, dice. “El formato de la nota ya no estaba. Eran transmisiones en vivo con muchos juicios valorativos de los conductores y del reportero; mucha exhibición de víctimas, de rostros con mucho descuido, y el muertómetro a todo lo que daba: llevamos tantos muertos al día de hoy, y son tantos en el mes y eso equivale a tantos por año… Entonces, de acuerdo con mi análisis, aunque fueron sólo dos medios los que privilegiaron la agenda de la delincuencia, son los medios que tienen más penetración en la comunidad”.

Los directivos del canal fijaron una posición oficial a través de su pantalla. Nada más. En ella, Arnoldo  y Armando Cabada, fundador presidente y director de noticias respectivamente, enfatizaron el manejo ético de su información y establecieron que no dejarán de conducirse como lo han hecho hasta hoy, es decir, sin autocensura.

Castillo, periodista en su origen, ha llevado un análisis cuantitativo de la noticia desde 2007. Pero ello, dice, no permite conjeturar sobre las causas probables que llevaron al atentado en contra de las dos empresas. Aunque tampoco se sorprende, debido al volátil ambiente criminal de estos meses.

“Está muy cercano el antecedente del Siglo de Torreón y el asesinato del reportero de Ojinaga”, menciona. “Además, en esta ciudad han matado personas hasta porque voltean a ver al otro en un semáforo. Hace poco levantaron a un tipo por una discusión vial y apareció muerto al día siguiente. Podemos irnos de lo más insignificante a lo que entraña algo mucho más graves, de publicar la foto de alguien que no quiere ser exhibido o de escribir una nota que hace referencia sobre ese alguien. Así que actuar contra los medios o contra las personas son decisiones viscerales que pueden llevarse a cabo por una simple cuestión: la impunidad”.

Puede que las cifras manejadas por el gobernador Duarte sean reales y que la efectividad en la aplicación de la justicia sea casi total desde que asumió el cargo, hace poco más de dos años. Pero la suma de delitos cometidos entre 2008 y 2012 lo deja mal parado. En febrero, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubicó a Juárez como el quinto municipio, entre 60, con mayor impunidad de homicidios. Además existen muchos otros síntomas sociales que sofocan cualquier entusiasmo anticipado. Uno de ellos es el de la violencia de género.

 Entre 2011 y 2012, por ejemplo, fueron asesinadas 290 mujeres, para sumar mil 437 desde 1993, de acuerdo con datos de la fiscalía estatal. Se trata sólo de la expresión más drástica de la violencia.

La Red Mesa de Mujeres lleva registro del creciente número de violaciones sexuales, otro rubro en explosión permanente que retrata el enorme deterioro social de Juárez.

“Notamos que el delito que se presenta con una mayor frecuencia es la violencia sexual”, dijo recientemente Itzel González, la encargada del monitoreo de la red. “Especialmente de niñas que fueron abusadas por hombres con los cuales tenían un vínculo familiar, como padrastros y tíos. Otro de los delitos es el robo perpetrado por hombres jóvenes, usualmente armados, que abordan a mujeres para despojarlas de sus automóviles”.

La creciente violencia que las autoridades no vinculan a la delincuencia organizada tiene un fondo estremecedor, según Héctor Padilla, profesor de sociología por la UACJ. En el fondo, dice, prevalecen las mismas fallas estructurales que convirtieron la ciudad en referencia mundial del crimen, y de ello no han dado cuenta los medios de comunicación. El resultado, por lo tanto, es un vacío informativo que permite a gobernantes presumir triunfalismos sobre el crimen, que en realidad son verdades a medias.

Es en ese contexto, señala, que debe repararse en el ataque a tiros contra El Diario y el Canal 44.

“El efecto de la violencia armada, letal, siempre genera temor, es lo obvio. Pero cuando esta violencia va dirigida a medios de información, el miedo logra un efecto multiplicado y consecuentemente finca el miedo para ejercer la libre expresión. Se instala el miedo a hablar. Ahora, en un país como México, en el que de pronto algunos medios de información tienen otras agendas además de la estrictamente informativa, suelen desatarse suspicacias y surgen preguntas como, ¿por qué se les ataca de esta manera? ¿Qué intereses han tocado? Pero en general lo que vemos es un efecto terrible: la censura que afecta la confianza de una comunidad entera”, dice.

Alfredo Quijano, el director de Norte, acepta que la información ha sido la principal sacrificada de estos años.

“Creo que le estamos quedando a deber al lector. Seguimos quedándole a deber por nuestros miedos, por nuestros sistemas de protección, porque estamos protegiendo a nuestros reporteros”, acepta.

En su oficina de El Diario, Pedro Torres Estrada dice que no han llegado a niveles de autocensura graves.

“Cambiamos las cosas en el sentido de ponerle atención a los contenidos”, explica. “La manera en cómo recolectamos, cómo procesamos y cómo los presentamos. (…) Lo que hemos enfatizado a los editores es que cuando publiquemos notas sobre detenidos, manejen siempre el ‘presunto’, para no criminalizarlos, como tradicionalmente ocurre en la prensa o en los comunicados que dan por hecho que detuvieron a un narco o a un pushador o a un ratero. Porque lamentablemente es un vicio que tenemos en los medios y del que debemos cuidarnos”.

Dos días después del tiroteo a los edificios, Duarte declaró que detrás de los ataques quedaba descartada la participación de la delincuencia organizada. Ello, sin embargo, no tuvo efecto tranquilizador, al menos entre los trabajadores del periódico, que de alguna manera sospechaban lo dicho por el gobernador.

“Es más preocupante en determinado momento eso”, dice Torres en referencia a la osadía que pudo tener un grupo de pandilleros, como sugiere Duarte que fue. “Porque ellos pueden hacer entonces lo que les dé la gana y no les importa ni que los agarren e incluso que los maten. (…) Esto nos muestra qué tan vulnerables somos”.

 JuárezDialoga agradece la colaboración de Ignacio Alvarado Álvarez, periodista originario de Ciudad Juárez comprometido con el periodismo. Este reportaje fue publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/19-03-2013/559467

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