En la cinta The act of killing (2012) de Joshua Oppenheimer un grupo de ex paramilitares cuentan a cuadro cómo participaron en la purga comunista durante la dictadura militar encabezada por Suharto en la Indonesia de mediados de los años 60. Colaboran porque el director les ha ofrecido hacer una película de ficción sobre sus hazañas. Los entrevistados se ven a sí mismos como héroes y están convencidos de haber ofrecido un servicio importante a la Patria, aunque saben que lo que hicieron está fuera de la ley. ¨Somos gángsters¨, dicen ante la cámara, “y eso significa que somos hombres libres”. También creen que hacer la película es importante porque tendrán la oportunidad de mostrar su forma de operar; Anwar Congo, uno de los protagonistas, afirma que ese tipo de trabajos cinematográficos (los compara con las cintas sobre los campos de concentración Nazis) tienen público porque el morbo de la gente se regodea en los espectáculos sadistas. Además, opina que su película aportará algo más: “mi actuación será mucho más impactante porque yo lo hice en la vida real”. En el transcurso de la película estos hombres revelan paso a paso —entre anécdotas personales— el modus operandi de los escuadrones de la muerte. Pero no todos los participantes eran matones a sueldo. Uno de los entrevistados es el director de un periódico que cuenta que su trabajo consistía en manipular la información disponible para generar una opinión negativa sobre las víctimas, “para que el público los despreciara”.
El viernes pasado el procurador Jesús Murillo Karam pretendió dar un informe detallado de las investigaciones encaminadas a encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero hace poco más de un mes. Su relato, apoyado en mapas e imágenes de video extraídas de lo que fue identificado como “entrevistas psicológicas de los detenidos”, buscaba posicionar la idea de que los estudiantes habrían sido asesinados por los mafiosos que también se encargaron de borrar todo rastro de sus crímenes. Los testimonios fueron recibidos por la opinión pública con desconfianza. Una de las razones fundamentales es que a diferencia de los protagonistas de la cinta de Oppenheimer, los testimoniantes presentados por Murillo Karam no resultan creíbles porque parecen estar siguiendo un guión. La poca credibilidad de la PGR se origina en la manipulación mediática que ha hecho el Estado de investigaciones y detenidos: el caso de Florence Cassez es el más paradigmático y el de Tlatlaya el más reciente.
Es evidente que no conviene al gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer de ninguna manera que fueron policías (agentes del Estado) los directamente responsables del paradero de los normalistas, aunque ya haya quedado suficientemente establecido que fueron ellos quienes los privaron de su libertad. El adelanto de las investigaciones de Murillo Karam está encaminado a dar por terminada la búsqueda y a minimizar las consecuencias del caso, acotándolo a un episodio puntual y local: una supuesta confusión y los nexos de un alcalde y su esposa con narcotraficantes regionales.
Sin embargo, independientemente de las suspicacias suscitadas por la presentación del procurador en la víspera del viaje del Presidente a China, es necesario leer sus palabras como un relato posible, quizá no de lo que sucedió realmente en el caso de los normalistas, sino del modus operandi del Estado en la práctica de la desaparición forzada. Oppenheimer utilizó los testimonios de los paramilitares para reconstruir su manera de operar en varios niveles, pero también para exhibir las ligas entre gángsters, la sociedad civil y el ejército. Y sobre todo, exhibió la supremacía de mando del ejército de Indonesia sobre los paramilitares quienes torturaron y asesinaron con autorización y orientación de agentes del Estado.
Existen dudas sobre si los personajes presentados por la Procuraduría son o no chivos expiatorios o si simplemente son perpetradores de otros crímenes semejantes. Después de todo, el caso Ayotzinapa literalmente ha contribuido a destapar un gran número de fosas clandestinas que se han venido a sumar a las que se han encontrado en otros lugares del país, y los 43 normalistas se han sumado a las más de 25 mil personas desaparecidas en los últimos años; el problema es sistémico.
En cierto momento de The act of Killing, Oppenheimer pregunta a los paramilitares si entregaban los cuerpos al ejército, pero ellos responden que los militares les ordenaban que los tiraran a un río. El procurador mexicano nos dice que los restos óseos calcinados de las víctimas fueron arrojados a un río y que a pesar de que algunos huesos han sido recuperados, su alto nivel de degradación hace muy difícil la extracción del ADN que permita su identificación. En la región donde ocurrieron los hechos existe una fuerte presencia militar.
Resulta sintomático el resquebrajamiento de la convicción actoral de Murillo Karam; quizá el gesto más contundente de las fisuras en su discurso sea la frase “no más preguntas, ya me cansé” con la cual cerró su conferencia de prensa. Sin embargo, las piezas que presentó el viernes pasado y su propia actuación en el podio constituyen un relato en el que se deja entrever el modus operandi del Estado en un problema sistémico: la desaparición forzada. La del procurador fue, más que cualquier otra cosa, una comparecencia del inconsciente político del Estado mexicano.
JuárezDialoga ha invitado a Willivaldo Delgadillo a colaborar por su amplia trayectoria como activista social en la región fronteriza de Ciudad Juárez. Escribió y publicó las novelas La virgen del barrio árabe, La muerte de la tatuadora y Garabato; y fue integrante del Movimiento Pacto por la Cultura. También, Willivaldo fue profesor de la Universidad de El Paso, Texas. Actualmente estudia su doctorado en la UCLA.
