Por Ignacio Alvarado Álvarez
Ciudad Juárez, Chih.-Estás son las cifras formales que retratan a la entidad más violenta del país: 12 mil cinco asesinatos, 672 secuestros, mil 227 extorsiones, dos mil 471 violaciones sexuales. Todo ello en tres años y tres meses, contando desde el 1 de enero de 2008 al 30 de abril pasado. La mayoría de esos delitos han ocurrido en esta ciudad, considerada la más peligrosa del hemisferio occidental. Tan sólo aquí, se consumaron siete mil 569 de los homicidios registrados por la procuraduría estatal.
Tal magnitud criminal es, sin embargo, impune: sólo 2% de esos delitos condujeron a procesos judiciales, según el monitoreo realizado por la Red Mesa de Mujeres, que se basó en datos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
“La impunidad que se ha visto no sólo estos tres años y medio, sino desde hace 20 años, es lo que alienta hoy otro tipo de delitos del fuero común. Ciudad Juárez y el resto del estado de Chihuahua están a merced de criminales, pero también indefensos por la enorme corrupción de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, del ejército y de las agencias del ministerio público”, dice Cecilia Espinoza, una de las coordinadoras de la red.
Los robos y asaltos encabezan la lista criminal aludida por Espinoza. En total, Chihuahua registra desde 2008 231 mil 542 denuncias por delitos del fuero común, 23 mil 514 de los cuales tuvieron registro los tres primeros meses de este año. Considerando los casos no denunciados (Ensi-2009), esos números equivaldrían únicamente al 15% del total de hechos consumados.
En Juárez, la ciudad a la que expertos internacionales catalogan como la más peligrosa del hemisferio, la combinación de crimen e impunidad desplomó la economía y orilló al exilio a más de 300 mil ciudadanos, casi la cuarta parte de la población que, según Inegi, había en el 2000.
“La situación ha sido en realidad dramática. Hay parálisis no sólo en la actividad empresarial sino en la rutina diaria de los juarenses. Estamos pagando las consecuencias de tanto descuido y hoy ya no hay tiempo sino para tratar de resanar el daño”, dice Gabriel Flores Viramontes, diputado local y uno de los más notables empresarios de la ciudad.
El derrumbe
Las consecuencias referidas por el diputado tienen base en cifras concretas. Las víctimas de homicidio desde 2008 han sido menores de 27 años, en una proporción de seis por cada 10. Se trata de ciudadanos que a principios de la década anterior eran infantes crecidos en una ciudad con apenas ocho guarderías públicas para 200 mil trabajadoras registradas por el Inegi; sin escuelas suficientes y con una proporción de áreas recreativas cinco veces debajo de los estándares internacionales fijados para un mínimo de desarrollo integral.
Hace 20 años, el municipio se colocó a la cabeza, junto con Tijuana, de las zonas urbanas con mayor consumo de drogas percápita. Desde entonces, también, dio inicio un proceso político que trastocó la correlación de fuerzas que existió hasta entonces entre policías y criminales, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, activista de los derechos humanos desde la década de 1980.
“En Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, existía una comunidad (anómala pero funcional) de policías y ladrones. Esto era una gran telaraña sensible a cualquier movimiento de unos y otros, pero en la cual la policía sostenía los hilos reguladores. Eso cambió al arribo del Partido Acción Nacional al poder del gobierno estatal, en 1992, porque se pretendió terminar con esa generación de policías corruptos. Sin embargo, los nuevos que llegaron siguieron con esa misma tradición corrupta, pero sin conocer el mundo de los criminales”, resume.
Con una población creciendo en condiciones de violencia urbana y social, esa policía gestada en los nacientes 90’s fue paulatinamente cooptada por una nueva y violenta generación de criminales, dice De la Rosa.
“Mencionaré un caso que ilustra ese cambio en los controles del poder: Entre 1995 y 1996 se denunciaron 370 desapariciones de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico. Nadie investigó, y eso mandó un mensaje preciso: estableció el principio de que la policía no investiga casos que comete el crimen organizado. Es, justamente, cuando el Estado renuncia a investigar este tipo de casos”.
Es el contexto, también, en el que las mujeres se convierten en víctimas de violaciones sexuales, desaparición y asesinato. La respuesta oficial ante esa racha homicida, que atrajo la atención internacional, fue fabricar culpables, valiéndose de la tortura. Hasta hoy, sin embargo, no existe en prisión ninguno de los altos funcionarios inmiscuido en dichas fabricaciones.
La violación a los derechos humanos cometidos por la autoridad creció exponencialmente con el arribo de las fuerzas federales, en marzo de 2008, e igual que en el pasado reciente, la impunidad es absoluta, dice De la Rosa, que como funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó casos de desaparición forzada y asesinatos cometidos por militares y agentes de la Policía Federal.
“Es importante señalar siempre este tipo de casos, porque si tú permites que una institución opere con total impunidad, pierdes. Ése es el gran riesgo de dejar impunes a los militares que hasta hoy han sido denunciados”.
Activista bajo fuego
Las operaciones ilegales presumiblemente emprendidas por soldados y agentes de las fuerzas federales movilizaron a organizaciones de la sociedad civil. Pero el activismo fue violentamente atacado por los mismos agentes enviados por el gobierno federal, según señalan los propios afectados. Desde 2008, tan sólo en la región norte de Chihuahua (Casas Grandes, Ascención, Buenaventura, Guadalupe Distrito Bravos, Praxedis G. Guerrero y Ciudad Juárez), nueve promotores de los derechos humanos han sido asesinados y otros cinco viven en el exilio.
“Terminaron con casi todos los derechohumanistas. El acoso ha sido en verdad terrible”, dice De la Rosa, quien vivió medio año al otro lado de la frontera y que en su retorno vive escoltado por policías federales.
La presión con la que operan las organizaciones civiles se mantiene inalterable a pesar de las denuncias dentro y fuera del país. Apenas la noche del domingo 5 de junio, agentes federales irrumpieron ilegalmente al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, una de las organizaciones encargadas del recibimiento a la caravana por la paz, encabezada por Javier Sicilia.
La Policía Federal sostuvo que penetraron al local en persecución de dos presuntos delincuentes, pero las organizaciones civiles desacreditan la versión oficial. Existen muchas razones para establecer una acción intimidatoria, y entre ellas sobresale el análisis que hará la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de tres miembros de una familia (Alvarado), a quienes supuestos militares secuestraron en diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez, unos 100 kilómetros al sur de este municipio. Se trata del primer caso tomado por la corte en lo que va del sexenio.
La cantidad de casos que involucran a policías federales y militares en fabricación, desaparición, tortura y asesinato de civiles yace detrás de la petición unánime de los organismos de la sociedad civil en Chihuahua: la exigencia de que abandonen el estado.
“El diagnóstico que tenemos las organizaciones es que al darles (al ejército y la policía federal) facultades de policía municipal, aumentaron los delitos y la violencia. En Juárez, por ejemplo, la extorsión y el secuestro no existían hasta antes de 2008. Y estos son delitos que aumentaron exponencialmente hasta con ciudadanos que no cumplen el perfil de secuestrable. Y nadie habla al tanteo, sino que existen muchísimos casos plenamente documentados”, dice Cecilia Espinoza, de la Red Mesa de Mujeres.
Sustraer a las fuerzas federales a estas alturas sería, sin embargo, un grave error, de acuerdo con Guillermo Garduño Valero, el experto de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en seguridad nacional, ejército y narcotráfico.
“Hay algunos elementos que debemos distinguir antes de pensar en ello: pensemos por ejemplo en aquellos sujetos que disuelven en ácido a sus prisioneros. ¿Cuántos pozoleros habrá en el país? Hay muchos desaparecidos en el país, muchos más que los 40 mil asesinados que reconoce el gobierno. Podemos triplicar la cifra, de hecho. Muchos de ellos están en fosas clandestinas… No se puede renunciar al uso de las armas frente a grupos que operan fuertemente armados. Sería un error”, explica.
Garduño reconoce los excesos cometidos, y lo que él llama “desfase” del sistema judicial, como base para la impunidad. Pero, dice, la sociedad en general desconoce la forma en que operan los grupos de la delincuencia organizada y por ello el planteamiento del retiro de las fuerzas federales y el llamado a la conciencia de los criminales “es demasiado ingenuo. No se puede llamar a un remordimiento que no existe entre estos individuos, cuyo oficio es matar”, sostiene.
