CRISIS INSTITUCIONAL DEL MODELO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DESIERTO CHIHUAHUENSE

Martín Solis BustamantePor Martín Solís Bustamante y Jorge Casas*

El adeudo pendiente de energía agrícola en el estado de Chihuahua se ha tratado oficialmente como un asunto mercantil de cartera vencida, como si fuera sólo un problema de cobranza de facturas; siendo una crisis resultante de criterios de facturación e instituciones rurales que condujeron muy activamente durante décadas a crear las condiciones de la presente situación, por el régimen de ambigüedad jurídica del agua y la energía rural en el que se ha fincado el desarrollo de la agricultura del desierto chihuahuense, concebido a conveniencia de intereses de corto plazo que, resultan en severos impactos ambientales y especialmente vulnerables a los cambios económicos y climáticos de la presente etapa, con el efecto de producir el vencimiento de costosas facturas de electricidad agrícola, de la estructura económica afectada por instituciones rurales y por el sistema político del campo, que requieren ser reformados.
Para ver la perspectiva real de la presente crisis de pagos de electricidad rural en la región, es necesario remontarse al origen del reparto de las aguas, realizado en forma masiva por el gobierno federal sin consultar a los estados afectados, en violación a la esencia del pacto federal, decidiendo que:
1) El desarrollo agrícola del Desierto Chihuahuense sea basado en la explotación de los acuíferos del subsuelo del altiplano, principalmente, mediante costosos pozos de bombeo profundo.
2) El desarrollo de la agricultura en las costas del Pacífico Norte sea basado en obras masivas de irrigación construidas por la Federación, con agua originaria de Chihuahua y de Durango, que llega barata por riego rodado hasta las parcelas de productores sonorenses y sinaloenses.
Eso no estaba previsto en la Constitución, ni fue parte de la lucha revolucionaria, ni está en el espíritu de mutua confianza y equilibrio del pacto federal. Tal decisión se tomó hasta la década de los años cuarenta, bajo presión de los grupos de poder inestables e inconformes con la expulsión del país del expresidente Calles, cuando se inició la política federal de construir grandes obras hidráulicas para el aprovechamiento de las aguas de Chihuahua y de Durango en beneficio de Sonora y Sinaloa .
Al mismo tiempo se modificaba el quinto párrafo del artículo 27 constitucional, para incluir la figura del “libre alumbramiento” de aguas del subsuelo con el fin de “facilitar el aprovechamiento de las aguas nacionales”, en el año de 1945, con el voto de 92 diputados, para la quinta modificación al artículo 27 constitucional, la primera que no fue por unanimidad.
De tal forma, en la costa del Pacífico se activaron rápidamente las fuerzas productivas que impulsan la expansión de tierras de cultivo —en un buen clima para la agricultura, aunque expuesto al impacto directo de los ciclones y tormentas tropicales—. En tanto que, en las áreas semidesérticas del altiplano se activó la perforación de pozos, —con agricultura de mayor sanidad por las temperaturas extremas de frío y calor y menor siniestralidad que en la costa, en las áreas de riego—, pero limitada por los costos de bombeo agrícola que, inicialmente se basaba en motores de combustión interna, hasta que el precio de los combustibles los volvió incosteables.
Se hizo necesaria la primera ola de modernización de equipos de bombeo agrícola en los años setenta y ochenta, cuando la consigna era “electrificar los pozos”, con la Comisión Federal de Electricidad como punta de lanza del desarrollo del sistema de producción agrícola, tendiendo líneas de electrificación rural en la entidad, para sustituir los equipos de combustión interna y ampliar las áreas de cultivo.
Con la ampliación de la red de electricidad se incrementaron con optimismo los trabajos de perforación de pozos para incorporar cientos de miles de hectáreas a la agricultura de bombeo profundo. Poca cosa comparada con la extensión siete veces mayor de la superficie agrícola de riego en las costas del Pacífico con agua originaria de Chihuahua. Pero la electrificación de pozos agrícolas fue en su momento un cauce a la esperanza del campo, que funcionó durante un tiempo.

POLÍTICA HIDRÁULICA “A RÍO REVUELTO”
La agricultura de bombeo en Chihuahua se fincó sobre la legislación ambigua que ha permitido muchos pozos perforados sin cumplir con el requisito constitucional de que, el uso o el aprovechamiento de aguas y otros bienes nacionales enunciados en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional, “no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal”, como lo dicta la modificación cardenista realizada en 1940 al párrafo sexto del artículo 27.
Pero el párrafo quinto del mismo artículo, modificado en 1945, dice que “Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas”, lo que dio lugar a la contradictoria figura de “libre alumbramiento”, cinco años después de la antes citada modificación cardenista, estableciendo una contradicción entre los párrafos quinto y sexto del artículo 27 constitucional, de efectos desastrosos porque al paso del tiempo dicha ambigüedad jurídica permitió “organizar” el descontrol y la sobreexplotación del agua, que ha conducido entre otras cosas a la crisis de pagos de los agricultores a la CFE. Por lo siguiente:
La CFE es una autoridad a la que no le importó electrificar pozos sin concesión de aguas del gobierno federal tanto como a ilegales, lo que generó el desorden facilitado con la existencia de pozos de “libre alumbramiento”, con la CFE electrificando pozos sin pasar por la autorización de la Comisión Nacional del Agua, desbocando el estado de competencia por el agua del subsuelo.
Fue un sistema legal mal concebido y peor administrado, porque al permitirse electrificar pozos sin concesión federal, se dio pie para organizar ese negocio a mayor escala, poniendo a funcionar miríadas de pozos en áreas de libre alumbramiento, promovidos por empleados y funcionarios de las instituciones y hasta empresas de capital especulativo creadas exprofeso a dicho fin, causando daños por la sobreexplotación de los acuíferos e impactos ambientales por cambio de uso de suelo sin permiso alguno.
Si la CFE electrifica incluso pozos absolutamente ilegales, con la sola distinción de cobrarles una tarifa mayor, de ahí a la sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos del desierto solo hay un paso: el paso del tiempo. No mucho tiempo.
Lógico que cualquiera que perfora un pozo legal o ilegal quiere sacar la mayor cantidad de agua posible si ello hace más rentable su inversión, con mayor razón en un régimen permisivo que deja hacer a voluntad. Las instituciones federales incentivaron y se constituyeron en actores del desorden en materia de agua en el Desierto Chihuahuense, que cundió hasta llegar a la competencia arrebatada entre particulares.
Hasta hace poco tiempo la autoridad del agua manifestaba que no tenía la cifra precisa de cuantos pozos agrícolas estaban abiertos y funcionando en la entidad. Sin embargo la CFE siempre ha tenido registro de estos. La CFE sabe a cuántos pozos da servicio y cuál es su consumo de electricidad, así como puede calcular cuánta agua extrae cada usuario.
La CFE es el cómplice material de ilegalidades y de la sobreexplotación del agua del subsuelo, donde ninguna autoridad ha conseguido poner orden. Sólo la crisis económica, ambiental y consiguiente huelga de pagos de los agricultores a la CFE, ha frenado algunos excesos en el uso del agua del desierto y exhibido el abuso y negligencia de las autoridades federales de electricidad y de agua en el campo.
Cuando la figura de “libre alumbramiento” aflojó la norma constitucional de contar con una concesión federal para aprovechar las aguas del subsuelo, el juego se volvió perverso porque la racionalidad a corto plazo era simplemente perforar, con el respaldo de la CFE que vendría a electrificar el pozo sin reparar en que fuera ilegal o no.
Actualmente hay muchos pozos agrícolas afectados por la sobreexplotación de los acuíferos con el abatimiento de los niveles de los mantos freáticos. Por eso ha sido mayor el efecto de la aceleración de las tarifas de electricidad agrícola, que desde los años noventa se volvieron pesadilla, pero llegaron a niveles de desastre con el gobierno de Fox, con la política a ultranza de “internacionalizar el campo”, como si las agrestes tierras del desierto tuvieran las mismas condiciones que los privilegiadas campos agrícolas del Bajío, casi conurbados entre los grandes mercados del centro del país.
Desde el inicio de su mandato Fox incrementó sin clemencia las tarifas de electricidad agrícola, además sin tomar en cuenta que en Chihuahua había una sequía prolongada desde la primera mitad de los años noventa. Y al noveno año de sequía, en 2001, se inició la huelga de pagos en protesta contra la política rural, cuando ya era insoportable el peso de las catástrofes climática, energética y política al mismo tiempo.
El problema de la cartera vencida de electricidad agrícola en Chihuahua es sobre todo una crisis institucional, ante la cual se han erigido mecanismos de resistencia civil, de la gran mayoría de los agricultores del Desierto Chihuahuense, que en la resistencia pueden mantener esperanza en el futuro, porque en las instituciones hay desconfianza.
Por eso han fracasado los convenios firmados de pago y los intentos de cobrar mediante la fuerza el adeudo de electricidad agrícola, donde se requiere un cambio en el sistema de energía y en el modelo de producción agrícola del Desierto Chihuahuense.
Para un agricultor promedio del desierto chihuahuense con un adeudo importante con la CFE, lo más racional en este momento es mantener su dinero en su poder, porque el tsunami económico de la carestía energética se está elevando más y amenaza arrasar la economía de las unidades de producción, ante la indiferencia y el tradicionalismo de la autoridad rural en la región. Incluso hay daños imputables a CONAGUA y a la CFE por su complicidad material en las afectaciones a la planta productiva y a la ecología regional, con las perforaciones ilegales y otras que abatieron los acuíferos sobre los cuales se fincó la economía agrícola en el desierto.

PLAN HIDROLÓGICO INTERESTATAL Y ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Lo más razonable es recuperar la memoria, desde la perspectiva histórica que permite ver la dimensión del fenómeno, desde el momento en que el Ejecutivo Federal, con grandes obras hidráulicas otorgó la mayoría de las aguas del estado a otras entidades y a cambio se creó la figura del libre alumbramiento de las aguas del subsuelo, que desbocó la competencia por el agua del semidesierto, para el establecimiento del modelo agrícola del altiplano norte que se encuentra en crisis.
Es necesario hacer recuento, de los caudales federales invertidos en la extensión de tierras de riego en Sinaloa y Sonora, para el aprovechamiento de aguas provenientes de Durango y de Chihuahua, porque eso da una idea de la trascendencia de la inversión necesaria, para restablecer el equilibrio del pacto federal, en las tierras del desierto chihuahuense y de la Sierra Madre, con tecnologías de economía del agua y la energía, para entrar en equilibrio la agricultura del desierto y poner a funcionar los sistemas alimentarios locales de la cordillera a base agua propia y tecnología apropiada.
Con el plan hidrológico interestatal justo y la estrategia de transición energética, sí sería posible cobrar el adeudo agrícola a la CFE, donde lo cobrado se reinvierta en la propia región, como se requiere en la presente etapa, para atender las necesidades de transformación urgente del sistema eléctrico, con el fin de renovar la estructura de producción de alimentos adecuada al presente.
Son necesarios cambios estructurales para renacer la esperanza que hace falta, por la inexistencia de un régimen creíble en relación a las necesidades reales, mediante las autoridades de energía y del agua colaborando en la eficiencia de los nuevos sistemas productivos del campo, en esta etapa de caros energéticos y cambio climático.

*Jorge Casas es economista y colaborador del barzón.

Juárez Dialoga invitó ha colaborar a Martín Solís Bustamante por su compromiso solidario con las causas justas y de lucha social ante las problemáticas sufridas por los campesinos y las campesinas en el Estado de Chihuahua. Martín es miembro fundador e integrante de la dirección colectiva del Barzón. Es originario de Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua. Estudió y egresó de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar.

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