Por: Santiago González Reyes
La palabra casa es la metáfora perfecta de resguardo, seguridad, comodidad, porque es el espacio natural de la familia, que son por necesidad los seres más amados y cercanos a una persona. Cada casa, cada hogar tiene el mismo valor para sus habitantes, sea majestuosa o humilde, nueva o antigua, es la nuestra la que preferimos por sobre todas las demás, precisamente porque es ahí de donde partimos cada día y adonde esperamos regresar al término de la jornada.
Todas las personas requieren de un hogar, es una necesidad básica para su resguardo y mejor calidad de vida. El carecer de un espacio con las características de lo que podríamos llamar “casa” es una condición de vulnerabilidad, incluso existe un concepto para llamar a las personas que carecen de una, “personas en situación de calle”. Y si entendemos que los derechos humanos son aquellos sin los cuales no podríamos vivir dignamente, debemos concluir que tener acceso a una casa es por consecuencia un derecho humano.
El que un bien o servicio sea considerado un derecho humano, no significa que deba ser gratis, significa que el estado debe asegurar el acceso para todas las personas, regulado por la ley para que sea en condiciones justas. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que es obligación de los estados asegurar la vivienda digna a todas las personas; incluso nuestra misma Constitución establece en su artículo cuarto “… Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…”. Pero ya sabemos que el Estado simula con la misma naturalidad que usted y yo respiramos, bajemos entonces al octavo circulo del infierno, la realidad, y veamos nuestra situación.
Ciudad Juárez se convirtió en un destino de migración nacional motivada desde los setenta, cuando se promovió la industria de la manufactura por medio del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF), que sucedió al fallido Programa Nacional Fronterizo (Pronaf). El caso es que desde los setenta y hasta uno de los últimos auges de la vivienda en la década del 2000 al 2010 trajo a verdaderas instituciones de chacales a esta frontera, algunas provenientes de Culiacán, Monterrey y CDMX, que, desde principios del año 2000, vieron en la necesidad básica de muchas familias por un espacio dónde vivir, una oportunidad para hacer el negocio redondo.
Lo primero que hacen es encontrar terrenos de bajo costo, por su lejanía de la mancha urbana o por ser zonas de inundación. Debemos apuntar que la baja densidad urbana o dispersión de la ciudad nos cuesta a todos (as), dado que se vuelve caro y complicado llevar servicios hasta lugares tan lejanos. En aquellos terrenos en numerosas ocasiones por medio de la corrupción se consiguen permisos para desarrollar viviendas llamadas de interés social.
El segundo paso es construir casas lo más baratas y por consecuencia pequeñas, que les permita la ley o la corrupción; de bloques sobrepuestos sin cimientos ni castillos, pisos de cemento, paredes de block pintado, sin rejas, sin bardas exteriores, un baño, una recámara, un cuarto que funge como cocina-comedor, después de cierta cantidad de cuadras de este tipo de casas se dejan terrenos baldíos con una pequeña banqueta que suponen ser parques o áreas verdes.
Luego viene el proceso de venta y elaboración de las obligaciones legales, que, si para hacer un cubo de concreto no hubo el mayor esfuerzo, el contrato si tiene la elaboración más intrincada que pueda encontrarse. A diferencia de lo que el mismo comprador puede pensar, no está comprando una casa a crédito, en realidad una hipotecaria le está prestando el dinero (que usted nunca vio ni tuvo en su poder) para que les compre a ellos mismos un inmueble. Lo que usted está tramitando es un préstamo para pagarles la casa de contado, dejando como garantía de pago la misma casa que les compró, más la aceptación de todo tipo de penalidades, recargos y desventajas para el comprador (a). Así cuando usted pretende regresar la casa, la respuesta es que ese inmueble no alcanza a pagar la cantidad que le prestaron, pues el inmueble tiene un valor real muy bajo, y aun regresándolo queda debiendo una cantidad muy alta, que yo he visto en demandas llega hasta un millón de pesos por el préstamo para comprar una casa de 90 metros cuadrados, con lo que le pueden embargar otras propiedades que pueda tener.
Por la venta de esas casas económicas en terrenos lejanos tienen una cartera de deuda que llega a los cientos de millones, pues ya no les deben la casa, sino como lo expliqué, deben el dinero que supuestamente les prestaron para pagarle a ellos mismos, dinero que nunca existió. Esa deuda se vende a otras instituciones que se dedican al cobro de deuda. Aunque para esta venta de carteras vencidas se requiere notificar al deudor esto nunca se hace, sólo se levantan constancias falsas donde supuestamente le fueron a notificar mediante notario. Continuará…
Nota: Este artículo se publicó primero en el Diario.mx y aquí se reproduce con autorización del autor.
Santiago González Reyes es abogado defensor de derechos humanos. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
