LA DESCONFIANZA Y EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

Si algo ha cimentado al sistema electoral mexicano, es la desconfianza de las clases políticas que tienen el poder y la obligación de crear instituciones electorales y las reglas que las rigen. Esta desconfianza se presenta en forma de supuestos, es decir, afirmaciones generalizadas proyectadas a futuro. La idea original no es mía, sino de Andrés Lajous, quien profundiza en sólo un de los cuatro supuestos que aquí desarrollo.

Sin saber con plenitud el porqué el uso de  “supuesto” como un prefijo a desconfianza por parte de Andrés Lajous, asumo el riesgo de que en parte porque esas medidas de desconfianza se basan en acciones que en su momento, y bajo las estructuras legales en las que ocurrieron, tenían sentido, y, por lo tanto, generaron un sentido de desconfianza al momento de comprender que podían volver a ocurrir. Agregué al ejercicio de Andrés Lajous tres supuestos más.

El primero consiste en la desconfianza hacia el gobierno. Recordemos que el detonante para la creación de un instituto descentralizado y ciudadano (sic) fue resultado de las elecciones de 1988, que provocó la reforma de 1989 y, finalmente, su creación en 1990. Tanto el instituto como la reforma electoral se conforman en esta desconfianza del gobierno que, aunque las reglas de 1988 no permitían hacer mucho para denunciar las anomalías de las elecciones, el gobierno en turno no debía ni ser ni tocar al árbitro electoral.

El segundo supuesto consiste en la desconfianza entre los partidos. Las reformas electorales que se han hecho desde finales de los setentas se centraron en este supuesto. Es este mismo el que Andrés Lajous explica como el eje principal del sistema electoral mexicano. Su punto álgido está en la reforma electoral de 2007 sobre el combate al desprestigio a las candidatas o candidatos, partidos, personajes políticos o ciudadanos durante las campañas electorales, tomando como referencia a las elecciones de 2006 en donde el Partido Acción Nacional generó una campaña difamatoria en contra de López Obrador que incluso hoy en día se pueden escuchar sus ecos (como es que López Obrador es como Hugo Chávez, por citar un ejemplo), y que en las elecciones de 2012 permitió que el IFE tuviera la facultad de retirar spots difamatorios o que manipulaban información.

Esta desconfianza entre partidos es la que más ha contribuido a la construcción de organismos y reglas electorales en el país. La desconfianza de que todos los partidos mienten o van a mentir de alguna forma, van a maquillar sus gastos de campaña, inventar pruebas para descalificar a los otros, utilizar estrategias mediáticas para hacerse de votos o simplemente van a descalificar a sus contrincantes.

El tercer supuesto de desconfianza es con los miembros de los mismos partidos. Este supuesto es el que ha complicado la construcción de normas contundentes contra la compra y coacción del voto, por mencionar un caso. Pensemos, por ejemplo, que un grupo partidista líder de una comunidad logra acarrear a trescientas personas para votar a favor de un candidato utilizando la amenaza de retirar recursos públicos para, digamos, subsidiar el campo. Pensemos que este grupo no opera como una estrategia de campaña de los coordinadores federales, pero al momento de tener una ventana de tiempo para impugnaciones se descubre que hubo coacción del voto por parte de esa agrupación. Los partidos grandes, y principalmente en elecciones federales (senadurías, diputaciones y presidencia), se han protegido para que las acciones de sus correligionarios, militantes o simpatizantes no los afecten (pensemos por ejemplo en la salida de López Obrador con el polémico charolazo de los 6 millones de dólares para su campaña con el argumento de que él jamás a pedido o mandado pedir dinero para su campaña; o la frase trillada de Peña Nieto “respeto, pero no comparto”).

El último supuesto de desconfianza es con la ciudadanía. Esto lo vemos en la opacidad en la que se encuentran las candidaturas ciudadanas o independientes, o de cómo se ha rezagado el peso del voto blanco o nulo en las elecciones. La razón de esta desconfianza es que México se rige bajo un sistema de partidos, y cualquier persona que no esté bajo la representación de uno no tiene mucho margen de acción en las decisiones electorales (fuera de votar y cumplir con limitadas atribuciones que concede el sistema electoral).

Este supuesto tiene su mayor impacto en las impugnaciones postelectorales, dejándole a los partidos la total responsabilidad de pugnar y presentar pruebas frente al tribunal. Los partidos aún no son capaces de pasar de alto este supuesto de desconfianza con la ciudadanía (que por muchas razones raya en lo ridículo) por no perder el monopolio del poder.

Por eso si me preguntan cuál es el ladrillo con el que se ha construido el sistema electoral mexicano, lo único en lo que puedo pensar es en la desconfianza. Aunque el problema no es eso (de hecho, es bueno que los actores políticos desconfíen entre sí), sino que siempre operan tarde, como si tuvieran un retraso de seis años. Pensemos por ejemplo en la utilidad que hubiera tenido la segunda vuelta en las elecciones de 2012, o reglas de control de fiscalización más inmediatas y contundentes, impugnaciones durante las campañas electorales o atribuciones mejor definidas entre las fiscalías especializadas en materia electoral, el instituto electoral y el tribunal electoral, sólo por pensar algunos.

 Juan Manuel Fernández Chico es co-fundador del Colectivo Vagón y director de la película El Heroe. JuárezDialoga lo ha invitado a participar por su compromiso con el trabajo colectivo en el quehacer artístico en Ciudad Juárez.

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