LA INJUSTICIA PASIVA

Para Francisca Galván Segura

El 23 de febrero de este año, en la ciudad de Chihuahua, el Estado mexicano dio inicio a un acto de justicia, pidió perdón y reconoció su responsabilidad por el feminicidio de la joven Paloma Angélica Escobar Ledezma. En este Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, cuyo objetivo fue cumplir con la petición hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de gobernación: Alejandro Poiré, reconoció, entre otras fallas, que en el caso de Paloma el Estado había violado los derechos de las garantías judiciales, los Derechos del Niño, además de que ella no había recibido la protección de la ley y la integridad personal. En este evento, también estuvo presente el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien del mismo modo pidió perdón a familiares de la joven Paloma Angélica y declaró:

La injusticia pasiva es quizá la peor de las injusticias porque a la injusticia de un delito le sigue la injusticia pasiva de una autoridad que no actúa y no atiende con atingencia a las víctimas, así como la indiferencia civil y la apatía gubernamental, que ve asuntos o expedientes y deja de ver a seres humanos con dolor que claman justicia (Gómez Trejo, 2012).

Paradójicamente, frente a este acto de reparación de injusticia del feminicidio, al día siguiente, tres madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas fueron notificadas que Jessica Leticia Peña García, de 15 años desaparecida desde el 29 Mayo de 2010, Lizbeth Avilés García, de 17 años de edad, con desaparición desde el 21 de abril de 2009 y Andrea Guerrero Venzor, de 15, desaparecida desde el 17 de agosto de 2010, habían sido finalmente encontradas; sin embargo, sus cadáveres formaban parte de la masacre feminicida en contra de niñas y jóvenes mujeres cometida por asesinos cubiertos con toda impunidad, desde hace dos décadas y que ningún orden de gobierno tiene la voluntad política de investigar, sancionar y erradicar.

La Sra. María García Reynosa, madre de Jessica Leticia Peña García, decidió velar los restos de su hija en la explanada de la Procuraduría, y exponer su dolor públicamente hasta que se presentara el gobernador, le diera el pésame y reconociera que la justicia no existió para ella ni para decenas de madres y padres que se encuentran en la misma situación de abandono ante la desaparición sus hijas. El gobernador acudió el día 27 e hizo una serie de compromisos derivados de las demandas y exigencias que le hicieron el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas. Entre esos compromisos destaca la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, misma que atenderá y dará un seguimiento junto con familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, a todos y cada uno de los casos de jóvenes desaparecidas.

Ante el más de centenar de niñas y jóvenes desaparecidas en esta ciudad y que sus dolientes familiares las reclaman con vida, es necesario reconocer por parte de los tres ordenes de gobierno, que esta violencia terminal contra las mujeres es una problemática social de graves dimensiones. Que sólo se terminará cuando se desarrolle una política de Estado que tenga como objetivo: el respeto a la vida de las mujeres y en especial y de manera emergente el bienestar de un segmento femenino de la población que es vulnerable a ser desaparecido para después encontrar sus cadáveres prácticamente irreconocibles. Solo presentando a los agresores y sancionándolos se mandará un mensaje claro de que esto no puede seguir sucediendo.

Frente a esta masacre, el Estado –y en primer lugar el estado de Chihuahua- puede optar por no hacer nada como en el pasado, presentar chivos expiatorios o buscar las alternativas que lleven a la presentación de los asesinos ante familiares de víctimas y la sociedad y erradicar este crimen contra la humanidad de las mujeres fronterizas, de las mujeres de otros estados del país, y de países centroamericanos.

Igualmente, es menester que el gobierno de Chihuahua explique a familiares de víctimas en qué consistirán las acciones que se van a tomar para: en primer lugar encontrar a sus hijas. Pero, también es necesario que la sociedad sepamos cuáles son las medidas, acciones y estrategias que una verdadera Política de Estado de Seguridad Ciudadana para las mujeres va a delinear en el corto, mediano y largo plazo para que no sigan desapareciendo mujeres: ya sea para la trata de personas y la esclavitud sexual, pero también para ser víctimas de un feminicidio sexual sistemático y organizado que tiene como antecedente las víctimas encontradas en: Lote Bravo, Lomas de Poleo y Campo Algodonero, entre otros sitios.

La ciudadanía requiere recuperar el Estado de derecho que se encuentra ausente desde hace ya largos años con acciones concretas que recuperen el derecho a la vida en esta ciudad. Más allá de las recompensas ofrecidas diferencialmente, el pago de los ataúdes o el traslado de los cadáveres a otros estados del país, el gobierno de Chihuahua debe evaluar sus capacidades para otorgar justicia, y si encuentra limitantes, debe acudir a instancias internacionales que le apoyen para eliminar de una vez para siempre esta violencia sistémica en contra de jóvenes marginalmente económicas.

Si bien, el Instituto Chihuahuense de la Mujer ha emprendido una campaña en contra de la desaparición de niñas y mujeres. Urge que el gobierno municipal y el gobierno estatal hagan otras campañas informando lo que está sucediendo. La prevención es parte de los deberes de las alcaldías y en Ciudad Juárez ésta esta ausente. En una política de Estado que privilegie el valor de la vida, se requiere que toda la ciudadanía sepa que la vida de todos y cada uno de los y las que vivimos en esta ciudad es importante, que al faltar un miembro familiar por razones de violencia, se disminuye el valor ciudadano de la comunidad.

Al mismo tiempo, el gobierno, tal como se ha comprometido, debe atender de manera integral a todos los y las familiares de víctimas de desaparición. En este sistema de injusticia pasiva, todos ellos han gastado los pocos recursos económicos con los cuales contaban para encontrar con vida a sus hijas, han perdido sus empleos y se han desgastado física, psicológica y emocionalmente.

Frente a la gran atrocidad que vivimos, frente al atrincheramiento de la sociedad con sus calles enrejadas y la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia, el Estado debe ir desarticulando los cotos de injusticia pasiva y retomar el valor de la vida, el gobierno debe actuar, debe atender con toda celeridad a las víctimas y a las víctimas potenciales, está obligado a mandar mensajes claros y contundentes a toda la ciudadanía de que la violencia y el quebranto de la ley no se van a permitir. Sólo así las voces de dolor que claman justicia enfrentarán la injusticia pasiva y no tendrán que esperar a recibir un perdón rezagado.

Daniel Gómez Trejo, “Poiré y César Duarte piden perdón por feminicidios”, Argonméxico.com http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16568:poire-y-cesar-duarte-piden-perdon-por-feminicidios-&catid=112:estados&Itemid=367

Julia Monárrez Fragoso es profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. JuárezDialoga la ha invitado a colaborar por su trabajo como investigadora, así como por su compromiso social desde la academia y en lo personal. Para JuárezDialoga sin duda es importante tenerle como colaboradora ya que posibilita a los lectorxs comprender esta ciudad desde una perspectiva de género. Julia ha publicado diversos artículos y libros académicos. Recientemente publicó junto con los también académicos del COLEF, Rodolfo Rubio Salas y Luis Cervera Gómez, el libro “Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez”. COLEF y Miguel Ángel Porrúa, 2010.

 

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