LAS VIOLENCIAS. A PROPÓSITO DE LA TOMA DE RECTORÍA DE LA UNAM

Por Julián Contreras A.

Estamos pisando terreno peligroso. La confusión reina entre los y las universitarios de la zona metropolitana  (sintomático de lo que sucede en el resto del país) y los llamados apresurados (¡firmen! ¡firmen!) no han dado pie a una reflexión seria sobre los hechos de violencia denunciados  en la toma de rectoría.

No pretendo dar respuesta a todas las cuestiones que surgen en torno a estos hechos, me remito a hacer algunas consideraciones sobre la postura y las implicaciones de la misma que el periódico La Jornada   ha asumido con respecto la toma de Rectoría en su Editorial, UNAM: ¿a quién sirve el conflicto?, del 22 de abril del presente.

La Jornada  reconoce la existencia de “…intereses que, desde los poderes públicos o empresariales, desean el deterioro, si no es que el desmantelamiento, de la máxima casa de estudios a fin de ampliar el espacio de los negocios educativos privados.” Así mismo reconoce que han existido en la UNAM  “…tendencias autoritarias, represivas y sórdidas del poder.”  

En efecto, se reconoce la existencia de un conflicto entre los que están a favor de la privatización de la educación que impartela UNAMy los que se oponen.

El reconocimiento de este conflicto hace necesario identificar que actores están de un lado y quienes del otro, con el objetivo de poder determinar quienes implementan, o no, acciones violentas y de que tipo.

La editorial de La Jornada nos plantea que la institución y, en consecuencia, quienes la dirigen, operan de manera correcta, “…la UNAM es una de las pocas instituciones que se mantienen leales a su espíritu fundacional y que operan en la forma debida…”

Esta premisa que sustenta toda la argumentación contra la toma de rectoría no queda clara  y no permite entender bien a bien que es operar en forma debida, o en que consiste el espíritu fundacional, dejando abierto el camino a la interpretación. Para no rehuir este reto, interpreto que el deber al que muy probablemente se refiere no es otro que el de tratar de mantener la neutralidad frente a la pluralidad ideológica que le es propio a todo espacio universitario que se jacte de serlo, ese es el discurso universalista que dio origen a las universidades.

A mi parecer, la premisa anterior es falsa en tanto que es imposible la neutralidad y la acción a partir de un deber ser kantiano; las instituciones y sus representantes están posicionados ideológicamente y actúan en consecuencia. Es falsa la operación con base a un supuesto deber, en tanto que existen suficientes elementos para demostrar que se actúa conforme al interés. Efectivamente, distintos rectorados, incluido este, han abonado al proceso paulatino de privatización de la educación pública enla UNAM (lo que la aleja de su espíritu fundacional) y a la implementación en los últimos años de políticas policíacas en los espacios universitarios, encaminadas a disuadir la participación política del estudiantado. Prueba de ello son las reformas a los sistemas curriculares que de manera unilateral se implementan, la incorporación de capitales privados en la investigación, cobros por servicios administrativos, proceso de elitización del estudiantado aceptado, restricciones para el uso de los espacios comunes, campañas abiertamente de estigmatización y vigilancia de aquellos que cuestionan la antidemocracia universitaria o que reivindican demandas estudiantiles y/o sociales.

Así mismo, la participación del rector Narro Robles en espacios que impulsan la privatización de otros sectores de  la economía, reconociendo y aplaudiendo esos esfuerzos, nos dan una idea de sus posturas con respecto a las políticas económicas que implementa el actual régimen. A este respecto, recuerdo la ingeniosa protesta que estudiantes de la facultad de Ingeniería realizaron frente al actual rector quien hace unos meses acompañaba a una diplomática inglesa y al ex candidato presidencia priísta Francisco Labastida en un foro sobre la reforma energética, donde se hablaba de las grandes virtudes de la inversión privada en PEMEX; se levantaron decenas de estudiantes de entre el público, gritando consignas en contra de ese tipo de políticas y leyeron un posicionamiento al respecto, la caras de incredulidad de los asistente valía el esfuerzo de estar a temprana hora coordinando esa acción.

Pero volviendo al punto,     en la editorial se cuestiona que : ” [Los estudiantes] han optado por recurrir a formas de presión que, a la luz de sus propias demandas, carecen de justificación y de sentido…” esto, a decir de La Jornada, en tanto que los canales institucionales (que posteriormente ratificaron la expulsión de los estudiantes) estaban operando, “de forma debida”    y que “la reforma al plan de estudios mereció la instalación de una mesa de diálogo.”  

En efecto, si consideráramos que la rectoría es imparcial o neutral en este conflicto, tendría sentido la argumentación anterior, pero no es el caso, la rectoría y las direcciones de los CCH´s impulsan una reforma que ha movilizado a miles de estudiantes, maestrxs y padres de familia para discutir el contenido que lejos está de ser del agrado de todos y todas las involucradas, y menos cuando los márgenes de participación en su elaboración son estrechos, y generalmente a posteriori. Quienes la impulsan argumentan progreso, quienes la rechazan ven desmantelamiento de la educación pública.  Así pues, la justificación y el sentido de las acciones de presión política, no se descalifican “a la luz de sus propias demandas”, al menos no  con este argumento. Dada la parcialidad de las autoridades, ningún activista se puede dormir en sus laureles. La mesa de diálogo puede ser la respuesta, aunque no necesariamente, de una presión política que puede ejercer distintos niveles de violencia y que nunca garantiza que las demandas de los estudiantes serán atendidas y resueltas conforme a sus intereses dado que el aparato burocrático impulsa los suyos propios.  (ej. de ello, en el presente, lo encontramos en los diálogos con los zapatistas, maestrxs de Oaxaca y Michoacán, Comuneros de Cherán o estudiantes de normales rurales que históricamente han recurrido a esta forma de presión política para ser escuchadxs y considerados por la autoridad establecida, no siempre con éxito y muchas veces con resultados fatales, producto de la violencia represiva del estado).       

En este mismo sentido, La Jornada considera como injustificada la toma, no con el argumento de si es violenta o no, sino porque supuestamente la toma fortalece una posición pro privatizadora al dirigirse contra una autoridad que se mantiene dispuesta al dialogo, (signo de su apertura y progresismo). En efecto, en el discurso hay disposición al diálogo, apertura y progresismo, pero en los hechos la realidad es otra,  la rectoría actual, como lo hemos mencionado es tan pro-privatizadora como las anteriores e implementa mecanismos represivos, que si bien no son visibilizados por los medios, no dejan de estar ahí. El planteamiento implícito de La Jornada es que tenemos una única opción: elegir el mal menos peor, entre un social-liberal y un neoliberal, es decir, entre privatización de la educación paulatina o de manera  inmediata.

También La Jornada considera como fortalecedor de posiciones pro privatizadoras “la confusión –que pareciera deliberada– entre el espíritu universitario y prácticas porriles como las que han venido empleando los descontentos del CCH Naucalpan.”  La existencia de actos violentos por parte de los inconformes del CCH Naucalpan no da lugar para equiparar esta violencia con la ejercida por los grupos porriles, financiados y/o protegidos por las mismas autoridades de los planteles educativos de la UNAM. Quienes confunden estas dos violencias, no son capaces de ver la complejidad del conflicto. La clave  para no confundirse está en  dar un paso a valoraciones políticas, la justificación o el repudio a la violencia ejercida por los estudiantes a partir de criterios políticos: ¿es o no pertinente su actuar en la lucha? ¿que gana el movimiento estudiantil con esa acción? ¿Cuáles son los costos políticos?, etc…  salir del reduccionismo de las valoraciones meramente morales, que descalifica la violencia per se (“toda la violencia es mala”) nos pondrá en condiciones de discutir a la luz de la razón y no de los voluntarismos o la moralina.  Son dos violencias diferentes, que no se pueden medir con la misma vara.  Hablar del espíritu universitario, no es más que volver al kantismo y su deber ser,  que como hemos dicho, no hay tal, sino intereses de los distintos actores en pugna en el escenario universitario.    Insistimos, con o sin confusión, las posiciones proprivatizadoras ya están instauradas enla UNAM.

La editorial de La Jornada termina con el siguiente llamado:” El diálogo y el entendimiento deben prevalecer en el campus, pero sin violentar el funcionamiento de la Universidad.”

La Jornada, continuando su argumentación kantiana, concluye con un imperativo categórico, que nada le pide a la Torah, o los 10 Mandamientos, tanto en su conservadurismo como por el reduccionismo de la vida social. El miedo a la violencia ejercida por los estudiantes reclama una editorial para deslegitimarla a partir de criterios morales y no políticos. La violencia de las autoridades universitarias y sus grupos de choque pasa desapercibida. Entonces no importa que nos violenten nuestras autoridades y maestrxs, porque ¡podría ser peor!. ¿No es esto una forma de legitimar la violencia de los de arriba contra los de abajo?

Hasta aquí, no he valorado políticamente la violencia presente en la toma de rectoría, de manera intencional no lo he hecho, porque considero que las valoraciones políticas requieren de un espacio amplio de carácter asambleario, democrático, plural y con madurez de los grupos estudiantiles movilizados. Pero si me interesa contribuir a este debate, planteando que se hace necesario abordar las otras violencias que pasan invisibilizadas y que no permiten comprender bien a bien la que se presenta en CCH Naucalpan. Dejo algunas preguntas en el aire. ¿La violencia de la toma, parte de criterios políticos o morales?¿Quienes la descalifican moral o jurídicamente, tiene la misma valoración para las violencias institucionales?

En Chihuahua tuvimos la fortuna de contar con los aportes de un compañero que lucidamente reflexionó sobre las violencias en el contexto de la mentirosa “guerra contra el narco”, les comparto una entrevista que creo puede ayudar: http://www.youtube.com/watch?v=01isSJtlSXs

¡Que vivan los estudiantes!

JuárezDialoga ha invitado a Julián Contreras Álvarez por su compromiso con las causas justas. Julián es un luchador social integrante del Frente Plural Ciudadano. Es egresado de literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

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