El pasado primero de noviembre fueron detenidos 29 activistas de diversas organizaciones políticas, artísticas y sociales de Ciudad Juárez; entre ellos había artistas, profesores y estudiantes universitarios, dos médicos, una psicoterapeuta y dos periodistas. Fueron sometidos con lujo de fuerza por la policía municipal, cuyo jefe, Julián Leyzaola, dispuso la actuación de alrededor 150 agentes y 25 unidades motorizadas, lo que constituye un despliegue de fuerza desmesurado para enfrentar a un contingente de treinta personas. Los presuntos responsables habían salido a la calle a realizar una marcha pacífica y a pegar nueve mil cruces de papel como una ofrenda a las víctimas de muerte violenta en la ciudad. El grupo de activistas marcharían hasta el centro de la ciudad donde el evento culminaría con una obra de teatro.
Sin embargo, lo que había sido planeado como acto luctuoso, cuyo objetivo sería conmemorar a los caídos en el día de los Santos Inocentes, tomó un giro inesperado cuando se presentó la policía y empezó a provocar a las y los manfiestantes. Los videos que han circulado en Internet muestran la rudeza con la que los agentes policiacos, la mayoría de ellos portando armas largas, se trenzaron cuerpo a cuerpo con algunas de las integrantes del colectivo Las Moradas, un grupo de artistas que entre otras actividades suele realizar talleres con niñas y niñas en zonas de alta vurnerabilidad. También muestra cómo los agentes agredieron a activistas de larga trayectoria y reconocimiento como Pedro Mireles. En ese documento gráfico se puede ver a Mireles ir de un lado a otro conminando a los agentes a que quiten las manos de las jóvenes activistas diciendo: “decencia, respeto; exigimos decencia y respeto”. Se puede ver también cómo un grupo de mujeres policías someten a la maestra Mercedes Sáenz, primero esposándola y luego subiéndola a empellones a una pick-up. También puede apreciarse cómo la universitaria Michelle Barraza, estudiante de trabajo social, es obigada a bajarse de su automóvil; ya esposada, es obligada a subir a una patrulla.
Más tarde, otro grupo de activistas fue apresado mientras se manifestaba en la afueras de la estación de policía a donde fueron remitidos los primeros detenidos. Este segundo episodio, narrado por varios testigos, llama la atención pues arroja luz sobre el carácter abusivo y deliberado de la actuación de la policía municipal. Una comisión de cinco personas integrada, entre otros, por un médico y dos abogados, se encontraba en el interior de la estación de policía intentando dialogar con el juez de barandilla. En cierto momento escucharon voces que gritaban en clave, lo que produjo una gran movilización de policías que salieron de todas partes, algunos de ellos deslizándose por tubos al estilo de los bomberos. Estos agentes salieron a la calle y detuvieron a algunos de los manifetantes. Una vez en el interior, los golpearon y agredieron verbamente en forma soez. A Julian Contreras, un conocido activista del Frente Plural Ciudadano, le propinaron varios puntapies en el rostro. Los abogados y los otros integrantes de la comisión fueron obligados a tirarse al piso. Fueron obligados a permanecer bocabajo y también fueron agredidos verbalmente. Al final, algunos integrantes de la comisión, entre ellos el honorable doctor Jesus Jiménez, fueron encarcelados también. Los abogados Elizabeth Flores y Francisco Chávez pudieron salir de la estación de policía después de presenciar la manera inescrupulosa y violenta con la el segundo grupo de activistas fue internado en la estación de policía.
Los relatos que han surgido de los detenidos y sus representantes legales hablan de los modos y costumbres de una corporación cada vez más desprestigiada ante los ojos de la ciudadanía. Algunas de las detenidas fueron puestas de rodillas durante una hora. Durante ese lapso, sus custodios las insultaron y torturaron psicológicamente. A otros los amenazaron con fincarles delitos fabricados. Y a quienes estaban golpeados o requerían atención médica debido a algún padecimiento preexistente se les negó la atención médica. Cabe resaltar que entre los detenidos había algunas personas de edad avanzada.
Lo acontecido en Ciudad Juárez esta semana no es un zafarrancho entre policías y un grupo de jóvenes pendencieros, sino un acto de represión deliberada, cuyo diseño tuvo como objectivo disuadir la movilización y vetar el espacio público a la movilización social. Quien encabeza esta embestida a nivel local es un hombre con un expediente turbio; desde su gestión al frente de la policía de Tijuana a Julián Leyzaola le persigue la fama de torturador. El trato a los detenidos no es solamente el producto de la torpeza y la bravoconería de los limitados agentes policiacos locales, sino el reflejo de una política de seguridad pública encaminada a socavar, más aún, los derechos humanos en una ciudad, cuyos habitantes buscan construir liderazgos alternativos.
Hace justamente un año un agente de la policía federal balaceó al estudiante de sociología Darío Alvarez Orrantia; en esa ocasión Pedro Mireles, el activista que ahora iba de un lado para otro exigiendo decencia e intentando arrancar estudiantes de las garras de los policías municipales, sostuvo al joven estudiante herido. En los brazos amorosos y solidarios de hombres como Pedro Mireles y en la imaginación y trabajo de colectivos de arte como Las Moradas es donde descansa la posibilidad de darle un rumbo nuevo a Juárez y al país, y no en políticas represivas como la del actual gobierno. Una amplia alianza de activistas, artistas, intelectuales, universitarios, médicos, empresarios y ciudadanos debería alzar la voz y exigir la destitución de Julián Leyzaola, antes de que sea demasiado tarde.
JuárezDialoga ha invitado a Willivaldo Delgadillo a colaborar por su amplia trayectoria como activista social en la región fronteriza de Ciudad Juárez. Escribió y publicó la novela La virgen del barrio árabe; y es integrante del Movimiento Pacto por la Cultura. También, Willivaldo es profesor de la Universidad de El Paso, Texas.
