LA UACJ Y EL COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

Roberto SaenzPor: Roberto Sáenz Huerta

Ante la inaplazable elección de rector en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, considero que me asiste el derecho a opinar sobre el actual proceso. La UACJ es parte de mi vida desde 1998, cuando ingresé a estudiar la carrera de derecho, luego como estudiante de posgrados (maestría y doctorado), maestro por honorarios y abogado adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, son veinte años en que, deambulado por sus edificios y aulas, escuchando o impartiendo algunas clases, me embebí de la vida universitaria.

En este sentido, la presente reflexión la cual hago desde la trinchera que he defendido desde mi ingreso a la UACJ como abogado adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y no es otra cosa que el respeto a los derechos humanos y la legalidad.

Una vez revisadas las diferentes propuestas de los tres grupos con posibilidades para colocar en el centro del poder universitario a uno de sus miembros, noto la ausencia de un proyecto claro sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos al interior de la UACJ y la formal adhesión a la “Carta Compromiso para la difusión y aplicación de los principios constitucionales en materia de derechos humanos en la comunidad universitaria”.[1]

La reforma constitucional de 2011, reformo el artículo primero de la constitución política mexicana en este sentido: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El precepto constitucional citado, es un producto de la historia pues los derechos humanos son constructos sociales que se han desarrollado a lo largo del tempo histórico que tiene como motor la pugna dialéctica entre la autoridad y la libertad. Los derechos humanos se asientan en la lucha por limitar el poder político y proteger la esfera de derechos y libertades del ser humano de la actividad estatal.

La reforma constitucional obliga a las universidades, en el marco de su propia autonomía, llevar a cabo las reformas necesarias que garantice el cumplimiento del mandato constitucional. Esto es debido a que la responsabilidad institucional y social implica asumir los derechos humanos como eje rector del desarrollo de la vida universitaria. Por lo tanto, las universidades deben contar con los instrumentos para ejercer la defensa y protección de los derechos humanos.

Uno de los problemas que he detectado para hacer eficaz dicha reforma al interior de las universidades, es la falta de voluntad para adecuar la legislación universitaria a los parámetros constitucionales. Para explicar lo anterior es necesario informar que, en un esfuerzo conjunto, entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), llevó a la firma de una carta compromiso en materia de derechos humanos.

En este marco, diversas universidades signaron la “Carta Compromiso”. Entre sus compromisos, está “el impulsar, o fortalecer su funcionamiento si ya existen, de defensorías, mecanismos o instancias de protección de derechos humanos dentro de su comunidad universitaria“.[2] Con ello, no solamente se obligan a instaurar órganos defensores de los derechos humanos (en el caso que no existan), también están obligadas a la adecuación de su normatividad interna con los estándares constitucionales en materia de derechos humanos.

Lo anterior ha generado una dinámica de avances y retrocesos, debido a que las universidades firmantes están inmersas en una dicotomía al poner en cuestión una serie de prácticas arbitrarias que forman partes del ethos universitario. Así, escudándose en la autonomía universitaria, se violan sistemáticamente derechos humanos, como el despido de docentes o la expulsión de estudiante sin respetar el debido proceso legal, el cual, en la mayoría de los casos, prevé la legislación universitaria pero la falta de ecuanimidad de los detentores del poder hace que sea sólo letra muerta.

La inserción de órganos protectores de los derechos humanos al interior de las universidades es una afectación directa a los intereses de ciertos grupos políticos, los cuales, enquistados en la burocracia universitaria, ven con recelo cualquier intromisión en sus cotos de poder. Por ello, ha sido muy difícil avanzar en la reforma constitucional de derechos humanos, que en el caso de la UACJ es el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

El otro problema es la resistencia por reformar un vetusto corpus jurídico universitario que no responden a las dinámicas actuales que se desarrollan en la universidad.  Para explicar mejor esto es necesario citar la propuesta de la DDU al Consejo Universitario, la cual consistía en reformar a los diferentes reglamentos universitarios[3]. Esta propuesta parte de la experiencia acumulada por años de trabajo, donde la defensoría detecto la problemática de no poder dar cauce legal a diferentes situaciones. Uno de estos problemas es la violencia sexual, donde las salidas son la arbitrariedad y la impunidad, algo nada sano para la vida universitaria.

Entre las propuestas esta la promulgación de un protocolo de atención a la violencia sexual, la reforma al Reglamento de Deberes, Responsabilidades y Sanciones de los Integrantes de la Comunidad Universitaria, la reforma al Reglamento de Elecciones, la promulgación de un nuevo Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios entre otros. Esta propuesta no encontró eco en el Consejo Universitario y fue rechazado por la actual administración. Al parecer una legislación ambigua, contradictoria y llena de vaguedades es la propicia para una universidad donde impera la máxima: a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas.

El marco jurídico universitario se debe ajustar a los parámetros constitucionales en materia de derechos humanos, donde el principio pro-persona es toral en la consecución de la sana convivencia universitaria. Al ser los derechos humanos parte de la vida universitaria se garantiza en mucho el espíritu con el que se crearon las universidades, un espacio donde es posible la libre catedra, la libertad de investigación, la libre manifestación de las ideas, lugares libres de intereses religiosos o políticos. Por tanto, la adecuación a los derechos humanos es también una garantía a la autonomía universitaria, mal entendida y mal aplicada a lo largo de la historia de la UACJ.

En la universidad convergen vino viejo y nuevo, por un lado, están los universitarios que no pueden entender una universidad que cuestione sus privilegios y limite sus fueros, otros que, si bien tienen una visión moderna de la universidad, no escapan de la cultura patrimonialista, punto de convergencia entre los dos vinos. Por ello es más fácil una concertación entre los diferentes grupos en pugna por el poder y aplazar la transición a una universidad de leyes y no de voluntades, una universidad de derechos y no privilegios, donde impere el merito y no la adulación.

En este proceso electoral en que muchos están alineándose a los grupos con posibilidades para la rectoría, hace vigente el pensamiento de los genios del renacimiento, Nicolás de Maquiavelo decía que siempre es mejor abrazar un partido que permanecer neutral.  En este orden de pensamiento Dante Alighieri manifestaba que los confines mas oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral.  Siguiendo como máximas estos pensamientos todo indica que se debe prestar adhesión a uno de los grupos en disputa por el poder para dar legitimidad a su proyecto. Al no hacerlo, el eventual triunfo de uno de ellos llevaría a expulsar a los tibios como el texto sagrado indica.

Ante estas circunstancias donde no decido libremente sino prisionero del momento histórico, lo único que me resta es mantenerme en la trinchera de la defensa de los derechos humanos, que desde la Defensoría se ha realizado desde su creación hasta la fecha, limitando las arbitrariedades de docentes y funcionarios, espacio que respeto la institución del rector, pero cuestiono el culto a la personalidad y señalo las actuaciones al margen de la ley. Lugar que defendió los derechos laborales de docentes y administrativos pese al falaz argumento de no ser competente para ello. Esto no ha gustado a muchas personas que están reagrupadas en los tres proyectos a la rectoría, y una vez con el traje de luces difícilmente veo que su postura cambie, así que puedo ser testigo de como de un plumazo desaparezca el único contrapeso a la arbitrariedad, o se instale una persona que sea servil a los intereses del grupo en el poder. Lo mejor que podría suceder es que el grupo que consiga la rectoría, empujado por el espíritu democrático realicen las reformas necesarias para que los derechos humanos sean una realidad al interior de la universidad, cumpliendo con el compromiso institucional al firmar la “Carta compromiso” y por consecuencia con el mandato constitucional de 2011.

Roberto Saenz Huerta, abogado con estudios de postgrado en ciencias sociales. Sus temas de trabajo son los derechos humanos, la historia y la participación ciudadana.

[1] Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Noticias. [Consulta: 12 de enero de 2018]. Disponible en: http://www.anuies.mx/noticias_ies/promueven-anuies-y-segob-principios-constitucionales-en-materia-de.

[2] Esta carta fue firmada por diversas universidades entre ellas la UACJ, pero no he encontrado algún medio de comunicación que haya informado a la comunidad universitaria sobre este trascendental hecho, cosa que en la UACH si tuvo efecto. Ver.  Universidad Autónoma de Chihuahua. Noticias. [Consulta: 12 de enero de 2018] Disponible en: http://www.uach.mx/noticias/carta_compromiso_uach_anuies/.

[3] Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Defensoría de los Derechos Universitarios. [Consulta: 12 de enero de 2018] Disponible en: http://www.uacj.mx/ddu/Documents/NOVENO%20INFORME%2022%20DE%20FEBRERO%20DDU.pdf

Comparte!