MIGRANTES CENTROAMERICANOS Y EL TRABAJO DE SUS DEFENSORES EN MÉXICO

La noche que fue interceptado al bajar de su automóvil, Alberto Xicoténcatl Carrasco llevaba veinticinco meses documentando amenazas y agresiones en contra de buena parte de los voluntarios y colaboradores de la Casa del Migrante de Saltillo, que dirige desde 2008. Primero recibieron llamadas durante días, con intervalos de cinco y diez minutos, en las que sólo escuchaban el monitor de un ritmo cardiaco que invariablemente terminaba con el zumbido de la línea fatal. Después irrumpieron al albergue para robarles computadoras donde guardaban sus archivos, y provocaron averíos en uno de los carros oficiales que casi cuesta la vida a quien lo condujo las horas siguientes. También fueron infiltrados por falsos migrantes y agentes de gobierno que los intimidaron de manera directa; luego comenzaron a rondarlos grupos armados a bordo de camionetas lujosas que -al menos en una ocasión- los encañonaron al salir del edificio en presencia de agentes de la policía estatal. El abogado, una de las religiosas y otro empleado del centro habían corrido los días previos la misma suerte del asalto, en donde únicamente fueron despojados de su teléfono celular e identificaciones personales, igual que Xicoténcatl, quien tras todo ello no duda en afirmar que se trata de una racha debidamente planeada para robarles información que compromete a la autoridad y al mismo tiempo desalentarlos de su encomienda, como la mañana del treinta de diciembre, cuando volvieron a emplear la línea telefónica para advertirles: “Se los va a cargar la chingada”.

La razón para tal nivel de hostilidad es clara para los trabajadores de esa y otras casas de migrantes del noreste: sin quererlo, ellos constituyen la amenaza más seria para autoridades y criminales beneficiados con el secuestro, extorsión, trata y asesinato de humanos en tránsito hacia Estados Unidos.

“Hay una negación de todos los horrores que viven las personas migrantes por parte del Estado mexicano-dice Xicoténcatl. Pero no sólo eso: nos han acusado de inventar cifras y nombres y por ello mismo comenzamos a denunciar, no a la delincuencia organizada, porque eso compete a una autoridad en específico, pero sí a algo que compete al tema de los derechos humanos, la colusión -por omisión o comisión- de las instituciones y servidores públicos de todos los niveles de gobierno en los casos que hemos documentado”.

Por años los migrantes centroamericanos fueron vistos como botín por ejidatarios, pandilleros y policías que operan en la frontera con Guatemala. Pero el nivel de agresión fue elevándose con el tiempo, hasta que a comienzos de la década anterior se llegó al salvajismo de arrojarlos del tren en movimiento si no pagaban por ocupar un lugar impreciso sobre el techo de los furgones. La cantidad de mutilados que dejó esa práctica mantiene constantemente saturado el albergue El Buen Pastor, fundado ante tal escenario por Olga Sánchez Martínez, una mujer de 53 años cuya vida guarda las mismas tragedias que la de sus refugiados. Los migrantes no sólo enfrentaban a los extorsionadores del ferrocarril, conocido como La Bestia, sino a gavillas esparcidas por colinas y bosques que los despojaban violentamente del dinero o la vida, y violaban indistintamente a mujeres y hombres. Lo peor para los migrantes, sin embargo, llegó en 2007.

La declaración de “guerra” contra el narco hecha por Felipe Calderón produjo efectos inmediatos en los estados donde se llevó a cabo. Los homicidios y desapariciones forzadas aumentaron exponencialmente. Las células criminales perdieron en pocos meses capacidad financiera y recurso humano. Entonces los centroamericanos que buscaban llegar a los Estados Unidos vieron crecer su estatus como mercancía. No sólo podía sacarse dinero secuestrándolos, sino explotando a mujeres y hombres en la industria del sexo y el trabajo forzado. Y junto con ello se disponía también de una masa cautiva para renovar a sus miembros asesinados. El negocio millonario que generó esta nueva condición atrajo autoridades de otro nivel. En 2010, Hayden Vázquez Medina, el sacerdote encargado del Hogar de la Misericordia, en Arriaga, el municipio chiapaneco localizado a las puertas del Istmo de Tehuantepec, dijo que la policía federal y los agentes de migración se habían colocado a la cabeza de la pirámide criminal. Personalmente acompañó a cientos de víctimas para denunciar los casos, pero nunca hubo interés real por iniciar averiguaciones. “Es algo que ha pasado siempre, algo que sabemos: Migración está coludida con la delincuencia organizada”, concluyó entonces, enardecido por el vacío de justicia.

Chiapas, y eventualmente todo el sureste mexicano, sirvió para tejer la red criminal con los estados de la frontera norte, sobre todo Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se encuentran las rutas tradicionales de la migración centroamericana. En la Casa del Migrante de Saltillo comenzaron a llegar entonces niños, mujeres y hombres con historias cada vez más terribles de su travesía por México.

“Empezamos a registrar casos de gente que en los lugares donde había sido secuestrada era torturada y otra más ejecutada. Teníamos casos registrados de niños, de mujeres embarazadas. Y después esto comenzó a crecer en violencia”, dice Xicoténcatl, sentado en el vacío de su oficina, al fondo del albergue, donde permanentemente observa tres monitores Samsung conectados a doce cámaras de circuito cerrado que cubren el perímetro y acceso principal del albergue.

El director es un hombre de treinta y tres años que conserva mucho de su apariencia adolescente, de rasgos finos y breves como su cuerpo que apenas roza el metro con sesenta. Pero él, junto con el medio centenar de voluntarios y trabajadores del albergue, también cambió de estatus, como los migrantes, cuando del registro informal de testimonios pasaron a la documentación formal y comenzaron, en 2010, a ventilar los casos de manera pública.

En Coahuila, el gobierno de Humberto Moreira no sólo actuó como bufón de la justicia, dice Xicoténcatl, sino que permitió que funcionarios y actores de otras corrientes políticas, como la del PAN, iniciaran una campaña de desprestigio en contra del albergue y los migrantes, en quienes fincaban todos los males sociales. Halló el mismo vacío en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Es por ello que buscó reunirse con organizaciones civiles y directores de otras casas para migrantes de Nuevo León y Tamaulipas, donde el testimonio de víctimas y hostilidades contra los voluntarios eran parecidos y hasta peores que los suyos. Aliados con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Hermanos en el Camino, el albergue que fundó en 2007 el sacerdote Alejandro Solalinde, expusieron en 2011 los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces fueron tomados en serio dentro del país, no para atender sus reclamos de justicia, sino para endurecer las acciones terroristas en su contra.

“En este tema hay sujetos con nombre y apellido, responsables de que esto sea, de principio a fin, un infierno”, dice Xicoténcatl.

Ese mismo año, el 12 de octubre, el Instituto de Estudios Políticos de Washington los distinguió con el premio internacional de derechos humanos Letelier-Moffitt, por su labor en la protección de migrantes. El reconocimiento es la manera en que se honra la memoria del político chileno Orlando Letelier -quien fue ministro del interior del derrocado presidente Salvador Allende-, y de su secretaria, Ronni Moffitt, la activista política de izquierda con quien murió el 21 de septiembre de 1976, cuando agentes del régimen militar de Augusto Pinochet hicieron estallar el auto en el que viajaban frente a la embajada de Irlanda, en la capital estadunidense, donde vivía exiliado. La Casa del Migrante de Saltillo se convirtió en la segunda organización mexicana en recibir tal reconocimiento, después de que en 1993 le fue concedido al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, abierto en 1989 por el entonces obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz.

En su carta de agradecimiento, el día previo, Xicoténcatl refirió el clima de impunidad con que se conducen criminales y autoridades que violan los derechos humanos de los migrantes, y dedicó el reconocimiento, entre otros, a Héctor Silva, el pastor que construyó Senda de Vida, el albergue de Reynosa próximo al río Bravo, convertido en el último refugio de centroamericanos y uno de los más asediados por interferir con el millonario negocio que significan los migrantes.

“Este reconocimiento es un legado más de legitimidad de un trabajo que sigue siendo cuestionado por algunos sectores de la sociedad y del estado que continúan permitiendo las violaciones a los derechos de las personas migrantes y muestran poco respeto a la vida de sus defensores y defensoras”, escribió sabiendo que en la frontera tamaulipeca han sufrido atrocidades peores a las de ellos, y no se cuentan porque hacerlo puede llevarlos a una tragedia mayor.

Senda de Vida es un albergue pobre y desprotegido, con malla ciclónica por un lado y bardas inacabadas de block por el otro. Su entorno es de calles de terracería y arbustos y hierbas crecidas con las aguas del río. El dormitorio para hombres es un galerón con techo de lámina, caluroso, donde se suceden una tras otra literas fabricadas con madera corriente. A pesar de sus carencias, es el paraíso, el sitio al que todos sueñan llegar. El mes pasado se refugiaron allí mil veinticinco barones y ciento cincuenta mujeres, la mayoría menores de treinta años. Ocho de cada diez presentaron contusiones severas en el cuerpo. Los golpearon con cables y tablas mientras estaban presos en casas de seguridad. En el caso de las mujeres, casi todas presentaron rastros de violación sexual. Fueron los privilegiados: otra cantidad similar fue atrapada antes de tocar la puerta.

Ángeles Caballero es la administradora del refugio. Le cuesta hablar con detalles sobre el tema. Tiene miedo, como todos. Pero hay cosas que no pueden callarse. Ese día, por ejemplo, llegaron cuatro hondureños muy lastimados. Los cuatro fueron detenidos por agentes de la Policía Federal, que los entregaron al guía, el enganchador. La secuencia de tortura fue inevitable.

“Algunos logran escapar y te la cuentan –dice Ángeles, perturbada al paso de las horas. Muchos otros desisten de cruzar y se entregan a las autoridades migratorias a través nuestro. Y la mitad no llega. Desaparecen al entrar en la ciudad. Llegan con infiltrados. Los meten en casas de seguridad. Muchos hablan de muertos… la autoridad es una figura ausente”.

La única razón para que opere una red tan vasta, por casi dos mil kilómetros de carretera, desde la frontera con Guatemala hasta Reynosa, es la participación de una fuerza federal.

En 2008, Abraham Méndez, un guatemalteco de treinta y siete años y padre soltero de una niña, ofreció un testimonio preciso sobre la manera en que funciona la empresa criminal. El ferrocarril que abordaron en Arteaga frenó al llegar a Las Chopas, muy cerca de Coatzacoalcos. Los maquinistas eran parte de la estructura, como lo era el grupo de veinte hondureños que abordó al contingente para decirles que a partir de ese momento ellos serían sus guías hasta la frontera con Estados Unidos. Sometieron a golpes a quienes se negaron seguirlos. Todos fueron trepados en un camión de carga, que cruzó retenes de la Policía Federal y de Migración sin problemas. Ellos también eran parte del equipo.

Llegaron a Reynosa dos días después, a una casa de dos plantas, “lujosa y con vidrios polarizados”. Adentro había por lo menos otros doscientos cincuenta migrantes, vigilados por personas armadas. Uno a uno era torturado para sacarles números telefónicos de familiares, a quienes exigían dinero a cambio de liberarlos. Méndez les dio el de su hermana, en Guatemala. La hermana dejó la decisión en manos de sus captores. No tenía dinero para darles a cambio.

“Me dijeron que corría con mucha suerte, y que me fuera”, contó. Dos mexicanos lo llevaron en camioneta hasta las inmediaciones del albergue que administra Ángeles, ocho días después del secuestro.

La cifra de dinero que exigen por la liberación de cada uno oscila entre los trescientos y tres mil dólares, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes. El promedio de migrantes que llega a Senda de Vida es de quinientos por mes, y ellos representan apenas un porcentaje del total. Así que es fácil imaginar la fortuna que puede sacárseles tan sólo en una ciudad, de las muchas por las que atraviesan, y entonces hacerse de una idea más o menos concreta sobre los intereses que ponen en riesgo trabajadores y voluntarios de los refugios. De ahí las amenazas y agresiones impunes.

“Nos sabemos vigilados, día y noche-se atreve a decir Ángeles desde la pequeña oficina en la que despacha. Sabemos que dan vueltas, pero no han entrado todavía al albergue, como ya lo hicieron en otros que conocemos. También los soldados y los federales nos rondan, pero de alguna manera ellos inspiran más confianza que los municipales, que están más coludidos. Sentimos la presión y el miedo que cualquiera puede sentir cuando es observado. No nos hemos acostumbrado a que lleguen camionetas y bajen personas a tomar fotos y hacer apuntes en sus cuadernos”.

En marzo de 2011, Patricia Villamil Perdomo, entonces cónsul de Honduras en Chiapas, aprovechó su intervención durante un congreso internacional sobre género y migración para denunciar la explotación sexual de la que eran víctimas coterráneas suyas en bares y prostíbulos de ese estado. Eran enganchadas en pueblos y colonias miserables, donde les prometían trabajo en casas o restaurantes mexicanos, dijo. Pero igual que había pasado con sus denuncias previas ante autoridades y medios de información, Villamil vio caer al vacío sus palabras. Lejos de desanimarse, trabajó en convencer a las víctimas –muchas de ellas menores- para acudir ante autoridades judiciales y obligar así una investigación. Como respuesta fue amenazada de muerte, y el 17 de junio de ese mismo año la cancillería anunció su destitución, “para proteger su vida”.

Lo dicho por Villamil distaba mucho de ser una revelación. Los hondureños aparecen como enganchadores en la mayoría de los relatos de centroamericanos plagiados en México desde 2007. Son parte operativa de una estructura enorme que termina en la frontera de Tamaulipas con Texas, a casi tres mil kilómetros de distancia de Tegucigalpa. Se desplazan por la red carretera sin preocupaciones, a menos que avisten un retén militar. Suelen infiltrarse en albergues para seleccionar a sus víctimas, vigilados desde afuera por sus jefes mexicanos o agentes de policía: municipales, estatales, federales. La impunidad es factible por la fortuna que les prodiga el negocio. De acuerdo con los Informes Especiales sobre Secuestro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cada seis meses unos diez mil migrantes son víctimas de este delito. El primero de esos informes fue publicado en 2009, sin que hubiera reacción del gobierno federal. Ello sucedió un año más tarde, tras la primera masacre de 72 migrantes en San Fernando.

Seguir la ruta directa hacia Matamoros y Reynosa se había convertido desde antes en una aventura en la que las posibilidades de ser capturados por células de la delincuencia organizada o policías corruptos eran enormes. Muchos preferían por ello desviarse un poco, hacia Monterrey, y evadir la costa del golfo, que los obligaba a cruzar San Fernando. El problema es que la zona metropolitana de Monterrey es otro hervidero.

Ese desvío masivo de centroamericanos motivó en 2008 al sacerdote Luis Eduardo Villarreal para abrir Casa Nicolás, a dos calles de su parroquia, en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Guadalupe, la ciudad que colinda al este con Monterrey. El padre se guió por un principio humanitario, lo mismo que su equipo de colaboradores. Pero en el instante que abrieron sus puertas entraron también las amenazas.

“Se nos metieron falsos migrantes, la mayoría de origen hondureño, que entraban sólo a observar, a fungir como enganchadores de la delincuencia organizada-cuenta Alejandro Ramírez, el coordinador de proyectos de Casa Nicolás. Ellos fueron los primeros que amenazaron a los voluntarios. Amenazas de muerte. Y muchos somos vigilados desde que entramos hasta que salimos. Saben los horarios en los que nos movemos. Todos sufrimos ese nivel de acoso”.

Mientras habla, sentado al filo de una silla vieja en uno de los cuartos de la casa habilitados como oficina, una veintena de migrantes aguarda paciente a que abran la puerta. Faltan quince minutos para las cinco, y a esa hora podrán ingresar. Así se encontraba otro grupo el miércoles tres de julio de 2012, cuando arribaron unos sujetos en una camioneta, armados con fusiles de asalto, para llevarse a tres hondureños de 17, 20 y 29 años. Los habían estado rondando desde temprano ese día. Por eso, al llegar, se abrieron paso entre todos y se dirigieron directamente a ellos. Se presentó denuncia formal del hecho. Alejandro dice que nadie de ellos sabe si la policía inició una investigación.

El municipio de Guadalupe concentra algunas de las colonias más violentas de la zona metropolitana y desde 2009 se convirtió en escenario de enfrentamientos armados. Parte del problema fue la corrupción del cuerpo de policía, cuya comandancia, al lado de la presidencia municipal, fue atacada con granadas a comienzos de 2011, año en el que también fueron abandonados allí mismo cuerpos decapitados con mensajes de advertencia contra la entonces alcaldesa Ivonne Álvarez, una antigua conductora de radio y televisión que hoy es senadora de la República. El lugar donde se localiza Casa Nicolás es conocido como Tres Caminos, al que la población identifica mejor como nido de criminales.

“La casa está totalmente vigilada-dice Rosy García, la coordinadora de vinculación. Este es un territorio Zeta. Y bueno, con los reacomodos que han estado generándose, los migrantes son el botín del que quieren agarrarse para ir sustituyendo a toda la gente que va cayendo en sus conflictos”.

Rosy es licenciada en Relaciones Internacionales. Suele acudir como voluntaria a Casa Nicolás dos o tres veces por semana, sintiendo el peso de los ojos que la observan. “Es un ambiente intimidante, hostil. Pero al menos quienes estamos aquí creemos que es importante seguir haciendo nuestro trabajo, tomando obviamente las precauciones que podamos hacer, como por ejemplo mantener una vinculación estratégica con otras organizaciones, cuenta.

Apenas se abrió la puerta, un par de jóvenes pidieron hablar con ella. Uno de ellos era hondureño. Le dijo que desde temprano comenzaron a seguirlos unos sujetos a bordo de una Cherokee roja. Y que han vuelto a verla rondando la casa. Antes de la camioneta, los mismos sujetos habían estado observándolos dos días antes, parados frente al albergue.

“Por eso son las amenazas-dice Rosy. No es sólo porque Monterrey está en este punto estratégico de zonas donde se disputan la frontera para el trasiego de drogas, personas y otras cosas, sino porque además el migrante es una fuente de dinero para ellos, en forma de trabajo forzado, en forma de poder controlar también la frontera, de quién pasa y quién no. Eso les sirve para la extorsión, el secuestro, el homicidio, el reclutamiento forzado no sólo para el trabajo sino, en el caso de las mujeres, la esclavitud sexual, la trata, el tráfico de órganos. O sea, ya se introduce a la persona a ese espectro de ganancia sucia en la que están involucrados los cárteles. Pero callarse no es una opción. La opacidad no le sirve a nadie”.

A cien kilómetros de distancia, Alberto Xicoténcatl Carrasco atraviesa con paso resuelto el enorme patio que media entre el área de oficinas y los dormitorios en los que han albergado hasta cuatrocientos migrantes en un mismo día. Detiene su marcha y observa hacia la caseta de vigilancia, donde un guardia y dos voluntarios cuidan la llegada de extraños. Lo que ellos ven es lo único en lo que confía. Los monitores Samsung de su oficina fueron colocados hace meses, después de que el procurador del estado les dijo que necesitaba evidencia, al menos fílmica, de que hombres armados y en camionetas rondan el albergue, porque el hecho que lo hagan no constituye delito. La Secretaría de Gobernación se comprometió a brindarles auxilio y mandó instalar las cámaras de circuito cerrado y los monitores. Reportaron un gasto de 250 mil pesos, pero todo fue una pifia: ninguno de los aparatos tiene disco duro, así que nada de lo que captan las cámaras ha quedado registrado.

“Sabemos a lo que nos enfrentamos-dice Xicoténcatl como habla un sacerdote a sus súbditos para consolarlos en la desgracia. Pero nuestra labor seguirá siendo la misma: garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, denunciar la corrupción de las autoridades y para ello la única vía es la documentación. Ellos lo saben, y por eso me queda perfectamente claro por qué aquella noche me pararon para robarme mi celular, igual que como hicieron con mis compañeros”.

JuárezDialoga agradece la colaboración de Ignacio Alvarado Álvarez, periodista originario de Ciudad Juárez comprometido con el periodismo. Este reportaje fue publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/27-02-2013/540648

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