Ciudad Juárez, Chihuahua, 9 de julio de 2014
A las personas y organizaciones solidarias:
A los organismos de Derechos Humanos:
A quien resulta responsable:
Desde 2006 durante el periodo del espurio Felipe Calderón a nivel nacional ha avanzado un estado de militarización que regulariza el estado de excepción continuado en el periodo del ilegitimo Enrique Peña Nieto, atacando lo que debería ser un Estado de Derecho coherente con los Derechos Humanos, esto a través de la falsa “guerra contra el crimen”, apoyado por la Iniciativa Mérida, impulsada por la política imperialista de Estados Unidos. Las actuales policías del país vienen siendo estructuradas bajo la lógica de la militarización, con los fondos de dicha iniciativa y el aumento del gasto del Estado en materia de seguridad pública. La guerra desatada no es para acabar con el crimen, al contrario, por una parte es para monopolizar los negocios ilegales, desde la venta y producción de droga hasta las redes de trata de personas para su explotación laboral, sexual o de órganos; así como para beneficiar las ventas de la industria armamentística. Todo esto por ser los negocios más lucrativos del sistema capitalista decadente que actualmente está en crisis económica, ecológica, humanitaria, en una palabra: civilizatoria. Por otra parte es para controlar a la población inconforme, en estados como Puebla o Chiapas, se han aprobado en meses anteriores las llamadas “Leyes Bala”, que permiten usar municiones reales contra manifestaciones; en el Distrito Federal existe el protocolo de actuación policial de control de multitudes. El uso de la guerra ha promovido la creación de una sociedad sumida en el miedo por los actos terroristas fomentados por las grandes políticas del Estado Mexicano, que en el cambio de régimen ha ayudado a acelerar las llamadas Reformas Estructurales, que significan la entrega de los recursos naturales del país al lucro de los grandes capitales trasnacionales, así como el ataque directo a los derechos sociales y laborales de la población y de las comunidades indígenas.
La lógica de la guerra es el contexto en el que el Estado Mexicano trabaja sistemáticamente para criminalizar a la juventud y a otros sectores de la sociedad. El caso del doctor Mireles, vocero y líder emblemático de las Autodefensas que en Tierra Caliente, Michoacán, se organizaron para enfrentar a cartel criminal de los Caballeros Templarios, es un ejemplo: el Estado Mexicano maniobro dividiendo y corrompiendo una parte del movimiento, hasta poder arrestar a Mireles y al grupo de compañeros Autodefensas que lo acompañaban (siendo la parte del movimiento que públicamente mantuvo su independencia política) con un operativo que nunca se ha movilizado para capturar a la Tuta, jefe de los Templarios. Otro ejemplo es el caso de Israel Arzate, acusado, aquí en Ciudad Juárez, de colaborar en la masacre de los jóvenes de Villas de Salvarcar en enero de 2010; fue inculpado a través de una declaración arrancada con tortura por elementos del Ejército Mexicano, y un montaje de la supuesta camioneta utilizada por él durante ese día. En el mismo contexto ocurre la criminalización de la protesta social, como quedó manifiesto desde el pasado primero de diciembre del 2012 durante la toma de protesta de EPN; Policía Federal, elementos del Estado Mayor Presidencial, policías del Gobierno del Distrito Federal a cargo de Miguel Ángel Mancera y porros golpeadores, actuaron coordinadamente para realizar detenciones indiscriminadas, golpear a los manifestantes y amañar casos judiciales. Son solo tres de los casos hechos públicos, pero hay miles en todo el país que nunca han sido esclarecidos, miles de ejecuciones de gente desarmada tendenciosamente pobre y joven de las que sólo el silencio da cuenta.
Se han hecho comunes las actuaciones de la Policía Municipal de Ciudad Juárez o del Ministerio Público del Estado de Chihuahua que resultan en violaciones a los Derechos Humanos de quienes dicen proteger, así como en procesos penales totalmente irregulares, en donde las prácticas de tortura son la principal herramienta para sus “investigaciones”. Amparados bajo la lógica de la guerra, creen que pueden detener arbitrariamente a quienes deseen por “revisión de rutina”, por su aspecto físico o cualquier motivo que ellxs decidan, para después procesarlos por cualquier delito que en sus respectivas estaciones fabrican. Sus corporaciones les exigen una “cuota” de detenidos diariamente, haciendo de la corrupción y las extorsiones la regla con la que las instituciones de Seguridad Pública miden a sus agentes. Un ejemplo reciente fue lo ocurrido el sábado 28 de junio, cuando la Policía Estatal allanó una fiesta particular en la colonia Partido Romero, en donde bandas locales de rock tocaban y se divertían junto a sus amigxs. Se les acusó formalmente en la Fiscalía General de falta “a la correcta formación de menores”, lo que finalmente, y después de permanecer coartados de su libertad poco más de 36 horas, no se pudo comprobar; al contrario, las dos menores que se encontraban en la fiesta declararon a favor de sus amigos, junto con sus padres y madres quienes les habían otorgado permiso para ir a la fiesta. Los detenidos salieron sin pago ni cargos. Lo indignante de la actuación de la Policía Estatal es el abuso de su fuerza: intimidaron, golpearon, insultaron y robaron tanto dinero como algunas pertenencias a lxs jóvenes que se encontraban en la fiesta y a quienes se acercaron para supervisar su trabajo, sometiendo a estxs últimxs, compañerxs nuestros, sólo por querer anotar el número de placas de las unidades con su celular.
Ante la situación normalizada que vivimos, queremos decir que las actuaciones enérgicas contra el abuso policiaco, las arbitrariedades y las violaciones sistemáticas contra los Derechos Humanos deben ser una de las prioridades de las organizaciones democráticas. Exigimos la resolución a estos problemas. Invitamos a firmar, difundir, movilizarse, denunciar injusticias y luchar por un mundo mejor, así como a participar en las manifestaciones próximamente programadas.
¡Alto a la criminalización de la juventud!
¡No más tortura!
¡Basta de abuso policiaco!
Comunerxs
NOTA DE JUAREZ DIALOGA. ORG: Boletín informativo es una sección con información que se publica como servicio a la sociedad civil; organizada de, o vinculada con Ciudad Juárez; por lo tanto, la responsabilidad de lo escrito y publicado en la misma es de quien firma el documento.
