A mediados de la semana se publicó a plana completa en dos diarios de la ciudad de Chihuahua un desplegado suscrito por los directivos de casi todas las instituciones de educación media y superior de la entidad, ubicadas dentro del régimen jurídico local o estatal. Sólo se abstuvieron de firmar los de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para bien de esta Casa de Estudios. Encabezó la lista el rector de la Universidad Autónoma (¿?) de Chihuahua, junto con todos los directores de escuelas y facultades, le siguieron los rectores de nueve universidades tecnológicas, el rector de la Universidad Regional del Norte, una lucrativa empresa favorecida por la cargada, el director general del Colegio de Bachilleres acompañado por veinte y dos directores de planteles de todo el estado y siete encargados de otros tantos centros educativos.
Algún lector podría suponer, que “tanta” unanimidad podría alcanzarse sólo por una causa de hondos sentires populares, como la exigencia de justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, cuyo asesinato y desaparición avergüenzan al país, según expresó el rector de la UNAM. Pero no, cuando se lee el documento, la sorpresa es mayúscula: la cúpula burocrática de la educación estatal, emplazó todos sus cañones para disparar ¡contra una persona!. El distinguido con tal deferencia, no es como podría suponerse por el calibre de la artillería, algún potentado con miles o decenas de miles de asalariados a su servicio, dueño de medios de comunicación, influyente miembro de la clase política o de alguien por el estilo. No. Es el abogado y dirigente social Jaime García Chávez, hombre carente de todos aquellos poderes, aunque poseedor de otros de mayor valía: entereza, talento y afilada pluma.
Las dos ideas centrales del insólito manifiesto dirigido a la opinión pública son: la primera, que el estado de Chihuahua vive una época de bienestar jamás vista. “Como nunca antes, nuestra entidad ha tenido tantos avances, que son el esfuerzo de todos, en los distintos ámbitos de su vida, a pesar incluso de situaciones difíciles que nos dejó la ola de violencia e inseguridad”. Y la segunda: que el abogado de marras, él solito, se ha convertido en el gran obstáculo para la prosperidad de los chihuahuenses. Dice, quien pergeñó los ocho párrafos y suscribieron el resto: “En razón de los avances logrados, rechazamos categóricamente la conducta patológica de Jaime García Chávez personaje enemigo de todo avance democrático que beneficie a los chihuahuenses. Bajo el disfraz de pseudo defensor (sic) de los derechos humanos, solo busca proteger sus intereses…dicho personaje ha tratado de confundir y distraer con infundios y mentiras las condiciones de avance en materia educativa, seguridad, desarrolló económico, empleo y salud, que los chihuahuenses hemos alcanzado en los últimos cuatro años” (Me asalta una duda irresistible: ¿Para qué se disfrazaría JGCH de pseudo defensor y no de defensor de los derechos humanos?.)
El desplegado deja en ascuas a sus lectores sobre cuáles son las causas de la santa indignación compartida por los eminentes funcionarios. Entonces debemos suponerlas. Jaime García Chávez ha presentado una o varias denuncias por la presunta comisión de ilícitos por el Gobernador del estado y el encargado de las finanzas estatales. Es un crítico tenaz de las acciones políticas del mandatario, así como de la actuación de diputados y cabezas del poder judicial del estado. Por esta trayectoria suya –una especie de batalla bíblica por aquella leyenda de David contra Goliat- se ha procurado convertirlo en “perro del mal”, tentativa a la cual unen sus deslustrados nombres los encargados de dirigir las instituciones educativas enlistadas en la inserción pagada con dinero del erario estatal.
En un muy conciso resumen: García Chávez presentó una denuncia contra los dos funcionarios aludidos en la cual asienta que el Jefe del Ejecutivo compró acciones de un banco de reciente creación por un valor de sesenta y cinco millones de pesos y que el gobierno del estado, por conducto del secretario de hacienda, depositó ochocientos millones de pesos del tesoro público en la misma institución financiera, de la cual fue hasta hace poco alto directivo.
En cualquier régimen con reglas democráticas, el asunto se ventilaría de manera abierta. Las autoridades encargadas de investigar harían su tarea y quienes son señalados, responderían y explicarían puntualmente. Pero, nada de eso ha sucedido. En lugar de contestar, las autoridades han emprendido una campaña de linchamiento contra el denunciante. Ni siquiera, hasta dónde conozco, se le ha preguntado al Gobernador y a su jefe de finanzas, si los hechos son ciertos o no. Quienes han podido hacerlo, como son los periodistas, se han abstenido de formular la pregunta o si lo han hecho, no se ha difundido. Quienes están obligados a hacerlo, cómo son los diputados locales, en lugar de cumplir con su deber, han convertido las comparecencias y actos informativos, en indignos foros de alabanzas, complacencias y silencios ominosos. En esta funesta conducta, tanto incurren los legisladores correligionarios del Gobernador, como los del resto de los partidos políticos, notoriamente los del PAN y del PRD.
Antaño, estábamos acostumbrados a las páginas de apoyo y adhesión a los gobiernos, calzadas por decenas o cientos de organismos patronales, campesinos, obreros, de profesionistas, pepenadores, cantineros, boleros, hoteleros, banqueros y súmele todos los etcéteras que desee. Regularmente, el sistema recurría al coro de apoyadores, cuando sentía pasos en la azotea por los efectos de alguna movilización o protesta social a la que pretendía aislar o satanizar. Desde luego, los redactores ni siquiera se tomaban la molestia de consultar o pedir las firmas a los firmantes. Sencillamente se tomaban las listas siemprelistas hasta del directorio telefónico, que incluía bajo el rubro de dependencias oficiales a muchas de las organizaciones.
En el caso, llama mi atención la vuelta al pasado, pues tengo la razonable sospecha de que tampoco aquí hubo consulta o concertación previa, sino una simple orden jerárquica que se llevó a todos entre las patas, hundiéndolos, pues es tan burdo el contenido y tan ausente el decoro, que el estigma perseguirá de por vida a los signatarios. También resalta la índole de los infrascritos: representan autoridades educativas, muchos con posgrados académicos. No se esperaría de ellos tamaña genuflexión frente al poder político. Bien advertía Octavio Paz de los peligros que acarrea para el crédito personal estar tan cerca del príncipe.
La inclusión de la UACH es desde luego y con mucho, la de mayor significado. Esta Casa de Estudios, cuna de miles de profesionistas, heredera del prestigio histórico del antiguo Instituto Científico y Literario, no se merece este papel tan denigrante. Ni el Gobernador necesita la auto humillación de la Universidad, para lidiar con una acusación ciudadana, bien o mal hecha, fundada o infundada. Son demasiados excesos.
JuárezDialoga ha invitado al profesor investigador en historia y doctor en ciencia política, Víctor Orozco, por su trayectoria académica y su solidario compromiso con la sociedad civil organizada. Víctor, actualmente es el ombudsman de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
