En fecha reciente tuve la ocasión de asistir a un convivio en el que se encontraban diversos profesionistas y, en ocasión de tocar el tema relacionado con el uso de la energía eléctrica, uno de ellos (abogado de profesión) manifestó que tiene aproximadamente unos treinta años que paga una cantidad mínima (que tiene muchos aparatos eléctricos y especialmente refrigeración y calentones eléctricos) ya que tiene “arreglado” el medidor de la luz.
No obstante ser abogado en derecho, tener recursos económicos suficientes para afrontar los consumos de energía eléctrica, argumenta que lo hace porque en una ocasión le cobraron de “más” y, por ello, se “chinga al gobierno” desde entonces.
Lo anterior, se entreteje con la consideración de que, en la actualidad, no es tema menor la cantidad de personas que se “roban” la energía eléctrica, algunos que tienen recursos para pagarla y que día a día se incrementa el número de “colgados” de las líneas de conducción eléctrica y de “evasores” como el precitado profesionista. A los anteriores, además, deben sumarse aquellos que tienen una “prestación” por ser empleado o pensionado de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad.
Una cuestión que surge de lo anterior es analizar los efectos de tales prácticas sociales en la economía y en la sociedad en su conjunto. Veamos:a) En lo económico representa una pérdida considerable, millonaria, a la paraestatal. Se dice, en ese sentido, que los consumidores que si pagan sus consumos soportan dichas pérdidas en la medida en que repercute en el incremento del precio del kilowatt hora consumido. Lo que supone que a mayor evasión de pago mayor precio pagado por los consumidores que si lo hacen. En esta lógica sólo ganan unos cuantos, los que no pagan o no pagan lo consumido. Aquí es dable preguntarnos ¿hasta dónde es “moralmente correcto” dichas prácticas, tanto de evasores como de quienes legalmente tienen el servicio gratuito?
b) Desde lo pedagógico, se puede afirmar que cada día se afianza la idea de que lo público, los bienes de la nación, pueden ser apropiados por razones “justas”, de allí el razonamiento del “jurista” precitado. La “cultura de la apropiación” se convierte, de esta manera, en enseñanza para prácticas deshonestas mayores en otros campos. Si yo veo, por ejemplo, que mi vecino, mi papá, etc., se apropia de un bien público sin tener consecuencia alguna es probable que incurra en el mismo comportamiento y extenderlo a otros campos y fines.
c) Finalmente podemos concluir que, por la extensión y frecuencia de dichas prácticas sociales, el “razonamiento justiciero o pragmático” se impone sobre la “moral pública” en la medida en que esta puede ser concebida, apropiada y acomodada, sin mayor argumento que la razón individualista, contingente u oportunista. Gana la “moral privada” podemos decir.
¿Acaso estaré en el error y debería contactar a la infinidad de empleados de la CFE (los que toman las lecturas y, por una cuota, bloquean los medidores, como es el caso de una señora que refiere pagar quinientos pesos bimestrales para que le arreglen el medidor) para beneficiarme de un bien público? ¿Los que evaden el pago, se roban el fluido eléctrico o se “cuelgan” de alguna prestación laboral, deberían ser premiados por su moral pragmática? ¿Debería hacerlo para “chingarme” al gobierno? ¿Usted, que opina?
JuárezDialoga a invitado Emilio Naná por su compromiso y trabajo en diversos movimientos sociales en Juárez. Él es Abogado/Psicólogo/Maestría en Ciencias Sociales: especialidad en políticas públicas y estudios culturales. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales: especialidad en género.
