Por: Santiago González Reyes
La presunción de inocencia es una garantía constitucional, herramienta del proceso penal. Esta figura busca limitar la facultad punitiva del Estado estableciendo, con muchos “asegunes”, que una persona es inocente hasta que exista un fallo condenatorio firme. Esto permite al imputado, si así lo considera, no tener la necesidad de aportar elementos que demuestren su inocencia, pues esta ya se presume, y es el Estado quien debe acreditar su culpabilidad. Los “asegunes” emanan de que aun cuando se le considera inocente igualmente pueden ser privados de la libertad provisionalmente, entonces por extraño que parezca eres tratado como inocente pero en la cárcel.
El tema es que espontáneos constitucionalistas piden, no como garantía procesal sino como argumento de defensa, que se le respete al sacerdote recientemente vinculado a proceso, la presunción de ser inocente, esto con la finalidad de cancelar el tema, más por razón de sus creencias que por amor al debido proceso. Es decir, quieren supeditar la realidad a la verdad jurídica, esa verdad jurídica que se cae con pifias y descuidos, la verdad jurídica de una ciudad infesta de impunidad, una ciudad donde se denuncia un ocho por ciento de los delitos cometidos, (Inegi 2017) y de ese ocho por ciento denunciado sólo uno de cada 100 termina en sentencia. Entonces la verdad jurídica que desean imponer como única, no a un tribunal que sería lo ideal sino a la sociedad, nos indicaría que estamos en el paraíso de la justicia. Si la cifra negra de impunidad fuera visible, viviríamos entre penumbras.
Personajes de la comunidad, abogados, la misma Iglesia, con careta de neutralidad pugnan por dicha presunción, pero como las intenciones se trasminan, al referirse a la niña como “la presunta víctima” imaginarán que niñas de 11 años seguido narran las escenas sádicas que lamentablemente se filtraron en medios y estas con frecuencia resultan ser falsas. Pero además con mala fe o ignorancia (ambas inaceptables) se ha usado incluso en un artículo en este medio, el malicioso término “presunta víctima” cuando es de conocimiento general que los juicios se inician con la certeza de que se cometió un delito y la presunción de que el imputado es probable responsable. El concepto “presunta víctima” en esta etapa no se encontrará en ninguna ley, si acaso en los argumentos de un defensor bellaco y marrullero.
Habrá quien en este momento se alarme de que alguien que se ostenta como defensor de derechos humanos y que trabaja en la defensa de los mismos como lo he hecho por años, cuestione la presunción de inocencia, pero en este caso, frente al derecho a la presunción existe una víctima, que es una niña, lo que corresponde a uno de los grupos de mayor vulnerabilidad y que el interés superior del niño y la niña antepone su derecho a obtener justicia, a no callar el tema, no en lo específico sino en lo social, a darle la calidad de víctima como lo establecen todos los instrumentos de la materia, a la verdad y a la garantía de no repetición, a un juicio justo, porque no podemos fingir que es una persona más, el presunto es miembro de un grupo fáctico de poder y dentro de este, un personaje especialmente cercano a gobernantes, la misma institución se ha pronunciado para brindarle todo el apoyo moral y jurídico que tácitamente implica el económico y político, y la víctima en esto ha quedado como simple pasto de su voracidad, un daño colateral.
No se ha hablado de iniciar investigaciones de más probables casos, pues un comportamiento sexual anómalo como el que hoy se investiga no puede ser un caso aislado ni espontáneo, más cuando el presunto tiene al menos 44 años trabajando con la comunidad. En cualquier otro estado laico sería lógico descartar la existencia de otros casos mediante la investigación porque la seguridad de los niños y las niñas es un tema de interés público, pero aquí no, aquí se ocupan de la defensa disfrazada de neutralidad, como si quisieran mejor no haberse enterado.
La pregunta sería ¿estamos dispuestos a denunciar, señalar y reprobar aun cuando los actos afectan a nuestras preferencias religiosas o políticas? ¿O vamos a jugar al neutral con tendencia a la exculpación? Hace un par de días publiqué en redes, como un ejercicio de exploración, que el cierre de estancias infantiles podría elevar el número de casos de violencia sexual, y no faltó quien, por sentirse aludido, me acusara de desinformado o tendencioso, esto principalmente en privado. Los niños y niñas de nuestra ciudad están al cuidado de todos y todas, pongámoslos ante y sobre todas nuestras diferencias, no podemos defenderlos sólo cuando nos conviene y menos acusarlos de presuntas víctimas porque afectan a nuestros aliados, menos cuando somos el municipio con más violencia sexual en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay pocas cosas tan fatales en el mundo como el tener una infancia desoladora, nuestra niñez es pasajera y debiera ser un álbum de alegría, una reserva de felicidad.
Nota: Este artículo se publicó primero en el Diario.mx y aquí se reproduce con autorización del autor.
Santiago González Reyes es abogado defensor de derechos humanos. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
