Por Ignacio Alvarado Álvarez
Cuernavaca, Morelos.-Miguel Ángel Pérez Casales aparece a mitad de un predio, en Santa Catarina, un seccional del municipio de Tepoztlán de poco más de cuatro mil habitantes. Habla para el documental 13 Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra. Su narración es el resumen de años de corrupción institucional y asesinatos presuntamente ordenados por el gobierno contra activistas como él, opositores al desarrollo industrial y urbano que amenaza a sus comunidades. La crónica de la batalla mereció cinco premios internacionales en 2009, el mismo año en el que Pérez fue asesinado de un balazo en la nuca.
“La impunidad es asombrosa en Morelos”, dice Francesco Taboada Tabone, el director del documental. “Poco después, en abril de 2010, otro compañero, Rubén Flores, fue también asesinado por talamontes ilegales. Y hasta hoy ninguno de los casos se ha resuelto”.
La maquinaria contra la que luchan los 13 Pueblos es una aplanadora multimillonaria, que incluye a gigantes de la construcción como PASA y GEO. En los perímetros de Cuernavaca se han construido complejos residenciales que se convirtieron en refugio de narcotraficantes, sicarios y secuestradores, sostiene Taboada. “Es allí, en estos nuevos polos, donde se gesta la nueva delincuencia organizada. Estos fraccionamientos son islas de la impunidad”.
El cineasta es también integrante del Consejo de Pueblos de Morelos. Hace unas semanas organizó a su equipo de camarógrafos para insertarlos en la Caravana rumbo al Pacto Nacional en Ciudad Juárez. “Cuando asesinaron al hijo de Javier Sicilia, la identificación fue inmediata. Se unen todos porque ya había una base social armada justo por un reclamo de impunidad, de corrupción. Y ahora vamos a registrar este gran movimiento”, dice.
Morelos, de donde arranca este sábado la caravana, es una entidad cimbrada por la violencia sin castigo desde hace décadas. Los escándalos motivados por la complicidad de los cuerpos de seguridad pública y la clase política, comenzaron sin embargo a revelarse hace 15 años, durante la gestión de Jorge Carrillo Olea, quien no terminó su mandato de seis años debido a ello. Morelos fue el paraíso del secuestro, no sólo por el cobijo de las autoridades, sino por la activa participación de los encargados de investigar el delito con las bandas de criminales.
Para 1999, el legado judicial de Carrillo Olea fue de 50 mil averiguaciones previas sin integrar, otras 35 mil sin consignación y cuatro mil órdenes de aprehensión pendientes. El ex gobernador fue liberado de culpa por falta de pruebas en 2003. Se le acusó de omisión de autoridad. En noviembre pasado, refiriéndose al estado actual de la violencia no sólo de Morelos, sino del país, declaró ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla: “La impunidad es el primer promotor de la proliferación del delito”.
El cinismo es otro de los rostros de la impunidad, dice Taboada. Y en él, es que el crimen y la violencia se crecen diariamente.
Morelos registró 44 mil 235 delitos en 2010, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El robo acaparó casi la mitad de esos crímenes. Se cometieron 559 homicidios dolosos, 612 extorsiones y 28 secuestros. De estos tres últimos rubros, de acuerdo con el mismo registro, Morelos se ubicó a la cabeza de las entidades con mayor proporción de extorsiones.
Las cifras de los primeros cuatro meses de 2011 hablan de una prevalencia del delito. Entre enero y abril, los datos concedidos por la Procuraduría de Justicia de Morelos a la Secretaría de Gobernación muestran que se denunciaron 15 mil 330 crímenes, 187 de los cuales fueron homicidios dolosos, 88 extorsiones y cero secuestros.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI) del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), Morelos ha variado poco el comportamiento delictivo desde 2004. El número de víctimas ronda el 10% de la población, un punto porcentual por debajo del estándar nacional, que es de 11%. Pero lo que se denuncia es apenas un mínimo de lo que pasa en realidad. La delincuencia no registrada, o “cifra negra”, alcanzó entre 2007 y 2008 un promedio de 91% en esa entidad, de acuerdo con la ENSI.
Hasta hace poco, en 2008, Cuernavaca era un destino vibrante para el turista capitalino de fin de semana. Los asesinatos, secuestros y extorsiones acabaron con ello. Un tercio de los restaurantes, bares y discotecas cerraron sus puertas, dice Rodrigo López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la ciudad. “Todo lo que teníamos se perdió. Hoy en día puede decirse que el comercio se desplomó”.
Los empresarios han podido hacer poco para reactivarse porque no encuentran interlocutores adecuados en los gobiernos del municipio y el estado. “Las autoridades de seguridad pública tienen un gran nivel de rotación o están involucradas con el crimen organizado. El gobernador y el alcalde hacen un esfuerzo, pero es un esfuerzo reactivo que se da cuando crece el descontento social. El discurso oficial es que el delito va a la baja, pero la realidad indica otra cosa”, señala.
De 2006 a la fecha los crímenes de alto impacto aumentaron exponencialmente no nada más en Morelos, sino en buena parte del país. El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, René Alejandro Jiménez Ornelas, ubica a las víctimas de tales delitos como los menos interesados en denunciarlos. “El miedo y la desconfianza ha provocado que la sociedad se retracte y en consecuencia la delincuencia organizada hace su agosto”, dice.
La ENSI estima que 78% de las víctimas de actos delictivos decide no emprender una denuncia por dos razones fundamentales: la sensación de pérdida de tiempo (49%) y la falta de confianza en las autoridades (16%).
La desconfianza es algo que deliberadamente se deja crecer desde las instancias públicas, señala Jiménez, que se especializa en cifras negras. “La impunidad ha sido uno de los pilares del autoritarismo, desde la colonia. Ha sido parte fundamental del control de la población. Y actualmente la impunidad sigue siendo igual o peor que en otras épocas”.
En el Distrito Federal, Estado de México y Michoacán –las otras tres entidades por las que atravesará la caravana en su primera jornada-, la relación de delitos e impunidad es muy parecida.
La capital mexicana registró entre enero de 2010 y abril de 2011 poco más de 258 mil delitos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ellos, mil 46 fueron homicidios dolosos, mil 376 extorsiones y 74 secuestros. En el Estado de México, los números fueron superiores. Durante el mismo periodo se registraron 356 mil 924 delitos. Hubo mil 573 homicidios dolosos, se denunciaron 207 secuestros y ninguna extorsión.
La incidencia delictiva se ha mantenido casi inalterable en ambas entidades a través de la década, con 19% en el Distrito Federal y 15% en el Estado de México. Si en Morelos la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes fue de 7 mil 500, en el DF alcanzó 19 mil 384 y 14 mil 368 en el Estado de México, según la ENSI. En la capital mexicana es también la entidad en la que se cometieron más ataques con armas durante 2008, año del registro más reciente del ICESI: 37% contra 25% del promedio nacional.
“Estás son básicamente formas residuales que está dejando la delincuencia organizada; una forma de delito molecular”, dice Israel Covarrubias, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Por burocracia o desconfianza, la cifra negra del delito promedió entre 2007 y 2008 92.3% en el Distrito Federal y 91.3% en el Estado de México, similar al promedio de Morelos pero superior al registrado por Michoacán, que es de 82.8%. En este último estado se tiene registro de 46 mil 442 delitos de enero de 2010 a abril de 2011. De ellos 963 fueron homicidios dolosos, 187 secuestros y 241 extorsiones.
Son parte de los números del crimen, la violencia y la impunidad que desata el hartazgo, dice el investigador de la UNAM René Alejandro Jiménez. Y que activan hoy una reacción ciudadana sin precedente. “El cansancio provoca que el ciudadano se voltee a ver entre sí para ver cómo se organizan. Ahora vemos comunidades en Michoacán que están organizándose para defenderse. O en Tamaulipas o en Ciudad Juárez, en donde, aunque los maten, los ciudadanos están dispuestos a organizarse”.
Alcaldes o funcionarios municipales asesinados o bajo amenaza
Morelos
Enero de 2011. Abraham Ortiz Rosales (PVEM), alcalde de Temoac, Morelos. Asesinado junto con su hijo de 9 años. Los atacaron en la carretera federal a Jantetelco. Portaba chaleco antibalas porque en junio de 2010 sufrió un atentado.
Febrero 12 de 2011. Fidelina Vidals Rojas (PRI). Regidora. Yacapixtla. Baleada. Regidora de Equidad y Género. Baleada por la noche en Cuautla por un sujeto que viajaba a bordo de una motoneta.
Michoacán
Junio 1 de 2008. Marcelo Ibarra Villa (PRI). Alcalde de Villa Madero. Asesinado. Un grupo de hombres armados lo obligó a bajar de su vehículo. Lo despojó de dinero y otras pertenencias, pero finalmente lo mató frente a su familia sin llevarse nada.
Junio de 2008. Raúl Martínez Ulloa. Síndico de Tuzantla. Asesinado.
Julio de 2008. Gabriel Mendoza Mendoza. Síndico de Zamora. Asesinado.
Agosto de 2008. Antonio Mendoza Álvarez. Regidor de Coalcoman. Asesinado.
Noviembre de 2008. José Vázquez Piedra. Ex alcalde de Turicato. Asesinado.
Diciembre de 2008. Juvenal García Olivo. Asesor Jurídico del Alcalde de Huetamo. Asesinado
Febrero 24 de 2009. Octavio Manuel Carrillo Castellanos (PRI). Alcalde de Vista Hermosa. Asesinado cuando llegaba a su domicilio.
Abril de 2009. Nicolás León Hernández. Ex alcalde de Lázaro Cárdenas. Asesinado.
Junio de 2009. Efraín Gutiérrez Arcos. Ex alcalde de Santa Ana Maya. Asesinado.
Octubre de 2009. María Sánchez Gorostieta. Alcaldesa de Tiquicheo. Sufre atetando. Su esposo muere.
Febrero de 2010. Javier Martínez Robles. Regidor de Aquila. Desaparecido.
Septiembre 27 de 2010. Gustavo Sánchez Cervantes. Presidente del Consejo Municipal de Tacíntaro. Asesinado a pedradas y Machetazos.
Enero 6 de 2011. Francisco Aparicio Méndez. Director de Seguridad Pública de Taretán. Asesinado de 40 disparos cuando viajaba con su esposa e hijos.
Marzo 10 de 2011. Jorge Hernández Espinoza. Director de Seguridad Pública de Santiago Tangamandapio. Asesinado de cuatro disparos a la cabeza. Fue hallado en un camino de terracería, al lado de su camioneta oficial.
Marzo 22 de 2011. José Luis Guerrero Morales. Director de Seguridad Pública de La Piedad. Abatido a balazos al salir de sus oficinas, cerca de la media noche.
Estado de México
Octubre de 2008. Christofer Salvador Vergara Cruz. Alcalde (PRI) de Ixtapan de la Sal. Emboscado cuando circulaba por la carretera que comunica al municipio de Coatepec Harinas con el de Pilcaya, en el vecino estado de Guerrero.
Junio de 2010. Jesús David Castañeda Delgado. Alcalde de Atizapán de Zaragoza. Sufre atentado.
