Por Ignacio Alvarado Álvarez
Torreón, Coah.-Juan Carlos Parga lleva 15 minutos conduciendo su vieja camioneta Nissan por el centro de la ciudad y no ha parado de contar historias sobre masacres, secuestros, extorsiones y corrupción de policías y militares. “Los laguneros ya no podemos con tanta violencia”, dice.
En 2008, este contador público de 48 años manejaba una pequeña fábrica de botas vaqueras, que vendía en abonos. Pero el negocio que le dio para vivir durante dos décadas terminó en unos cuantos meses, porque sus clientes dejaron de pagar. Las empresas donde trabajaban fueron cerrando cuando sus dueños comenzaron a sufrir el acoso de los delincuentes.
La desgracia no terminó allí. Dos de sus vecinos de toda la vida fueron asesinados cruelmente después de haber denunciado ante el ejército a un vendedor de droga, y algunos amigos suyos murieron acribillados mientras festejaban un cumpleaños en un centro recreativo, el verano pasado. “Ninguno tenía relación con las drogas. Eran inocentes”, señala.
Parga decidió movilizarse. Fundó la asociación “Laguneros por la Paz”, y desde entonces se ha vuelto un obsesivo cazador de noticias y estadísticas de lo que pasa en la zona conurbada que existe entre Coahuila y Durango. “La gente tiene qué saber lo que está sucediendo porque la información es la única herramienta que tenemos para exigir a las autoridades un ¡ya basta!”.
La mancha urbana conformada por los municipios de Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros y Francisco I. Madero, registra la tercera mayor tasa de homicidios del país, con 135 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las estadísticas de la procuraduría estatal.
Allí se han suscitado varios de los hechos criminales que más han sacudido al país, como las tres masacres en 2010 que costaron la vida a 60 personas -la mayoría estudiantes-, cuyos asesinos eran internos del Cereso número 2, de Gómez Palacio, Durango, a quienes dejaba salir y utilizar armas oficiales la directora del penal, Margarita Rojas Rodríguez, según la PGR.
Ese episodio de corrupción fue seguido de otro escándalo, después de que cuatro reporteros que cubrían la historia fueron secuestrados por una célula criminal. Desde 2007 los periodistas locales han sido obligados por los delincuentes a callar.
En mayo de 2009, el reportero de la fuente policiaca, Eliseo Barrón, fue asesinado horas después de que un grupo armado irrumpió en su casa para llevárselo. Barrón había cubierto los días previos la noticia sobre el cese de más de 300 agentes a quienes se les perdió la confianza. Mientras era sepultado, varias mantas fueron colgadas por la ciudad. En ellas se advertía a los reporteros que serían victimados si seguían los pasos de su colega.
“El silencio ha sido la otra cara del sometimiento. Los medios locales no informan o informan a medias lo que sucede en La Laguna. Y eso es lamentable”, dice Roberto Rodríguez Cruz, presidente de la Coparmex en Torreón.
El empresario afirma que el clima de violencia e impunidad desalentó la inversión desde hace tres años e hizo huir o cerrar puertas a una tercera parte de los empresarios. “Todo el capital se lo está quedando Saltillo. Para que se dé una idea, el gobierno del estado invirtió 11 mil millones de pesos allá, mientras que para Torreón llegaron menos de 500 millones. La inseguridad ha frenado todo”.
Al menos una docena de conocidos y amigos de Rodríguez han sido víctimas de secuestro en meses recientes, cuenta. Pero fue hasta el asesinato en abril de Carlos Ignacio Valdés Berlanga, socio fundador de Grupo La La -el mayor productor lechero del país- que empresarios adheridos a la Coparmex amagaron con dejar de pagar impuestos como medida de presión al gobierno, a quien consideran rebasado por el crimen.
La misma ley del silencio impuesta en la comarca lagunera, se extiende al resto de los municipios de ambos estados.
A principios de mayo, las autoridades exhumaron 214 cadáveres de seis fosas clandestinas, cinco de las cuales estaban en la ciudad de Durango y la restante en Santiago Papasquiaro. Las autoridades presumen que son víctimas de las células del narco que se disputan el territorio, y cree que pueden existir más tumbas de iguales proporciones.
Se encuentren o no nuevas fosas, lo hallado revela un ejercicio de violencia que hasta ahora ningún medio de información local reseñó. La razón para tanta pesadumbre no sólo es miedo, sino desconfianza, dice Gustavo Oteo, un maestro universitario que encabeza el Frente de Contribuyentes de la Laguna, una ONG que cambió el propósito original de sus reclamos por el de la paz y la justicia.
“Todo esto es producto de la corrupción, sobre todo la que anida en el Poder Judicial: entre los magistrados, los jueces, los ministerios públicos. No se puede generalizar, pero se puede decir que muchos de ellos se prestan a la corrupción y por eso persiste este clima de impunidad, que inhibe la denuncia ciudadana y hace que se pierda la esperanza de justicia”, dice.
Por corrupción o inoperancia, las cifras formales de investigaciones emprendidas por el Ministerio Público Federal en Durango y Coahuila son por lo menos una referencia del pobre combate a los narcotraficantes, justo lo contrario a las afirmaciones del gobierno federal.
En 2008, por ejemplo, el número en trámite de averiguaciones previas por delitos del fuero federal que había radicadas en las tres agencias del MPF de Durango, fue de dos mil 863. De ellas se despacharon mil 822 y, según los datos del INEGI 2010, quedaron pendientes mil 41.
Las averiguaciones previas iniciadas ese mismo año ante las agencias del MPF por delitos contra la salud sumaron en total mil 96. De ellas, 278 fueron por posesión, 39 por transporte, 42 por comercio y una por producción. No hubo ninguna por los delitos de suministro y tráfico. El registro no indica cuántos de ellos terminaron con sentencia condenatoria, pero la población de presos federales en Durango para 2008 era de mil 185, la mayoría por consumo o posesión de pequeñas cantidades de droga.
“La impunidad es mayor ahora que hace dos años”, dice Oteo. “Y no pude ser de otra manera cuando tenemos gobernantes con alto grado de indolencia. El gobernador Jorge Herrera Caldera sintetiza bien esto que digo: él dice que la forma de resolver esta delincuencia que tenemos es construyendo un Cefereso. Es un contrasentido, porque no se necesita ver a nuestros jóvenes en la cárcel o en los panteones, sino en las escuelas y en trabajos bien remunerados”.
En Durango se cometieron durante 2010 mil 25 homicidios, de acuerdo con la procuraduría estatal. La enorme ola de extorsiones y secuestros referida por el presidente de la Coparmex, como causante del cierre de una tercera parte de los negocios también en el lado duranguense de la comarca, fueron sin embargo poco denunciados. Sólo 284 por extorsión y 79 por secuestro para toda la entidad.
Los homicidios registrados en Coahuila durante ese mismo año fueron 407. La mayoría de ellos ocurrieron en Torreón, según la fiscalía del estado. Pero esas cifras son engañosas, de acuerdo con Juan Carlos Parga, de Laguneros por la Paz.
“Todos los días hay balaceras y algo muy parecido al exterminio en las colonias miserables del surponiente. Se llevan a muchas personas, la mayoría jóvenes, y nadie vuelve a saber de ellos. Nadie sabe dónde están ni cuál fue su suerte”, dice. “Esto también hay que entenderlo como parte de la simulación oficial a la que se refiere (Javier) Sicilia”.
Esa tarde Parga quedó atrapado en una fila de automóviles de más de kilómetro y medio, mientras cruzaba de Gómez Palacio a Torreón. Era uno de tantos retenes policiacos ordenados por las autoridades para inhibir, dicen, a los criminales. Los agentes revisaron carro por carro. “Ves a puras familias, a mujeres y hombres saliendo de sus trabajos. Y sin embargo allí los tienen, esculcándolos, cuando los policías deberían estar en otra parte, en los sitios donde ocurre la violencia o se esconden los asesinos. Porque ellos saben dónde es”, afirma.
Al día siguiente, cuando salía de su casa, Parga fue sorprendido por el estruendo de los disparos. Fue una balacera de 10 minutos que se desató en la colonia Nueva Rosita, muy cerca de donde él vive. “Fue terrible, porque ocurrió frente a una primaria donde estaban los niños haciendo educación física. Así que ahí tienes a los niños llorando, aterrados, tirados pecho tierra… Esta es una ciudad en donde las balaceras pueden durar 40 minutos y nunca llegarán los militares ni los policías. Eso es injusticia”.
