Seguramente, estimado lector, ha tenido ocasión de tener vecinos que tienen perros, los cuales ladran día y noche. Ello ocasiona molestias de todo tipo: no lo dejan concentrarse en lo que hace, le despiertan al bebé, no dejan dormir a alguna persona que requiere cuidados especiales por alguna enfermedad y no le dejan conciliar el sueño, con las consiguientes deficiencias de rendimiento en el trabajo o la escuela, etc.
Así, día tras día, soporta la contaminación de ruido que se genera por los ladridos pensando que eso es “natural” y que se tiene un derecho ilimitado a poseer un animal sin importar los costos sociales del ejercicio de tal derecho. Quienes los adquieren, la mayor parte de las veces, no los entrenan para que no ladren bajo la creencia de que los ladridos son inofensivos. Ello sería así, en todo caso, en un contexto de poca densidad de población de perros y en el que las emisiones de ruido son amortiguadas por la lejanía entre viviendas.
Da la casualidad que en Ciudad Juárez son innumerables las personas que cuentan con uno o más perros y que vivimos, la mayoría de la gente, en viviendas muy próximas, por lo que la contaminación por ruido pasa de ser un problema de tenencia o derecho a poseer un perro a uno de salud pública y de convivencia social.
Ello es así, por que la contaminación por ruido (y de heces) genera con el tiempo roces, problemas diversos, entre vecinos. Quienes creen que poseer un animal es un derecho ilimitado y además que el animal puede ladrar en todo momento sostienen una perspectiva autoritaria y deformada de la realidad social. La salud pública no puede estar al antojo de las personas ni contravenir los derechos de terceros a un ambiente sano, libre de violencias (ruidos y virus). Por ello, es menester reglamentar la posesión de un animal que vive en contextos citadinos y urgente que se plasme en un reglamento municipal que permita que la Dirección de Ecología, por ejemplo, pueda intervenir en esos casos, con facultades suficientes para hacer cumplir las leyes respectivas.
Por el momento, el recurso legal para obligar a una persona a cumplir con ese propósito, es decir, de tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las leyes sanitarias y pertinentes (omisión de ruidos por medio del entrenamiento o puesta de bozal, así como limpieza cotidiana de las heces) es la figura jurídica de la Responsabilidad Civil, cuya demanda se ventila ante un Tribunal Civil del fuero común y en contra del poseedor o dueño del animal. Trámite que puede ser más accesible al común de las personas y sin mayores costos, si alguna dependencia municipal tuviera las facultades necesarias para imponer sanciones a quienes incumplan con dicha responsabilidad. Ello contribuiría en mucho a la cultura de la legalidad y a la sana convivencia entre vecinos. ¿Usted que opina?
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JuárezDialoga a invitado Emilio Naná por su compromiso y trabajo en diversos movimientos sociales en Juárez. Él es Abogado/Psicólogo/Maestría en Ciencias Sociales: especialidad en políticas públicas y estudios culturales. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales: especialidad en género.
