EL NECESARIO RESPETO AL “DEBIDO PROCESO”

En alusión a los medios de comunicación

que irresponsablemente promueven el linchamiento

más allá de lo mediático en contra de Israel Arzate

y de los derecho humanistas

y defensores sociales que le apoyaron…
“El mayor crimen está ahora, no en los que matan,

sino en los que no matan pero dejan matar”.

– José Ortega Y Gasset.[1]

Por:  Héctor Padilla y Leobardo Alvarado

Somos solidarios ante la exigencia de justicia por las víctimas de Villas de Salvarcar para que el Estado cumpla con su responsabilidad de atender uno de los casos emblemáticos y referentes de la violencia homicida derivada de la instauración de un proceso de militarización en Ciudad Juárez. Con esto, queremos expresar que la justicia para Israel Meléndez Arzáte no significa justicia para las víctimas, puesto que son procesos legales diferentes. De allí que no debemos dar ni un paso atrás en reclamar al Estado cumpla con lo que es su obligación: Otorgar justicia a las víctimas de Villas de Salvarcar.

Así, saludamos la liberación de Israel Arzáte Meléndez por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reconocemos el compromiso de las organizaciones que acompañaron en su defensoría, y a las y los derecho humanistas que desde distintos lugares, particularmente en esta ciudad, estuvieron siempre en la disposición de otorgar su aval y apoyo a la causa, cuya base y argumentos fueron la violación al Debido proceso y la oposición a la práctica sistemática de la tortura por parte del Estado Mexicano.

De la misma manera, extendemos el reconocimiento a la presencia de los organismos internacionales en sus sugerencias para que México se sujete al respeto de los derechos humanos. En ese sentido, también reconocemos la lucha iniciada por la madre de Israel, la Sra. Guadalupe Meléndez quien a través de un terrible hecho que ha vivido en su familia se vuelve, como en otros casos en Ciudad Juárez, defensora de los derechos humanos.

Sin embargo, ante la resolución del máximo tribunal de justicia observamos en la ciudad que medios de comunicación, una vez más acuden a lo que es una práctica recurrente, y se alejan de la responsabilidad ética de informar. Vemos que con discursos ambiguos alientan la suspicacia, laceran a la sociedad y a las instituciones. Por lo anterior, hacemos un exhorto a los empresarios dueños de medios de comunicación y a sus trabajadores, se sujeten a los cánones periodísticos al informar sobre este y otros casos sensibles para la ciudadanía.

Al gobierno de Chihuahua, pedimos de igual manera muestre un respeto por la justicia y quienes han sido víctimas de los hechos acontecidos el 30 de Enero del 2010 en la comunidad de Villas de Salvarcar. Le exigimos siga los procesos legales correspondientes para determinar y llevar la justicia a las víctimas. De la misma manera, demandamos se abstenga de mediatizar y dar carácter político al caso. Asimismo, le conminamos a que no genere falsas expectativas a la sociedad y mucho menos, provoque una doble victimización a las y los dolientes.

Entendemos y recordamos que en el caso Israel Arzáte Mélendez podemos observar las consecuencias del proceso de militarización instaurado en Ciudad Juárez. Fueron los militares quienes irresponsablemente faltaron al Debido proceso, por lo que nos sumamos a las voces de condena en su contra, así como la fiscalía que en su momento admitió las pruebas obtenidas bajo tortura. Ello nos lleva a preguntar: Cuántas personas hay en las cárceles a raíz de las acciones de militares, policías federales, estatales o locales, que no siguieron el Debido proceso y sin embargo les acusaron sin pruebas o ellas las obtuvieron bajo tortura o coerción.

Y precisamente este caso, también nos deja la experiencia para que en adelante cada vez más ante el Estado Mexicano se acuda a la vía legal. Afortunadamente, el fallo de la SCJN deja como precedente esta resolución y con ello nos permite avizorar momentos, tal como lo percibe el Centro de Derechos humanos Agustín Pro, “para impulsar cambios estructurales que fortalezcan el nuevo sistema de justicia penal modificando las prácticas judiciales que hasta la fecha permiten la admisión de confesiones obtenidas bajo tortura.”

Además que, si el sistema judicial no se conduce dentro del Debido proceso, seguirá habiendo víctimas acusadas injustamente, y marcos de impunidad en el que la laxitud de lo legal ampliará la escalada de la criminalidad. De la misma manera, si la sociedad no asume la causa del Debido proceso como primer paso del requerimiento para la existencia de la justicia, seguirá siendo promotora inercial de la violación de los derechos humanos y por consecuencia, de la perene impunidad que le lastima.