En el 2004 durante su campaña electoral, el ahora dos veces alcalde, ingeniero Héctor Murguía ofreció a los juarenses mejorar la policía municipal dotándola de una disciplina y adiestramiento de tipo militar. Criticando a las administraciones panistas de que bajo su gestión había crecido la inseguridad pública, el entonces candidato propuso también disminuir la incidencia delictiva para lo cual se requería, precisamente, de una mejor policía. Más allá de que tener una “policía militarizada con disciplina militar” (como lo decía) no era un ofrecimiento acertado ni deseable para quienes piensan que la solución a la inseguridad debe iniciar con las causas y no los efectos, cabe decir que dichas promesas quedaron en sólo eso: promesas.
Durante la primera gestión del ingeniero Murguía (2004-2007) no se apreció ninguna mejora en la capacidad de la policía para enfrentar la inseguridad, ni mucho menos se observó la disminución de la incidencia delictiva. Y por el contrario, además de varios motines en el CERESO con saldos funestos, aumentaron sensiblemente las denuncias por abusos policiacos y lo mismo ocurrió con el problema de inseguridad. De esos años se recuerda, lo que bien puede ser visto ahora como un adelanto de lo que ocurriría más adelante, el asesinato artero y hasta el momento impune de cuatro hermanos por la policía municipal en el sur poniente de la ciudad, en la colonia Plazuela de Acuña.[1]
Posteriormente, a menos de dos meses de concluida esa primera gestión, en noviembre de 2007, otro ejemplo sobre el estado de salud de la policía municipal fue la detención en uno de los puentes internacionales del que fuera su director de Seguridad Pública Municipal, Saulo Reyes. El motivo: intentar introducir ilegalmente drogas a los Estados Unidos. Un mes después, en diciembre, la opinión pública empezó a constatar con preocupación el incremento del número de homicidios y recibió con temor, pero no con sorpresa, las amenazas de grupos criminales contra elementos de la policía a través de listas de oficiales supuestamente involucrados con grupos rivales. En enero, como el resto de 2008, la violencia llegó a niveles antes insospechados y entre los asesinatos no fueron pocos los atentados contra la policía municipal.
En el nuevo contexto de violencia, así como de las medidas impulsadas para supuestamente contenerla (enmarcadas a partir de marzo de 2008 en el llamado Operativo Conjunto Chihuahua), el discurso de la nueva autoridad municipal encabezada por José Reyes Ferriz (2007-2010), al igual que de las autoridades estatales y federales, repitió lo que desde hace años era una verdad incuestionable para diversos sectores de la ciudadanía: que la policía municipal estaba penetrada por grupos del crimen organizado, razón por la cual había que depurarla y (de nueva cuenta) mejorar su capacitación. Despedir a los malos elementos, reclutar a nuevos y mejores (de ser posible, reclutarlos de los efectivos militares con licencia) y dotarlos de un entrenamiento militar intensivo, fue la divisa de la autoridades. Y para ello se elevaron los recursos al rubro de seguridad, recortándolos de otros e incluso del salario del resto de la burocracia municipal.
Pero nada ocurrió. La incidencia delictiva y las cifras de homicidios no sólo no se contuvieron, sino que crecieron a pesar (si no es que por esa misma razón) de la presencia masiva de efectivos del Ejército mexicano y de la Policía Federal Preventiva. Tampoco la actuación pública de la policía municipal se modificó. De múltiples formas y en reiterados casos la situación fue la misma: falta de preparación para enfrentar situaciones de delincuencia y brindar protección a la ciudadanía, e incapacidad para relacionarse y tratar a los ciudadanos de maneras que no fueran autoritarias ni abusivas. Si hay algo que caracteriza a la policía municipal es que entre sus estrategias de prevención realiza con frecuencia acciones punitivas en colonias marginales de la ciudad en contra de jóvenes pobres, sobre quienes despliega un discurso tendiente a culpabilizar y estereotipar a las víctimas de la exclusión social como gente violenta. Esta es una forma de actuación frecuente en muchos otros lugares de México, asociada a una cultura policiaca autoritaria y clasista que atribuye la violencia a “una cualidad de determinados grupos sociales, regularmente minorías étnicas y marginados del desarrollo económico. Sobre ellos se ciernen las políticas de seguridad pública sustentadas, por lo general, en dos ejes: mantener el orden y endurecer las leyes. Las catalogadas como clases peligrosas tienen sobre sí un peso con el que deben cargar…”[2].
Así se llegó a la segunda gestión del ingeniero Murguía (2010-2013) en la que al igual que antaño, se reiteró el mismo estribillo: se está trabajando en el mejoramiento y depuración de la policía. Pero sin, como antes, exhibir evidencias contundentes de estar logrando ese propósito. La policía de ahora sigue estando muy lejos de ser un cuerpo preparado, con entrenamiento, disciplina, control y sensibilidad para efectuar sus labores preventivas y a través de ello servir y proteger a la comunidad. De ello dan cuenta estudios oficiales fechados entre septiembre y diciembre de 2010[3], en los que se asienta, entre otras cosas que: un 55% de los policías no se consideran capacitados en el uso de armas, otro 66% no se considera capacitado en defensa personal, otro 72% en criminalística, un 52% en técnicas de patrullaje y un 66% en la cuestión legal; que entre las debilidades se ubique el equipamiento deficiente, la falta de operativos estratégicos, la perdida de información por causa de la infiltración de la delincuencia organizada; y que los miembros de la policía no crean o tengan confianza en su propia institución (el 39% no cree en la eficacia de la corporación para ofrecer seguridad al ciudadano y el 41% reprueba la honestidad de la corporación).
Tales son algunas de las deficiencias reconocidas por las autoridades a través de esos estudios. La cuestión es que esos datos no hacen sino explicar o fortalecer las razones por las cuales la población no confía en la policía municipal ni en el resto de instituciones de seguridad, y de manera reiterada insiste en señalar la seguridad pública como el principal problema de la ciudad y del estado de Chihuahua. De los motivos para desconfiar también se habla en los estudios citados, al igual que en una diversas encuestas sobre cultura política, valores cívicos, percepción ciudadana de la acción gubernamental, etcétera.
Por ejemplo, hacia 1998 en el marco del proceso electoral de ese año, entre el 41 y 48 por ciento de la población juarense opinaba que el problema principal del estado era la seguridad, por encima de otros rubros como el desempleo, la economía e inclusive el narcotráfico y la corrupción. Hacia el 2002 en una encuesta sobre valores cívicos se encontró que sólo el 6% afirmó confiar en el gobierno, mientras que el 30% y el 10% dijeron tenerle poca y ninguna confianza y sobre la policía, la institución con menos confianza, un 29% le tenía poca confianza y el resto desconfiaba poco, mucho y por completo.[4] Hacia el 2008, en un estudio del Tecnológico de Monterrey sobre la percepción ciudadana de la delincuencia e inseguridad en varias ciudades de Chihuahua, se informa que en Ciudad Juárez al pedir a la población describir la ciudad en una palabra, poco más de un 38% y 31% la describen como peligrosa e insegura, un 88% se siente inseguro, el 51% respondió haber sido víctima de un delito, un 65% dijo conocer a alguien que fue víctima de delito. Y sobre la policía municipal le otorga un 3.9 de calificación en escala de 1 a 10, y consideran mala a la policía en cuanto a imagen, trato, eficiencia y ética en porcentajes de 35, 36, 52 y 64 por ciento, respectivamente.[5] Por último, en un estudio sobre las causas del abstencionismo se encontró hacia el 2009, que sobre el gobierno el 52% de los encuestados respondió que confiaba poco en él y otro 38% afirmó no tenerle confianza. Sobre el sistema judicial, el 54% respondió no confiar y 33% declaró tenerle poca confianza. Igualmente, sobre la policía, un 62% dijo no confiar en ella y un 32% dijo tenerle poca confianza.[6]
En suma, en estas encuestas se refrenda lo que se ha sostenido en distintos foros, seminarios y artículos periodísticos, donde ha sido común la afirmación de que el fenómeno de la violencia se agrava por la impunidad oficial, provocada a su vez por la negligencia, falta de preparación y/o complicidad de muchos funcionarios públicos, principalmente de los cuerpos policiacos, con quienes infringen la ley. Por supuesto, sustentan la incredulidad ciudadana en los cuerpos policiacos su evidente incapacidad para detener la violencia criminal que azota la ciudad, y los múltiples casos en que los delincuentes son o han sido parte de esos cuerpos. Desde la década pasada la ciudadanía ha sido testigo del hallazgo de narcofosas en diferentes puntos de la ciudad, ejecuciones, la operación de redes de tráfico de inmigrantes, casos trata de blancas y prostitución de menores, la protección a picadores y hasta asesinatos de mujeres, donde existen muchos indicios y/o evidencias de participación de policías de los diferentes niveles de gobierno. Y si lo anterior no fuera suficiente para erosionar la confianza ciudadana, debe añadirse el impacto negativo que desde esos años ha provocado en la conciencia cívica, el desempeño autoritario de los gobiernos estatales (recordar a Patricio Martínez) y de los responsables de administrar la justicia, que han incurrido en la tortura y fabricación de culpables, reprimido a quienes cuestionaron su proceder y convertido al poder público en un factor más de la violencia. Las recomendaciones y resoluciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos así lo evidencian.
Acaso el ejemplo más reciente y contundente de que no habido cambios en la policía, es la represión de la policía municipal hacia unos activistas sociales que realizaban una jornada de luto y protesta contra la impunidad y la violencia pegando carteles y haciendo pintas ocurrida el pasado martes 1 de noviembre. Durante la detención de 29 de las personas que realizaban la protesta, tanto los efectivos de la policía que participaron directamente en la agresión a esas personas, como sus directivos y la propia autoridad municipal demostraron no haber cambiado en materia de abusos a los derechos humanos, criterios de actuación y procedimientos autoritarios y falta de preparación para relacionarse con la ciudadanía.
En esta ocasión los diferentes videos mostrados a la opinión publica por los medios de comunicación, dejan ver de inmediato que los oficiales no acudieron a impedir la comisión de algún posible delito. De haberlo querido hacer, su modo de proceder habría sido otro: se podía haber enviado un oficial para dialogar con los manifestantes, informarles que es indebido pintar o dañar propiedad privada y solicitarles la interrupción de la acción o conducta presumiblemente delictiva. Pero sucedió así. Los videos muestran que una vez iniciada la confrontación con los activistas, la policía no tuvo cuidado siquiera en someterlos sin poner en riesgo la vida propia ni la de los manifestantes, pues a todas luces actuó de manera caótica y portando peligrosamente armas largas, incluso con el dedo en el gatillo. Además, los oficiales enseñaron un ánimo rencoroso y vengativo buscando hacer daño físico a los activistas al ejercer hacia ellos una violencia excesiva e indebida durante la detención. Y aunque los videos no lo muestran, ese abiertamente represivo fue más patente aún con las golpizas propinadas a los detenidos (incluidos dos periodistas) cuando ya se encontraban recluidos en las instalaciones de la Estación Aldama.
Con esa actuación, los oficiales no mostraron en ningún momento mayor claridad en el objetivo de su acción que no fuera ostentar fuerza y obedecer un mandato cuyo propósito se adivina: dejar claro el mensaje de que habrá mano dura contra quienes protesten y promuevan una imagen de la ciudad contraria a la promovida por campañas como “Amor por Juárez” y “Juárez competitiva”. Tal mensaje no puede sino atribuirse a los responsables de la seguridad pública municipal, de manera que la violenta y represiva actuación de la policía no se explica sólo por las debilidades, deficiencias y la cultura autoritaria y criminal que caracterizan a las estructuras policiacas, sino también por la aprobación tácita de la autoridad municipal del uso excesivo de la fuerza.
Frente a este panorama no se puede sino concluir que es necesaria una reestructuración a fondo de los cuerpos policiacos municipales. La policía debe cambiar radicalmente los criterios con que se organiza y la manera en que realiza sus tareas, que teóricamente corresponden a la prevención de los delitos y el cuidado de la seguridad de los ciudadanos; tareas compatibles con la existencia y afirmación de una sociedad democrática. Esta reestructuración debe iniciar transparentando los mecanismos del funcionamiento de la policía, estableciendo para ello instancias de rendimiento de cuentas y observación ciudadana hacia los directivos, jefes y oficiales de la policía municipal. Por supuesto, estas tareas no deben empezar solapando y dejando impunes los abusos cometidos por esta corporación en contra de los activistas reprimidos este pasado martes 1 de noviembre. Haría bien que las organizaciones de la sociedad civil se unan para demandar que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola, y los oficiales implicados en las agresiones a los ciudadanos y periodistas, sean removidos de sus cargos y comparezcan ante la justicia.
[1] El 23 de marzo de 2005 la policía municipal asesinó cuatro personas que presuntamente dieron muerte a uno de sus miembros. Para encontrarlas se montó un operativo que requirió prácticamente a todo el cuerpo de seguridad municipal, y luego de un enfrentamiento donde además resultó muerto otro policía, días después el alcalde desplegó una campaña de medios para justificar la medida, con el apoyo de organismos empresariales que por medio de desplegados aplaudieron la “mano dura” (Norte, 24-25 de marzo).
[2] Arteaga, Nelson, Violencia y Estado en la globalización, UACJ, Ciudad Juárez, 2004, pp.8-9.
[3] Se trata del reporte de la “Encuesta a la policía municipal de Ciudad Juárez en verano de 2010”, coordinada por Gustavo de la Rosa, Enrique Portillo y Heriberto Flores (septiembre de 2010); y “Justiciabarometro: diagnóstico integral de la policía municipal preventiva de Juárez” realizado por el Ayuntamiento de Juárez, la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Segob) y académicos de varias universidades (diciembre de 2010).
[4] Padilla, Héctor y Olivas, César, “Participación ciudadana y valores políticos de los juarenses”, en Coronado, Irasema y Padilla, Héctor (coord.), Juntos pero no revueltos, UACJ, Ciudad Juárez, 2006.
[5] Tecnológico de Monterrey, “Diagnóstico y evaluación de la percepción ciudadana sobre la delincuencia y seguridad pública en las Ciudades de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes”, FOMIX, 2008.
[6] Padilla, Héctor (coord.), Para mi es lo mismo. Causas del abstencionismo en Ciudad Juárez, UACJ-IEE, 2010, pp. 195.
JuárezDialoga ha invitado a Héctor Padilla a colaborar por su trayectoria académica como estudioso de Ciudad Juárez y el tema de la frontera. Así mismo, por su contribución y reflexión sobre el tema específico de la cultura. Héctor, también como académico ha apoyado en distintos momentos diversos movimientos sociales y fue co-fundador del Movimiento Pacto por la cultura.
