Por: Jesús Vargas Valdés
El proceso de construcción del nuevo organismo de la cultura a principios de la década de 1990 tuvo lugar en una coyuntura muy propicia para que su destino hubiera sido diferente. Como señalaba en La Fragua anterior, las energías de los primeros tres años se concentraron principalmente en redactar los documentos que le garantizaran a la nueva institución una base jurídica muy sólida, para que no llegaran después los directores ni los funcionarios superiores a manejar la cultura como una extensión de los objetivos de partido o de gobierno. Tanto en la ley como en el Reglamento interior se tuvo mucho cuidado, en dejar establecido que el ICHICULT sería la institución de la cultura y que iba a estar al servicio de la sociedad y no de los intereses políticos de nadie.
En estos afanes desempeñaron una labor definitiva los doce integrantes de la Comisión que se nombró después del primer intento del gobernador Fernando Baeza para imponer a la licenciada Luz Ernestina Fierro ( 13 de septiembre de 1989) al frente de la nueva institución. Uno de los temas más discutidos en la redacción de la nueva ley fue el correspondiente al Comité técnico y después de muchas discusiones se tuvo que aceptar y quedó incluido en la ley.
Mas adelante, después de la instalación oficial del ICHICULT se eligió a los siete integrantes del Comité técnico quienes asumieron desde el principio la tarea de redactar el Reglamento interior donde tenían que quedar especificadas precisamente las atribuciones de dicho comité. Prácticamente en los tres años de gestión se concentraron en la redacción de ese reglamento, pero no se hizo en reuniones de escritorio, ni reuniones selectas de café, durante dos años se hicieron asambleas de consulta en las principales ciudades del estado, se levantaron propuestas y se trató de dar respuesta a las inquietudes de una comunidad que quizá no tuvo la suficiente claridad de lo que se estaba gestando y lo digo con la convicción de que esa falta de participación de la gente fue una de las causas principales de que muy pronto el ICHICULT se perdiera de rumbo.
Es conveniente recordar algunas fechas importantes en esta historia:
Como consecuencia de la revuelta del 13 de septiembre se formó una comisión de doce personas encargadas de elaborar el proyecto de Ley que recogiera las propuestas más representativas y urgentes. Durante más de seis meses se trabajó en ese sentido. En mayo de 1990 se firmó por parte de todos los integrantes de la comisión la propuesta de ley, esperando que se presentaría ante la colectividad por las vías más adecuadas y el 17 de julio de ese mismo año se turnó al Congreso del Estado el nuevo Proyecto de ley del Instituto Chihuahuense de la Cultura.
El 15 de enero de 1991 los artistas e intelectuales de Ciudad Juárez organizan el “Foro Cultura para Todos” en el cual se analizan diversas propuestas encaminadas a lograr un proyecto de vida cultural desde la perspectiva de los artistas e intelectuales independientes. Cuatro días después, el 19 de enero el Congreso del estado publica en el Periódico oficial la Ley que establece la estructura y los mecanismos para la creación del Instituto Chihuahuense de la Cultura.
El 23 de marzo de 1991 se realizó la Asamblea para la Cultura con el fin de diagnosticar la actividad cultural y que tan determinantes eran las particularidades de un estado fronterizo en el contexto del Tratado de libre Comercio, teniendo presente que en el quehacer de la nueva institución tenía que intervenir la sociedad, los trabajadores de la cultura, y las instituciones oficiales apoyándose en el intercambio entre las instancias regionales y nacionales.
En mayo de 1991 la Dirección General de Desarrollo Social convocó a instituciones y agrupaciones culturales del estado de Chihuahua para que participaran en la selección abierta y democrática de los integrantes del Comité Técnico del Instituto de la Cultura.
Con la asistencia de varias instituciones y agrupaciones se nombró el comité en los primeros días del mes de junio, quedando integrado por Willivaldo Delgadillo en literatura; Jorge Vargas en música: Mario Arnal en artes plásticas; Antonio Rubio en danza; Jorge Carrera en cultura popular; Óscar Erives en teatro; Jesús Vargas en patrimonio histórico.
En agosto se 1991 los integrantes del Comité Técnico recibieron por parte de la Dirección de Desarrollo Social la propuesta de Reglamento del Instituto de la Cultura. El comité se reunió en Ciudad Juárez y ese mismo mes entregó una sus propuestas para modificar algunos artículos del Reglamento que de acuerdo a la Ley del Instituto no estaban elaborados correctamente.
Ahora que se escribe esta parte de la historia pareciera que por parte del gobierno se aceptaban las propuestas de la gente sin mayores problemas, la verdad es que en cada paso se tenía que hacer una lucha de fuerza y algunas veces el mediador del gobierno del estado Ramón Navarro se retiraba durante algunos meses y se tenía que ejercer gran presión para continuar con las negociaciones. Otras veces el propio señor Navarro tomó decisiones sin consultar a nadie a pesar de que los integrantes del Comité Técnico teníamos las atribuciones para que se nos informara, por ejemplo:
En febrero de 1992 nos encontramos con la novedad de que el Complejo Cultural Teatro de los Héroes tenía nuevo director y se dijo por allí que el director saliente pasaba como asesor del Instituto de la Cultura. Ninguno de los miembros del Comité estaba enterado. Otro ejemplo: el domingo 8 de febrero se presentó en el Teatro de los Héroes una función para niños y en los boletos aparece como organizador el Instituto Chihuahuense de la Cultura y tampoco en esa ocasión se informó al Instituto.
A mediados de marzo de 1992 empezó a circular la invitación firmada por el gobernador Fernando Baeza para la ceremonia de instalación del Instituto Chihuahuense de la Cultura “con la distinguida presencia del presidente de la República Lic. Carlos Salinas de Gortari.
“La cultura como práctica de la libertad”
Al final de cuentas se instaló ayer el Instituto Chihuahuense de la Cultura en el marco de la visita presidencial, concluyendo con este acontecimiento una etapa que duró tres años. Hoy mismo se está iniciando una nueva etapa y de ello trataremos en este artículo empezando con algunas preguntas que se han repetido con insistencia en estos últimos días: ¿Por qué causas se desencadenó a matacaballo un proceso que había durado tres años haciendo las cosas con tanto sigilo al grado de que el nombre del director sólo se dio a conocer en el momento de la ceremonia? ¿Por qué al final de sexenio, cuando las oficinas de gobierno se encuentran poseídas por la preocupación electoral y nadie piensa en nuevos proyectos y además los recursos se han agotado? ¿Por qué el Instituto empieza sin edificio, sin oficinas, sin reglamento y sin consultar mínimamente a la gente más involucrada en este proyecto, por ejemplo a los miembros de la comisión que elaboró la ley, por ejemplo a los miembros del comité técnico?
Este apresuramiento responde a estrategias políticas que tienen mucho que ver con la imagen del gobierno estatal en funciones, los procesos electorales y la imagen del candidato oficial. Pero es la sociedad la que le ha dado un valor político a las manifestaciones culturales.
Desde hace unos cinco años el interés social por la cultura se ha convertido en un factor importante en la vida cotidiana de los chihuahuenses. La expresión cultural se ha convertido en uno de los pocos espacios de libertad a través de los cuales se puede manifestar una sociedad engarrotada por la desesperanza, la frustración y el miedo a perder lo poco que tiene un indignante trabajo y un mísero salario. Hoy, los mexicanos tenemos miedo de quedarnos sin trabajo y de no tener con qué alimentar a nuestras familias el día de mañana, y esto le sucede no solamente a los obreros y las sufridas trabajadoras de maquiladora; le sucede también a los maestros, a los ingenieros y demás profesionistas; a los pequeños comerciantes y en general a la clase media.
Y cuando nos referimos a la expresión cultural como un refugio para la práctica de la libertad, no estamos pensando únicamente en los artistas o en los intelectuales. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a la sociedad, a esos trabajadores, a esos maestros, a esa clase media que cíclicamente y en todos los países recurre o a la religión o a la historia cuando se siente aplastada por la crisis.
Está ampliamente demostrado que cuando un pueblo se siente arrinconado por la crisis económica, cuando un pueblo ha perdido toda credibilidad en sus dirigentes y no cuenta con los medios para lograr cambios inmediatos, se refugia en las religiones, en el mesianismo, o bien, recurre a su pasado re-actualizando a sus héroes de mayor credibilidad.
Todo eso tiene que ver con las preguntas mencionadas y con la preocupación manifiesta por institucionalizar la actividad cultural. Y la gran contradicción a lo largo de tres años en el proceso de gestación del Instituto Chihuahuense de la Cultura fue precisamente entre dos concepciones más o menos opuestas; por una parte, la posición oficial que aspira a tener el control absoluto de la línea, de las políticas y de los recursos; por otra parte, la aspiración de que se permitan las condiciones para buscar sin burocratismo las mejores condiciones para el florecimiento de la vida cultural en Chihuahua. Y aquí no estamos hablando de los artistas y de los intelectuales únicamente, estamos hablando, otra vez, de la sociedad en su conjunto.
Durante casi un año la comisión para elaborar el proyecto de ley buscó la forma de llegar a un acuerdo entre estas dos líneas, y cuando se firmó el proyecto se había concluido en un organigrama que contemplaba tres instancias: Consejo Estatal. Comité Técnico y director, donde el Consejo tendría la función de aprobar las propuestas y planes anuales y el director junto con el Comité Técnico, ejecutarlos.
Hace siete meses se le entregó al Comité Técnico lo que para los asesores jurídicos de Gobierno debería ser el Reglamento del Instituto. Este documento es fundamental porque en la ley sólo aparecen lineamientos generales sobre las funciones y en el Reglamento se especifica y detalla. Pues resultó que el Reglamento sólo les asignaba funciones de asesoría a los miembros del Comité Técnico y se pretendía que en esas condiciones firmáramos y entregáramos ese documento en un plazo de dos días porque era urgentísimo tener todas las firmas tanto del Consejo como del Comité Técnico. Expusimos que no podíamos firmar sin analizar detenidamente, tomamos el tiempo necesario para revisar, analizar y proponer. Le regresamos al Departamento Jurídico un documento con modificaciones y esperamos que en unos días se nos convocaría nuevamente para firmar el reglamento definitivo, suponíamos que sería cuestión de días porque se nos había insistido mucho en la urgencia, pero pasaron siete meses y hasta la semana pasada volvimos a escuchar que se hablaba nuevamente del Instituto.
Ahora que ya se instaló, se inicia la segunda etapa: el funcionamiento. Todavía el lunes nos preocupaba mucho el asunto del reglamento porque de ninguna manera se va a aceptar el criterio de que el Comité Técnico sólo tiene funciones de asesoría. En vista de ello y aprovechando la reunión de información que se celebró con el director de Desarrollo Social ese día, lunes 16, le preguntamos cómo quedaba lo del reglamento y la respuesta fue que eso se resolvería después de la instalación del Instituto y en común acuerdo del director, Consejo y Comité. Esto nos tranquiliza porque confiamos en que se respetará el espíritu en que fue redactada la ley y firmada por todos los miembros de la Comisión.
Era evidente el interés del presidente Salinas de reivindicarse, de quedar bien con los intelectuales y artistas de Chihuahua y de todo el país, pues aunque no era el presidente en 1986, cuando el gobierno fue acusado de cometer fraude, si era consiente del peso, de la trascendencia que había tenido en aquellos momentos el manifiesto firmado por veinte de los intelectuales más reconocidos en México, entre ellos los chihuahuenses Carlos Montemayor e Ignacio Solares .
Además , el propio Salinas estaba acusado también de haber llegado a la presidencia por medio de un fraude escandaloso.
Manifiesto 24 de julio de 1986
Los resultados oficiales de las pasadas elecciones en el estado de Chihuahua, arrojaron triunfos del PRI en 98% de los casos en contienda. Desde lejos, sin ligas con los partidos, pensamos que estas cifras revelan una peligrosa obsesión por la unanimidad. De cerca, y con mayores elementos de juicio, un sector amplio y diverso de la sociedad chihuahuense cree que su voto no fue respetado. Para expresar su descontento, este sector ha realizado actos pacíficos de valor cívico que desmienten la unanimidad y ponen en entredicho la limpieza democrática de los comicios.
Las autoridades no deben ignorar la trascendencia de estas manifestaciones. Hoy más que nunca los ciudadanos necesitan creer en que votar tiene sentido: más sentido que la abstención o la violencia. Para eso hace falta que los vencidos queden convencidos. Los testimonios ciudadanos y de la prensa nacional registran suficientes irregularidades como para arrojar una duda razonable sobre la legalidad de todo el proceso. Para despejar plenamente esta duda, que toca una fibra central de la credibilidad política en México, pensamos que las autoridades, procediendo de buena fe, deben restablecer la concordia y anular los comicios en Chihuahua.
Firmaron veinte personas: Héctor Aguilar Camín, Huberto Batis, Fernando Benitez, Juan García Ponce, Luis González y González, Hugo Hiriart, David Huerta, Enrique Krauze, Teresa Losada, Marco Antonio Montes de Oca, Abelardo Villegas, Ramón Xirau, Gabriel Zaid, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Lorenzo Meyer, Carlos Montemayor, Octavio Paz, Elena Poniatowska e Ignacio Solares.
Diez días después de este comunicado el secretario de Gobernación invitó a todos los firmantes a dialogar al respecto, no asistieron ni Carlos Montemayor e Ignacio Solares. Se dijo después que la postura del Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se centró en pedir pruebas de que las elecciones habían sido fraudulentas. Entonces los presentes solicitaron toda la documentación pertinente y a final de cuentas en el mes de febrero de 1987, llegándose a la conclusión de que no se habían encontrado pruebas de fraude, y poco después, la revista Nexos, publicó el famoso artículo que pretendía ser el principio de un diálogo para cambiar las prácticas electorales en México.
Al día siguiente escribí en La Fragua de los Tiempos un artículo que transcribo integramente porque refleja con mucha nitidez la postura del Comité Técnico y las condiciones en que se tenía que negociar con los representantes del gobierno.
Publicado en La Fragua de los Tiempos, agosto 15 de 2016. No 1162
JuárezDialoga ha invitado a Jesús Vargas Valdés por su gran compromiso con la investigación, la docencia y la historia, así como con las causas justas. Jesús es historiador y ha escrito múltiples libros relacionados con diversos temas de la historia y la política en el estado de Chihuahua. Desde 1986 publica en el periódico el Heraldo de Chihuahua La Fragua de los Tiempos.
