A comienzos de 2012, un paciente de cáncer murió a causa del medicamento suministrado por los servicios de salud del estado de Chihuahua. El caso quedó fuera de los registros institucionales, en un intento fallido por ocultar lo que sería el primer gran escándalo de corrupción del gobierno de César Horacio Duarte Jáquez, acusado hoy de una tropelía mayor: el desvío de 80 mil millones de los fondos públicos para constituir una banca crediticia de la que él y su esposa serían socios. Este reportaje, trabajado y escrito en julio de 2012, da cuenta de la red de intereses personales atribuidos al gobernador priista desde el inicio de su gestión; una trama que sugiere la adquisición de medicamento en el mercado negro, y que habría costado la vida a aquel ciudadano .Por considerarlo oportuno, JUÁREZ DIALOGA lo reproduce a continuación.
Ignacio Alvarado Álvarez
Chihuahua-En enero de 2012, la regidora Analilia Gómez se intrigó por un hecho que angustiaba al personal de las oficinas del cabildo. Intendentes, mensajeros y secretarias desfilaban por su oficina buscando ayuda ante la falta de medicamento para tratar su diabetes o hipertensión en las farmacias del Instituto Municipal de Pensiones (Impe). Gómez decidió investigar las causas del desabasto –que creyó un problema de burocracia menor- sin imaginar que terminaría desatando lo que pudiera ser el mayor escándalo de corrupción documentado hasta ahora no solo al ayuntamiento, sino al gobierno estatal.
La regidora, que en años pasados ocupó un cargo administrativo en el Impe, pronto advirtió la condición anómala que provocaba la falta de medicamento clave. En vez de un indolente ejercicio del servicio público se hallaba un proceso de licitación amañado con el que se favoreció a un grupo de advenedizos en el negocio: un viejo dirigente en Durango de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) con antecedentes de fraude; el director general del Centro de Información Económica y Social de la Secretaría de Economía de Chihuahua, y a un empresario que presumiblemente fondeó parte de la campaña del actual gobernador, César Duarte.
YMMARSA Pharmaceutica S.A. de C.V., la empresa que según Gómez fue favorecida por las autoridades, se constituyó el 29 de marzo de 2011 en Torreón, Coahuila, cinco meses después de la toma de posesión de Duarte como gobernador de Chihuahua. Presentaron un capital de 50 mil pesos repartidos en 100 acciones. Como presidente de la sociedad, con 39 por ciento de las acciones, aparece José Lázaro Joaquín López Ramírez, el funcionario de la Secretaría de Economía de Chihuahua; como secretario Juan Hiram Márquez Rodríguez, el presunto contribuyente en la campaña de Duarte. José Luis Martínez Prado, el ex dirigente de la FSTSE acusado de fraude, firma a su vez como tesorero, y por último, con 40 por ciento del capital constituyente, aparece como primer vocal Juan Francisco Lucero Chávez, un comerciante originario de Durango radicado en la ciudad de Chihuahua.
El grupo obtuvo la licitación con una propuesta inferior en casi siete millones de pesos respecto a su más cercano competidor. Con ello generó ahorros a la institución por alrededor de nueve millones de pesos, de acuerdo con declaraciones hechas a la prensa local por Marco Adán Quezada, alcalde de Chihuahua. El análisis de documentos emprendido por la regidora advierte sin embargo que ese ahorro deja sin ganancias a la empresa, lo que vuelve inexplicable las maniobras ilegales para favorecerla con el contrato, a menos que detrás existan otras maniobras lucrativas, señala.
“Con la propuesta económica que realiza el grupo no puede sostenerse la cantidad de productos que estaban dentro de la licitación”, afirma Gómez. “La otra propuesta, hecha por Farmacia Alianza S.A. de C.V., fue por 50 millones de pesos, casi siete millones menos que los 43 propuestos por YMMARSA. Pero con esos 50 millones apenas se podía obtener algo de ganancia como empresa; es decir, era lo mínimo para soportar el negocio. Lo que descubrí, lo que puedo demostrar con documentos, es que a YMMARSA se le favoreció con información privilegiada para que presentara esa propuesta por 43 millones de pesos y así quedarse con el contrato”.
Farmacia Alianza fue hasta diciembre de 2011 la principal proveedora de medicamento del Impe. La forma en que fue desplazada de tal condición indignó a sus propietarios, pero ellos prefirieron quedarse al margen de las acusaciones. A la empresa, el Impe paga una mensualidad promedio de 3.5 millones de pesos que corresponden a adquisiciones de medicamentos del año fiscal anterior. “No podemos enfrentarnos al monstruo que es el gobierno, usted comprende”, se excusaron ante una solicitud de entrevista.
A la convocatoria lanzada por el Impe comparecieron el 14 de diciembre de 2011 cuatro participantes ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios: además de Farmacia Alianza e YMMARSA, estuvieron Futufarma S.A. de C.V., así como el particular Juan Márquez Hernández, a quien la regidora vincula con la empresa ganadora. En la ronda de preguntas, los representantes de YMMARSA buscaron despejar una duda: por no tener un año constituidos les era imposible presentar la declaración anual del último ejercicio fiscal, tal y como obliga la base técnica de la licitación, y ante ello buscaron saber si ese punto podía omitirse.
La respuesta del comité fue contundente, según consta en el acta del día: “(La empresa) deberá sujetarse a lo establecido en las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio”. Tal declaración fue firmada por el subdirector médico y vocal del comité, Roberto López Segura; el coordinador de Servicios Subrogados y vocal del comité, Ernesto Grado Ahuir; Armando A. Holguín Córdova, apoderado legal del Impe; Elizabeth Elizondo Álvidrez, representante de la Contraloría Jurídica y asesor del comité; Dianna Quezada Hong, representante de la Sindicatura Municipal y también vocal, y por el representante de la Tesorería Municipal, Oscar Rodríguez López.
En un documento posterior, fechado el 29 de diciembre de ese mismo año, en el que se anuncia la adjudicación del contrato a YMMARSA, se afirma sin embargo que fueron entregados “los estados financieros correspondientes al último ejercicio fiscal, acompañados de las declaraciones de Impuestos Sobre la Renta e impuestos al Valor Agregado”. Así, agrega el documento, YMMARSA “cumplió con la información y requisitos solicitados en las bases de licitación por lo que se considera técnica y económicamente solvente”. Firman los mismos miembros del comité, al que se suma como cabeza Luis Carlos Esquivel Ruiz, director ejecutivo del Impe, quien terminaría renunciando al cargo a mediados de julio “por motivos personales”.
El contrato en juego con la dependencia municipal tiene una base de 40 millones de pesos, con un tope hasta 70 millones. Pero el jugoso trozo de pastel no estaba ahí, sino en Pensiones Civiles del Estado, en donde los dueños de YMMARSA lograron embolsarse 100 millones de pesos inflando desorbitadamente el costo de medicamentos o proveyéndolos desde el mercado negro, de acuerdo con la segunda parte de la investigación, esta vez a cargo de legisladores del PAN y al menos una de las firmas descalificadas del proceso de licitación.
“Es aquí en donde podemos explicarnos muchas cosas que resultaban ilógicas del primer proceso licitatorio con el municipio. Esta es la joya del negocio”, dice Héctor Ortiz Orpinel, coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso del Estado y principal gestor de las indagatorias.
El jugoso contrato referido por Ortiz asciende a casi 397, 733,247.00 millones de pesos, en 881 partidas, de las que YMMARSA se hizo de 718, equivalentes al 81.4% del total. En total, Pensiones Civiles del Estado pagó 352,685,298.00 millones de pesos a la empresa, lo que equivale al 88.6% del gasto erogado de la licitación, según se desprende del análisis realizado por los diputados y sus asesores técnicos de cada una de las partidas presupuestadas para 2012.
La adjudicación de contratos tiene un par de evidencias extraordinarias. Y ninguna ha sido explicadas por Pensiones Civiles ni la Contraloría estatal.
En primer término, los diputados hallaron que durante el ejercicio fiscal de 2011, de las 779 partidas en concurso, el principal proveedor se hizo de apenas 56 de ellas, lo que representa 7.7% del total. Otra tabla comparativa reveló que el sobreprecio de medicamentos generó una derrama de 100 millones de pesos más que el año pasado.
Otro elemento clave:
José Lázaro Joaquín López Ramirez presidía la empresa al momento de otorgársele la licitación, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado, que señala lo siguiente: “Los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes: (…) II-Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa específica de la Contraloría”.
“Existen otras ilegalidades –señala Ortiz. Por ejemplo, YMMARSA en ningún momento cumplió en algunas partidas con el numeral 11 de las bases de licitación que textualmente disponen lo siguiente: “Todos los distribuidores deberán entregar la carta de apoyo de la empresa fabricante de los productos ofertados, en original, especificando el número de licitación dirigida a Pensiones Civiles del Estado”. Por lo tanto, el Comité de Adquisiciones debió, bajo el principio de legalidad e igualdad, haber desechado sus propuestas, lo cual nunca realizó”.
La oferta de productos médicos de YMMARSA no sólo acaparó ocho de cada diez, sino que algunos los vendió a precios superlativos, si se compara el tabulador de 2011. Los que más sobresalen en el cotejo entre un año y otro, son los siguientes:
Bicalutamida, un fármaco utilizado para el tratamiento de cáncer de próstata del que se pidieron 700 cajas, fue cotizado en mil 503 pesos cuando en 2011 fue ofertado en 500 pesos. La Fenitoína, empleada en tratamiento de epilepsia, YMMARSA la ofreció en 394 pesos, contra 14 pesos del año anterior. El Prozac o fluoxetina dispersable, que es un antidepresivo, fue adquirido en 398 pesos cuando en 2011 se vendió en 7.50 pesos.
En general, la tabla de cotizaciones mantiene un aumento del costo por producto que oscila entre 15% y 336.99%.
Los casi 398 millones de pesos en juego convocaron a 40 empresas farmacéuticas, pero al final sólo se adjudicaron partidas a una decena, YMMARSA la que más. Las firmas desechadas por las autoridades contaban con mayor solvencia que la gran ganadora, sostiene Ortiz, pero se les eliminó bajo una estrategia infalible: para esta nueva convocatoria se exigió que los concursantes presentaran de inicio una carta expedida por dependencias estatales con las que tuvieran contrato, en las que se diera constancia que no mantenían adeudos.
A varios kilómetros de Chihuahua, en Monterrey, el representante de una de las dos empresas que distribuyen medicamento oncológico a laboratorios Roché, se refiere al proceso de licitación como el más turbio al que les haya tocado enfrentarse en años recientes. “Desde un inicio advertimos que fue un proceso muy dirigido para favorecer a esta empresa a la que nadie conoce en el mundo farmacéutico”, dice.
El representante acepta hablar sobre el tema a cambio de respetar su identidad y el nombre de su empresa.
“Había la clara intención de dejarnos fuera, a nosotros y otras compañías-cuenta. En principio, la carta que certificara cero adeudos con otras dependencias del estado era casi imposible obtenerla porque todos manteníamos acuerdos abiertos con ellas y por lo tanto adeudos. Pero al final, las pocas que pudimos cerrar las deudas nos enfrentamos a absurdos que evidenciaron más la intención de la convocatoria: los funcionarios que debían firmar las cartas no lo hicieron; se justificaban diciendo que andaban de vacaciones o simplemente no respondían llamados. Así que un día nos apersonamos ante ellos, mientras celebraban una reunión en el Instituto Chihuahuense de la Salud, pero al darse cuenta que los esperábamos salieron por la puerta de emergencia”.
El representante dice que la asignación de contratos con los servicios de salud estatales ha seguido un mismo patrón en Durango, Coahuila y Nuevo León. Pero el caso de Chihuahua es particular, porque, asegura, la mano del gobernador es fácilmente advertible: “Antes de la convocatoria final, Pensiones Civiles del Estado emitió una previa, que inmediatamente fue revertida por órdenes de César Duarte”.
La razón es el jugoso monto de los 398 millones, cuyo tope sobrepasa los 700 millones, dice.
“La prueba más evidente del favorecimiento a los socios de YMMARSA es el sobreprecio. Existe una Comisión Negociadora de Precios, en donde puedes ver los acuerdos que se logran para no subir ni bajar el costo de patentes. Sin embargo, YMMARSA, como casi único negociador, los ha inflado hasta el 336 por ciento. Y esto lo que revela es que la dependencia, Pensiones Civiles, pasa por alto los acuerdos fijados por dicha comisión. Ahí se cierra la pinza de la corrupción”.
No solo el sobreprecio establece la relación entre YMMARSA y Pensiones Civiles, dice el representante, sino la mala calidad de algunos medicamentos. Su empresa debió entrar al quite hace un par de meses, después de que una derechohabiente murió por consumir producto “contaminado”.
“Desde luego es un caso no documentado por Pensiones Civiles-dice. Pero lo que ellos hicieron fue buscar a una de las dos empresas distribuidoras autorizadas por laboratorios Roché para colocar medicamento para, en este caso, tratar el cáncer de mama. Esto es algo muy delicado, puesto que un medicamento oncológico puede costar hasta 50 mil pesos y por lo tanto es uno de los más cuidados por los laboratorios. No cualquiera está autorizado para venderlo. De YMMARSA se sabe que no tiene respaldo de los laboratorios más prestigiados. La pregunta que cabe plantearse aquí es de dónde está sacando este tipo de medicamento esa empresa. La respuesta puede ser: del mercado negro”.
Ningún funcionario de Pensiones Civiles del Estado respondió a insistentes solicitudes de entrevista. Nicolás Juárez, subdirector de Comunicación Social del Gobierno del Estado excusó al titular de la dependencia, Marcelo González Tachiquín, por estar de vacaciones.
En el Impe, César Chávez, nombrado director ejecutivo en sustitución de Luis Carlos Esquivel, se declaró ignorante de lo sucedido con la licitación ganada por YMMARSA. “Honestamente desconozco el tema, porque acabo de entrar (al cargo)”, dijo.
Armando Holguín, el director jurídico y firmante de los documentos del proceso irregular que terminó por otorgarle el contrato a la empresa, sostiene que en ello hubo siempre apego a la legalidad, aunque no explica las dispensas técnicas señaladas por los documentos expuestos por la regidora Analilia Gómez. Tampoco pudo proporcionar datos sobre la empresa ganadora, más allá de los que existen en el acta constitutiva. No dispone –al menos así lo dijo- dirección o teléfonos de sus oficinas centrales.
“Nosotros somos un área administrativa, no somos una judicial ni persecutora. Simplemente vigilamos que las leyes del gobierno del estado se cumplan en todos sus puntos, y eso fue lo que pasó con los miembros del Comité”, expuso.
JuárezDialoga agradece la colaboración de Ignacio Alvarado Álvarez, periodista originario de Ciudad Juárez comprometido con el periodismo.
