A poco menos de una semanade haber asumido el cargo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump[1] firma y promueve tres órdenes ejecutivas[2] relacionadas con el tema migratorio, que si bien no plantean ninguna novedad (salvo la prohibición del ingreso a EU de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana), sí radicalizan la postura discriminatoria de su nueva administración y crean incertidumbre sobre los alcances legales y la puesta en práctica de tales decretos. Son medidas que refuerzan la idea de que desde la legislación migratoria, Estados Unidos ejerce la violencia pública institucionalizada en contra de los migrantes; una violencia ya perfilada desde las dos administraciones George W. Bush y Barak Obama, plasmada en medidas orientadas a sellar sus fronteras y criminalizar la migración. Tal como ya se advertía desde entonces, la violencia institucionalizada hacia los migrantes es parte de “un sentir social más generalizado” que, por una parte, transforma a la migración indocumentada en un hecho criminal, y por el otro, considera a la migración en general -documentada o no- en un fenómeno social negativo para los Estados Unidos. La idea de fondo es que “la riqueza, la cultura, la identidad y, últimamente, la seguridad nacional, están siendo amenazadas por la migración”. [3] Es así que bajo el amparo de las leyes migratorias vigentes, como el Acta de Inmigración y Nacionalidad, de 1996, y el Acuerdo 287 (g), han surgido ordenanzas locales y todo entramado de reglas a nivel federal y estatal enfocado en perseguir a los migrantes, en especial los latinos y mexicanos.
La más polémica de las órdenes ejecutivas de Trump es la OE13769, “Protección de la nación contra la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos”, firmada el 27 de enero. Lo es porque, según afirman quienes la han impugnado en las cortes federales, hay fuertes dudas sobre su constitucionalidad, al impedir que extranjeros provenientes de países de mayoría religiosa musulmana ingresen a Estados Unidos. Como lo plantean las demandas interpuestas por los estados de Washington y Minnesota, se trata de una medida discriminatoria que podría generar un “perjuicio inmediato e irreparable” en ciudadanos norteamericanos, ya que viola los derechos constitucionales tanto de los inmigrantes como de sus familias, así como su derecho a la libertad religiosa y a la igualdad ante la ley. También se dice que la discriminación a inmigrantes por su lugar de origen y/o religión va en contra de los derechos civiles establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El alegato en las cortes sobre esta medida aún continúa, al igual que sobre las decenas de demandas interpuestas por organismos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en contra de la administración Trump. Esta polémica alcanza también a la orden ejecutiva OE13768, la cual está específicamente orientada a reforzar las medidas antiterroristas por las agencias de seguridad norteamericanas, por ejemplo mediante la incorporación de 10 mil oficiales de inmigración adicionales.
Con respecto a la tercera orden ejecutiva Seguridad Fronteriza y Mejoras a la Aplicación de las leyes de Inmigración, el debate se torna más regional y de interés para los mexicanos por varias razones. La primera, porque en ella se ordena la construcción del muro fronterizo, el cual según ha insistido el presidente Trump, México deberá pagar. Y la segunda y más importante, es porque introduce varias acciones que amenazan con crear una situación de emergencia humanitaria en México al implicar el posible retorno masivos de millones de deportados. Esas acciones son: contratar 5 mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza; habilitar a organismos estatales y locales de aplicación de la ley en todo el país para que desempeñen las funciones de un oficial de inmigración en el interior de los Estados Unidos; retirar fondos federales a estados y ciudades que se declarado “santuario”; construir más centros de detención cercanos a la frontera; eliminar la privacidad de datos de personas que no sean ciudadanos o residentes legales en agencias federales.
Como corolario y principal amenaza, la tercera orden ejecutiva amplía las prioridades de deportación establecidas, al incorporar a: 1) extranjeros convictos de cualquier ofensa criminal; 2) extranjeros que han sido acusados de una ofensa criminal, aún sin ser convictos; 3) extranjeros que hayan cometido actos que “pudieran ser un delito”; y 4) quienes hayan cometido algún fraude migratorio o gubernamental. Esta determinación es la que mayor temor e incertidumbre genera en los mexicanos que residen en Estados Unidos, de manera documentada o indocumentada, porque aumenta significativamente el número de migrantes mexicanos en posibilidad de ser deportados (que aumenta de dos millones hasta unos ocho millones, según el diario Los Ángeles Times) y eleva el riesgo de deportaciones sin un debido proceso.
Los contenidos y objetivos de las órdenes ejecutivas no son pues de ninguna manera nuevos, pero sí lo son en cuanto que auguran un incremento exponencial de las agresiones y la discriminación en contra de los migrantes latinos y mexicanos, y de las minorías religiosas. Constituyen un paso muy claro en la consolidación de un sistema de apartheid sostenido por la violencia pública, social e institucional sistemáticas, empeñadas en criminalizar la diversidad étnica y racial, convertir a las autoridades de todos los niveles en perseguidores, cerrar la puerta a los refugiados y propiciar actitudes de odio y miedo hacia las minorías. Son acciones que, igualmente, elevan la posibilidad de violaciones a los derechos humanos, así como el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad entre las poblaciones migrantes.
Son por lo tanto acciones que, por lo menos respecto al gobierno y la sociedad mexicanas, no debieron haber sido tomadas como una sorpresa, ya que además fueron parte central de la oferta política de Trump hacia el electorado norteamericano, especialmente a su clase trabajadora, a la que propuso la fórmula: “menos inmigración es igual a más empleos y más salarios”. Lo que en efecto fue sorprendente es la celeridad con que Trump decidió implementar estas medidas incluidas en tres órdenes ejecutivas publicadas en sus primeros siete días como presidente; una rapidez que contrasta con la respuesta tardía de parte del gobierno mexicano, y cuya falta de decisión e incapacidad de reacción ha contribuido notablemente a elevar la desinformación y los rumores, así como el temor e incertidumbre de las familias mexicanas que residen en Estados Unidos y en la frontera con ese país. Las noticias falsas o ciertas que circulan en redes sociales y medios impresos en ciudades fronterizas son una expresión de ello.[4]
El efecto inmediato de las órdenes ejecutivas ha sido el de un terremoto, por su carácter desorientador y el sentido de emergencia social que ha provocado en el conjunto de la sociedad y el gobierno mexicano. Esto que ha venido llamándose la Era Trump para México tiene el carácter de un golpe que obliga al país a verse ante el espejo, para enfrentarse a su propia realidad nacional. Pero tal parece que se ha colocado frente a un espejo roto que devuelve la imagen de una realidad fragmentada y distorsionada, si no es que monstruosa: una vida pública empobrecida, sin liderazgos claros, con una corrupción arraigada en todos los niveles, una acusada debilidad institucional, y como corolario, un evidente déficit de infraestructura social y recursos humanos para hacer frente a la emergencia.
Una realidad distorsionada que, en el caso específico de la política migratoria (tanto hacia los mexicanos que migran, como a los centroamericanos que transitan por nuestro territorio en su viaje a los Estados Unidos), deja ver tanto las carencias y vacíos, como las contradicciones y el distanciamiento entre el discurso político mexicano y la capacidad real para proporcionar una política pública que brinde seguridad, respeto y garantías a los migrantes. Y que, en cuanto a la frontera norte, arroja un escenario desolador con tan solo revisar cómo las políticas migratorias de Estados Unidos y México han venido impactando de forma directa e inmediata la vida cotidiana de las ciudades fronterizas, que desde hace más de una década han sido el lugar de arribo de miles de deportados anualmente, pero sin tener recursos necesarios para ofrecerles apoyo adecuado y suficiente, y por añadidura, bajo el ataque de una violencia extrema que debilita y vulnera la capacidad de respuesta de la sociedad civil para hacer frente a los problemas sociales.
Ante a este panorama, de ataque por un lado y de inmovilidad e incapacidad por el otro, no es posible esperar simplemente a ver cómo evolucionan las cosas en EU (tanto las controversias legales, como las amplias movilizaciones en contra de Trump) y suponer que la solución vendrá de factores externos. Por ello, el principal reto para enfrentar la coyuntura crítica abierta por las órdenes ejecutivas en materia migratoria, es que México debe reconstruirse como país y enfrentar la coyuntura transformando la ola nacionalista y de indignación con que respondió inicialmente a las agresiones discursivas de Trump, en capacidad operativa y material para instrumentar la defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos y –en caso de que se eleven las deportaciones– para recibirlos en condiciones dignas.
Se ha dicho que los migrantes son el cuerpo de la deuda nacional que tienen las instituciones públicas de este país para con sus ciudadanos. Es el momento de saldar esa deuda. Para tal efecto es necesario que se coloque a las personas y familias mexicanas en el centro de interés de la política exterior mexicana, y que en el plano interno se convierta a las ciudades fronterizas mexicanas en auténticas ciudades “albergue”, conjugando los recursos de instituciones como las comisiones de derechos humanos nacional y estatales, el Instituto Nacional de Migración, los gobiernos municipales y de los estados fronterizos, organizaciones de la sociedad civil y universidades; para que en forma coordinada lleven a cabo tareas que van desde aspectos básicos, inmediatos y urgentes como preparar albergues y refugios; generar información oportuna y veraz para reducir la incertidumbre de las personas; hasta diseñar y ejecutar un plan de re-integración de los deportados que restituya la deuda que tiene este país en materia de derechos humanos, sociales, económicos y políticos.
[1] Texto de la ponencia presentada en el Foro Nacional: “Retos frente a la nueva política migratoria de los Estados Unidos de América en la Administración Trump”, convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 9 de febrero de 2017 en El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana.
[2] El presidente de Estados Unidos puede emitir varios tipos de documentos para dirigir las operaciones de los funcionarios y agencias del gobierno. Estos documentos son llamados “Acciones presidenciales”, y pueden incluir: órdenes ejecutivas, memorandos presidenciales y proclamaciones. Una orden ejecutiva tiene el peso de una ley federal, se usa para dirigir y administrar la forma en que opera el gobierno federal en una diversidad de asuntos. El Congreso puede revocar una orden ejecutiva mediante la aprobación de una ley que se oponga a la orden, sin embargo, el presidente puede vetarla y para que el Congreso anule el veto se requiere una mayoría de dos terceras partes, algo muy poco probable de conseguir. Por ello, la mayoría de las órdenes suelen ser vigentes durante la administración del presidente en turno, hasta que el sucesor la revoca, y si es que la Corte Suprema no la declara inconstitucional (ver: https://gobierno.usa.gov/crear-ley-federal#item-212629).
[3] Alejandra Castañeda, “La violencia de la ley: la legislación migratoria y el proceso de deportación”, en María Dolores París Pombo (compiladora), Migrantes, desplazados, braceros y deportados. Experiencias migratorias y prácticas políticas. UACJ/COLEF/UAM, México, 2012, pp. 300 y 301.
[4] Contribuyen al temor, la proliferación de noticias sobre iniciativas presentadas en el Congreso de los Estados Unidos y/o de entidades como Texas, en las que se pretende limitar la posibilidad de adquirir la residencia permanente o ciudadanía por lazos familiares (Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte, RAISE) o implantar medidas para impedir que mujeres mexicanas embarazadas, residentes de ciudades fronterizas, crucen a Estados Unidos para dar a luz.
JuárezDialoga ha invitado a Héctor Padilla a colaborar por su trayectoria académica como estudioso de Ciudad Juárez y el tema de la frontera. Así mismo, por su contribución y reflexión sobre el tema específico de la cultura. Héctor, también como académico ha apoyado en distintos momentos diversos movimientos sociales y fue co-fundador del Movimiento Pacto por la cultura.
