En su reporte mensual sobre el estado que guardan los derechos humanos en Juárez, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte califica el mes de octubre con un saldo negativo para la ciudad.
El CDHPN inaugura así su análisis en la materia. Los sucesos que mencionan son desde la designación del nuevo jefe de policía para Ciudad Juárez por parte del congreso del estado, hasta la agresión que sufriera en días pasados la reportera del diario, Angélica Villegas.
Además de los casos de violaciones a los derechos de las personas, da cuenta también del caso “de la elección como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Alberto Vázquez Quintero, quien fue el juez que en el 2001 les dictó el auto de formal prisión por la violación y asesinato de ocho mujeres (caso “Campo Algodonero”) a Javier García Uribe, alias “El Cerillo” y Gustavo Gonález Meza, alias “La Foca”, quienes aceptaron su culpabilidad bajo tortura y se emitieron recomendaciones sobre el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.”
Entre otros, también el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte reporta el caso de la maquiladora Bluebarry, donde se atizbarían un “indicio de impunidad” por lo que advierte que se debería esatr atento al tema.
A continuación el reporte completo:
El mes de octubre del 2013 resulta negativo en general para los derechos humanos en Ciudad Juárez. En el contexto del inicio de la nueva administración municipal encabezada por Enrique Serrano, las malas acciones policiacas y de justicia siguen siendo constantes y no excepcionales en el municipio, pero también a nivel estatal y federal.
Reporte policiaco.
El mes cierra con 35 asesinatos, pero se hicieron sólo dos detenciones; hubo 25 denuncias por delitos patrimoniales (9 de las cuales fueron hechas por comerciantes) con 36 detenciones, además de 26 hechos por delitos contra la salud y/o portación de armas de fuego con 58 detenidos, según nuestro seguimiento periodístico.
Duros con la ciudadanía, suaves con las y los policías.
Octubre también se destaca por varios casos de condescendencia de la ley a policías delincuentes: Un año de condena a policías torturadores; libertad condicional a policías extorsionadores; quitan cargos a agentes por provocación de aborto y lesiones a una mujer. Además continúan los abusos de los policías encubiertos en tiendas de conveniencia, las “revisiones de rutina” y los retenes viales, estas dos últimas con fines recaudatorios y las tres acciones absolutamente al margen de la ley. Es poco probable que con una mala selección del personal, con jueces condescendientes y tolerancia directriz, se pueda generar una policía confiable y apegada a derecho.
Terna para el puesto de jefe de policía de Ciudad Juárez.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sigue acéfala ante la próxima elección de su títular vía el Congreso del Estado. Por el puesto compiten el teniente coronel David N. Guzmán; el militar retirado Enrique Pineda Delgado; y el licenciado César Muñoz Corrales, actual jefe interino de la SSPM. Los dos primeros, además de haber ocupado cargos dentro de la milicia y en la Policía Federal, han enfrentado quejas por abusos de autoridad, privación de la libertad y hasta violencia doméstica, de acuerdo con datos periodísticos; el tercero fue detenido por militares en una investigación que realizaron como parte de la Operación Chihuahua y después de que rindió su declaración ministerial en una averiguación previa, fue dejado en libertad al comprobarse que no tenía relación alguna con presuntos narcotraficantes, su nombre también fue mencionado en un mensaje que colocaron sobre el cadáver de una mujer.
Vuelve la represión policiaca contra periodistas.
En otro hecho alarmante e intimidatorio, Angélica Villegas, reportera de El Diario, se convierte en la primera periodista violentada por agentes de la SSPM de la reciente administración 2013-2016, cuando regresaba junto con un amigo de un concierto en El Paso, Texas. Los golpes que recibió, según cuenta Villegas, se incrementaron al identificarse ante los agentes como periodista, lo cual indica que continúa la animosidad y agresiones de la policía hacia ese gremio.
Premio a juez polémico.
Otra mala señalar para los derechos humanos en Juárez y el estado, es la elección como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Alberto Vázquez Quintero, quien fue el juez que en el 2001 les dictó el auto de formal prisión por la violación y asesinato de ocho mujeres (caso “Campo Algodonero”) a Javier García Uribe, alias “El Cerillo” y Gustavo Gonález Meza, alias “La Foca”, quienes aceptaron su culpabilidad bajo tortura y se emitieron recomendaciones sobre el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Descalabro a los derechos de las y los trabajadores.
No menos importante es la tragedia de la explosión en la fábrica de dulces Blueberry, donde hasta el momento se contabilizan 4 decesos y decenas de heridos, además de la incertidumbre laboral del resto de las y los empleados de la planta. Este suceso se compara al caso “Aeroshow” de Chihuahua, por la cantidad de afectados(as) y la lenta investigación para deslindar responsabilidades, lo cual nos hace estar atentos a cualquier indicio de impunidad a favor de quienes resulten responsables por parte de las autoridades.
México reprobado en derechos humanos.
Octubre también es testigo del Examen Periódico Universal de la ONU donde se hacen más de180 recomendaciones al Estado mexicano en materia de violación a los derechos humanos; también en este mes se hace la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de suspensión de derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública. Esta situación contradictoria es elocuente para observar el panorama del ejercicio policiaco en México donde indudablemente uno de los estados más afectados es Chihuahua y de las ciudades, Juárez, donde ya se han vivido acciones represivas y violatorias por las cuales el país sigue retrocediendo en derechos humanos.
Síntesis
Ante esta situación actual, el futuro inmediato se nota desfavorable, pues persiste la tendencia a fortalecer el Estado policiaco en detrimento a las garantías individuales y derechos sociales. De seguir por este camino la política de gobierno de favorecer o proteger a agentes infractores, jueces alineados o políticos y empresarios deshonestos, seguirán las arbitrariedades en contra de la ciudadanía.
