El asesinato de Ismael Solorio junto a su esposa Manuela Solís, viene a ser un clavo más para la sociedad chihuahuense. El gobierno del Estado está obligado a dar una pronta respuesta de justicia, para la familia, para la organización en la que trabajaba y por supuesta, para Chihuahua toda, pues ya se había advertido la creciente violencia a raíz del conflicto con la minera El Cascabel.
Siete días antes del homicidio, Martín Solís, otro de los líderes barzonistas de Ejido Benito Juárez, había señalado con respecto a los hechos donde se enfrentaron a golpes colonos y ejidatarios, que Ismael y su hijo había sido golpeado por diez personas aliadas de la minera El Cascabel.
Que aunque ya estaba tranquilo, lo que había sucedido es que después de que Ismael y su hijo fueron golpeados, los barzonistas se habían organizado y buscaron a los agresores pero fueron agredidos con piedras hasta generalizarse el enfrentamiento.
Hasta ese momento no había mayores consecuencias, dijo Martín, incluso llegaron la policía ministerial y el Ejército; sin embargo, más tarde, en una reunión de carácter ejidal en el salón de actos de la localidad, una persona llegó y con una navaja hirió a otro barzonista, Ernesto Fernández, por fortuna, la herida no fue grave y se le atendió y se le dio de alta pronto.
Dos días después del enfrentamiento es cuando Martín relató éstos hechos. Ese lunes, dijo que ya tenían agendada una reunión con las dependencias del Estado de Chihuahua y las del orden federal para tratar el conflicto derivado de las acciones ilegales de la minera El Cascabel.
También, concluyo la plática con una advertencia: “si no se actúa pronto va a generar más violencia con consecuencias lamentables”.
El mismo Martín, no hacía mucho y cuando ya se veía venir el conflicto con la minera, también había dicho que su mayor temor es que el actuar tanto de autoridades como de la minera, es que llevaran al pueblo de Benito Juárez a enfrentarse “indios con indios”; refiriéndose con esto a que se iba a terminar por confrontar a los pobladores cuando el problema lo generaba la empresa y la negligencia gubernamental.
Así, no se puede nada más que estar de acuerdo en las razones que los activistas esgrimen en cuanto a que la muerte de Ismael y su esposa Manuela Solís es un crimen de Estado.
