De tiempo en tiempo, todas las instituciones y organizaciones cambian sus direcciones. Usualmente estos momentos representan coyunturas para innovar, descartar actividades con malos o insuficientes resultados, así como para desplegar y profundizar aquellas que han demostrado su bondad. A diferencia de otros modelos, en los cuales el rector o rectora, puede permanecer indefinidamente en el cargo, en las universidades mexicanas el funcionario es electo por un período determinado, regularmente un máximo de ocho años. Cada uno de los sistemas instituidos para nombrar o elegir al rector (a), ofrece ventajas e inconvenientes. Cuando se otorga la facultad de nombramiento a una junta de gobierno, como en la UNAM, la UANL y otras, se garantiza un procedimiento sin altibajos, en el cual una pequeña cúpula compuesta por académicos del más alto nivel y antigüedad, selecciona al principal funcionario. Antes, se obliga a los aspirantes a presentar programas y planes de trabajo así como a defenderlos ante los electores. Si éstos conservan su independencia de criterio, si no permiten que se les amedrente, se les soborne o se les presione, sobre todo por instancias del ejecutivo federal o de los estados, el método funciona bien. Sin embargo, no deja de ser paradójico que la principal institución de educación superior del país, en donde se han gestado y actuado varios de los movimientos democratizadores de la vida política nacional, use una forma eleccionaria en la cual no participan ni los profesores y estudiantes y ni siquiera sus representantes. Otro modelo, al contrario de éste, acude a la elección directa, ya sea estableciendo una especie de voto corporativo o estamental, al ponderar los sufragios de los académicos y de los estudiantes o bien, simplemente otorgando un voto para cada uno de ellos, a la manera de los comicios ciudadanos. El elegido goza de una representatividad mayor que en los otros mecanismos, pero experiencias varias de las últimas décadas nos muestran la fragmentación, las pugnas interminables, las compras de votos, las campañas publicitarias ajenas a los programas académicos, entre otras de sus fallas. Otro método es el que confía a los consejos universitarios la elección del rector. Se parece al de la junta de gobierno, pero aquí los electores son representantes estudiantiles y magisteriales. No se libra de la crítica formulada antes: una minúscula minoría decide por todos, en una desproporción tal que puede ser de .001 por cien. La opción propuesta por muchos observadores o actores en estos procesos eleccionarios de las universidades públicas, es afinar un sistema en el cual se salvaguarde la estabilidad institucional y se le combine con una mayor participación de los integrantes de la comunidad universitaria. Se alcanzarían estos propósitos si previo a la elección, los candidatos informan sobre sus programas y planes de trabajo, se reúnen con académicos y estudiantes, debaten entre sí y a su vez los consejeros universitarios participan activamente, no sólo emitiendo su voto, sino formulando preguntas, haciendo propuestas y expresando opiniones.
En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fue electo como rector para el período 2012-18 el licenciado Ricardo Duarte Jáquez, quien difundió una propuesta de trabajo comprensiva de los principales objetivos que a su juicio deben orientar el quehacer de esta institución durante el próximo sexenio. Señaló: “…propongo que adoptemos ocho atributos que deben orientar y caracterizar todas las actividades universitarias, y se conviertan en más de un sentido, en prescripciones que en un nivel general definan el rumbo y dirección de la visión de universidad que queremos”. Tales atributos son: equidad, transparencia, apertura, honestidad, participación, pertinencia, diversidad y calidad. Estas pautas o sendas a seguir en el trabajo de la UACJ, concitan un acuerdo general. Sin embargo, pienso que ninguna de ellas comprende a otro distintivo fundamental: el de la legalidad. Muchos años de aprendizajes y desengaños en las instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, enseñan que uno de los problemas a enfrentar en su desarrollo y manejo es el de la discrecionalidad, arbitrariedad, discriminación o franca violación a la ley en los actos de sus autoridades o incluso de sus profesores. Funcionarios hay que se comportan como si estos organismos fueran de su propiedad. No debemos ser omisos y dejar de lado que el ejercicio del poder, así sea reducido, tiende a sobrepasar las atribuciones del titular o encargado. Estudiantes, profesores y trabajadores administrativos, con frecuencia son víctimas de estos mandos que no encuentran sustento más que en hábitos perniciosos, en la ignorancia de la norma o en la simple prepotencia. A diferencia de la institución privada, la universidad pública se sostiene legalmente por una estructura de reglas de derecho público, sus integrantes gozan de un haz de derechos y obligaciones establecidos, por tanto no pueden ser despojados de ellos por una simple decisión de la autoridad. En congruencia con lo anterior, sugiero que el atributo de la legalidad se sume a los enlistados por el programa de trabajo de la nueva administración.
